Apartaron a Salvatori Reviriego de dos causas

En sus votos, los ministros de la Corte hicieron constar los graves problemas existentes en el fuero Civil y Comercial de Bahía Blanca.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a un recurso extraordinario interpuesto por un abogado que pedía la recusación del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Gustavo Jorge Salvatori Reviriego, en causas en las que el magistrado tenía intervención y el letrado se desempeña como apoderado de las partes.

De acuerdo con el fallo, al que tuvo acceso "La Nueva Provincia" , el alto tribunal resolvió el apartamiento de Salvatori Reviriego por unanimidad, aunque con diversos fundamentos.

Los ministros de la Corte bonaerense, en acuerdo ordinario, se reunieron para pronunciar sentencia definitiva en la causa 92.349, "Chimondegui, Juan Carlos contra Pucará SA Nulidad de asamblea" y en la 95.173, "Pinnel, José, Esteban, sucesión ab intestato".

El máximo tribunal resolvió rechazar el recurso extraordinario de nulidad y, por mayoría de fundamentos, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocando la sentencia impugnada y admitió la recusación planteada por el recurrente, decretándose el apartamiento del juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Previamente, la sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca había rechazado la recusación propuesta por el letrado Héctor Diego Furlong, apoderado de la parte demandada.

Lo notable es que varios de los ministros de la Corte reconocieron en sus considerandos la existencia de un conflicto generalizado en el fuero Civil y Comercial de Bahía Blanca, con aristas graves y de conocimiento público.

Los fundamentos. En la causa "Chimondegui...". el voto del ministro Juan Carlos Hitters, con adhesión del presidente de la Suprema Corte, Luis Esteban Genoud, consigna, primeramente, que el interrogante formulado con carácter previo al acogimiento del reclamo en cuestión, "es si el abogado que presenta el recurso puede recusar o sólo las partes (actora y demandada) tienen la facultad de hacerlo".

El doctor Hitters entendió que el Código es claro, al señalar que son "las partes" las que pueden requerir el apartamiento de los judicantes de la causa. Por ello, cabe excluir a los letrados entre los legitimados para promover por derecho propio el incidente respectivo.

"Sin embargo, pese a que lo dicho hasta aquí llevaría al rechazo de la recusación propuesta, no desconozco que el suscitado en el fuero de Bahía Blanca es un asunto grave, en el que están involucrados aspectos delicados que atañen directamente al prestigio del servicio de justicia", fundamentó el ministro.

Hitters agregó que "el cruce de denuncias y acusaciones entre los protagonistas de esta incidencia y de dicho altercado incluye actuaciones penales y la promoción de un sumario disciplinario ante este tribunal, transformado luego en jury de enjuiciamiento contra el doctor Salvatori Reviriego.

"Corresponde, entonces, acoger el recurso deducido y decretar el apartamiento del señor juez de la Cámara de Apelación interviniente, doctor Salvatori Reviriego", puntualizó.

El doctor Daniel Fernando Soria, con adhesión de su par doctor Eduardo Julio Pettigiani, indicó que el letrado Héctor Diego Furlong, dice actuar "por su propio derecho".

"Mas no es menos cierto que, en el desarrollo de los fundamentos de tal presentación, se ocupa de precisar que la situación planteada entre el abogado y el magistrado exterioriza una "animadversión del juez para con [su] persona, que (aun sin razón) lo obnubila para poder mantener la objetividad en la resolución de causas judiciales en las que participa en [su] accionar profesional diario", destacando cómo tales circunstancias afectan los intereses de la sociedad demandada a quien representa", consideró.

En este sentido, puntualizó que la falta de serenidad que es de presumir por parte del magistrado "podría conllevar una afectación a los legítimos derechos de su mandante, y la duda al respecto torna imprescindible el apartamiento del juez cuestionado, en homenaje a la transparencia e inobjetabilidad que merece la administración de justicia para con los justiciables".

Seguidamente, Soria anotó:

"A su vez, decidida negativamente la recusación pretendida (por la Cámara), ha sido la parte demandada, representada por el doctor Furlong, quien interpone el recurso extraordinario bajo estudio, evidenciando su interés directo en el resultado de la presente incidencia, mediante la cual persigue garantizar la imparcialidad del señor juez de Cámara.

"En este contexto, corresponde reputar que la recusación impetrada en autos lo ha sido también por la parte demandada y, por tanto, legitimada al efecto en los términos del artículo 18 del Código Procesal Civil y Comercial.

"Por otra parte, en lo que atañe a la alegada infracción al art. 17 inciso 5º del ordenamiento procesal, estimo que, en casos excepcionales como el aquí planteado, en donde no se observa que la parte haya recurrido a los servicios de un letrado a fin de lograr modificar la integración del tribunal y en tanto la causal invocada se sustenta en la denuncia que el magistrado formulara contra el letrado que ya se encontraba interviniendo en el expediente, corresponde admitir la excusación planteada".

Por último, el ministro Eduardo Néstor de Lazzari, con la adhesión de la doctora Hilda Kogan, dijo que el conflicto suscitado en el fuero civil del departamento judicial Bahía Blanca, "caracterizado por la existencia de gravísimas acusaciones y denuncias, sustanciadas en el ámbito civil, penal y de enjuiciamiento de magistrados, que involucran al señor juez de la Cámara doctor Salvatori Reviriego y a diversos profesionales del foro, entre los que se encuentra el recusante de autos, posee real entidad.

"En tales condiciones, el caso queda instalado en un contexto de seria y fundada sospecha de parcialidad --tal como indicara su colega, el doctor Hitters, en su voto, y a lo que adhiriera expresamente en el acápite precedente--. Y con ello queda inserto en un marco constitucional y supranacional que desplaza el examen rutinario o corriente del instituto recusatorio a la exclusiva luz del ordenamiento adjetivo.

"Con lo cual se torna innecesario un debate sobre la restrictividad o flexibilidad de determinadas causales enunciadas en el artículo 17 del código procesal en orden a su aplicación o inaplicación, cuando el recusante es el letrado y no la parte. Los artículos 18, 31 y 33 de la Constitución nacional; 15 de la provincial y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así lo imponen", dijo De Lazzari.

Comentá la nota