“Vemos con preocupación la situación que están viviendo miembros de la comunidad Potae Napocna Navogoh y su líder Félix Díaz, quienes se encuentran imputados en tres causa penales y procesados en dos, por defender su territorio ancestral.

En una les enrostran la comisión del supuesto delito de usurpación y en otra, los supuestos delitos de atentado a la autoridad a mano armada, robo de armas, lesiones graves y leves, pretendiendo –incluso- el fiscal de Clorinda, Arturo Cabral, y no obstante el sobreseimiento que ya habían obtenido en primera instancia, se los procese también por los hechos de la tarde del 23 de noviembre del año 2010, en la que fueron brutalmente reprimidos”.

Agregaron además que: “La última causa por la que fueron recientemente procesados lleva el Nº 742/2011, la cual, según el Informe “DDHH en Argentina” del Centro de Estudios Legales y Sociales del año 2012, fue utilizada, como montaje de apariencia legal para justificar la referida represión. Dicho informe expresa que, resulta tan obvio el armado previo de los sucesos que, en pocas horas, se presentaron más de 200 policías de toda la provincia, algunos de civil, varios a caballo, junto a efectivos de Gendarmería Nacional, en número desproporcionado o excesivo en relación al conflicto de base.

El objetivo del operativo fue en realidad desalojar a los indígenas que se encontraban a la vera de la Ruta 86, quienes resistieron en defensa de su territorio exigiendo una orden de la justifica federal que jamás llegó, culminando trágicamente con la muerte de dos personas, un indígena y un efectivo policial.

En dicho operativo se encontraban presentes el Juez y el Fiscal actuantes, con el agravante de que el Informe sobre los hechos de Gendarmería Nacional refiere que existió una orden expresa por parte del magistrado actuante para incendiar las casas de los indígenas, quien luego se inhibió de intervenir en esta causa”.

Dijeron también que: “Entendemos que este procesamiento forma parte de una estrategia política de amedrentamiento y persecución ejercida contra los líderes y referentes indígenas en el marco de la criminalización de la protesta al legítimo ejercicio de un derecho, en el caso, la defensa de sus territorios. Se advierte con pesar que en estos procedimientos judiciales existe una marcada parcialidad en el accionar de la justicia, puesto que se aceptan como verdad absoluta los testimonios de los mismos policías involucrados en la violenta represión, siendo -sin embargo- desatendidos injustificadamente y descalificados como valor probatorio los testimonios de los mismos indígenas y demás pruebas objetivas presentadas por éstos”.

“Los usurpados son acusados de

usurpadores”

Dijeron también: “Creemos, en consonancia lo planteado en el Informe del CELS, que detrás de los de los procesos de reclamo por la posesión y propiedad comunitaria de la tierra ancestral, la justicia penal despliega su peor arma: activa los procedimientos criminales para perseguir y criminalizar a los referentes de la comunidad de la Primavera. Vemos entonces cómo, los usurpados son acusados de usurpadores, las víctimas pasan a ser acusadas y los victimarios y represores son los testigos de cargo.

En definitiva la falta de implementación del derecho a la delimitación integral de su territorio y a la titularización del mismo ha generado las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad qom, que continúa siendo víctima de actos de hostigamiento y enfrenta grandes obstáculos para que sus denuncias se realicen y sean gestionadas por las instituciones, (de hecho no hay en la actualidad ningún policía o funcionario imputado por los delitos cometidos en ocasión de la represión del 23/11/2010)”.

Finalmente agregaron: “Como organismo de DDHH confiamos, al tiempo que exigimos, que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales, que aseguren el acceso legítimo y efectivo a la justicia de manera igualitaria para las demandas de los pueblos originarios, de manera de acabar con prácticas que contradicen expresamente la identidad multiétnica y pluricultural proclamada en el Preámbulo de nuestra Constitución Provincial”.