La APDH reclamó a Sapag por mapuches

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, la organización reclamó al gobierno provincial la aplicación de la ley nacional 26160, que la gestión provincial y el MPN rechazan por entender que no respeta la soberanía provincial.
Noemí Labrune, dirigente de la APDH, hizo el reclamo junto al dirigente de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel (foto Pepe Delloro-TELAM)

La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH- reclamó al gobierno de Jorge Sapag el cumplimiento de la ley nacional 26160, que establece la realización de un relevamiento de tierras de las comunidades indígenas y la suspensión de órdenes de desalojo en territorios en litigio.

La organización entregó al Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén un estudio de tierras realizado junto con la Universidad Nacional del Comahue para que sirva de base para las demandas que las comunidades mantienen con estancieros de la provincia.

La dirigente de la APDH Noemi Labrune destacó que el informe se da a conocer ante la celebración, este jueves, de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La APDH criticó al gobierno provincial por "su reticencia en cumplir con las disposiciones de la ley 26.160 referida a la demarcación y mensura de los territorios que por mandato constitucional corresponden a las comunidades mapuches".

"Acatar las disposiciones de la ley 26.160 es la única manera de librarse de esa trampa disparadora de una espiral de violencia y que ubica a la provincia en una posición insostenible", aseguró.

El dirigente de la Confederación Mapuche Neuquina Jorge Nahuel afirmó que "el gobierno provincial está en un marco total de ilegalidad al desconocer lo establecido por la ley 26.160".

Señaló que en los últimos meses han sufrido el desalojo violento de comunidades mapuches de tierras en litigio.

Puso como ejemplo lo ocurrido días pasados con la comunidad Paicil-Antreao en cercanías de Villa la Angostura.

Se reiteró que en ese lugar varias familias mapuches fueron desalojadas por la policía y sus "rucas" (viviendas) fueron destruidas en un predio que es reclamado por un empresario que proyecta construir un complejo turístico.

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