La APDH insta al gobierno a sumarse al censo de tierras

Entregan investigación al Observatorio de los Pueblos Indígenas
NEUQUÉN (AN).- La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén entregó ayer al Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas el resultado de una investigación realizada por docentes de la Universidad Nacional del Comahue, denominada "Defensa y Reivindicación de las Tierras Indígenas".

Desde la APDH, Noemí Labrune, planteó que es una fuente de donde "se pueden tomar valiosa información" para la resolución de los conflictos en las tierras provinciales, entre las comunidades indígenas y los particulares que reclaman esas parcelas de tierra como propias.

Labrune explicó que el texto es el fruto de 14 años de trabajo. Hubo resultados preliminares y versiones preliminares que formaron parte de unas 800 impresiones que distribuidas en bibliotecas locales y de universidades de todo el país.

El convenio que originó el estudio, firmado también por el obispo Jaime De Nevares, incluyó el testimonio de referentes de unas 39 comunidades. "Recoge aspectos geográficos e históricos. Desde este punto de vista, plantea un testimonio valioso a tener en cuenta para determinar el origen de las presencia de los mapuches en las tierras", dijo Labrune, a este diario ayer.

La APDH además emitió un documento donde fija su postura sobre cómo debería dirimirse el conflicto, uno de los más notorios de la provincia y que ya incluye el antecedente de dos desalojos de comunidades a partir de pedidos de la Justicia provincial. En el documento, denuncia la "reticencia del Poder Ejecutivo Provincial" de "cumplimentar las disposiciones de la ley nacional 26.160, referida a la demarcación y mensura de los territorios que por mandato constitucional corresponden a la comunidades mapuches" y que "ha exacerbado situaciones de flagrante injusticia , multiplicando conflictos de raíz histórica". El organismo cree que el cumplimiento del citado marco normativo constituye la única forma de evitar una "trampa, disparadora de una espiral de violencia, y que ubica a la provincia en una posición insostenible, tanto desde el punto de vista de principios hoy universalmente reconocidos como de las demandas judiciales".

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