Anuncios con un telón de fondo: pobreza y exclusión apremiantes

Por: Alcadio Oña

Jamás se lo admitirá y menos en su dimensión, pero el plan anunciado ayer por Cristina Kirchner tiene oculto el sello de la pobreza y la exclusión social. Y arrancar por el conurbano bonaerense remite a una inquietud recurrente en conciliábulos de intendentes: allí el panorama va de malo para explosivo.

Del mensaje presidencial surge otra cosa, también evidente y tampoco aceptada por el Gobierno. Que durante los años de crecimiento a tasas de entre el 8 y el 9 %, la economía ni por asomo derramó riqueza parejo. O peor: que ahora, en plena recesión, la pérdida del trabajo y la pobreza están a la orden del día en los sectores más vulnerables.

"Alta vulnerabilidad social", fueron palabras que ayer usó la Presidenta al anunciar su plan de empleo. Grandilocuentes, vistas las estadísticas del INDEC intervenido por Guillermo Moreno. Según los números del organismo que todo el Gobierno defiende a ultranza, la pobreza y el desempleo dan siempre para abajo y la economía casi no ha parado de crecer.

Datos de SEL Consultores, hechos en base a una encuesta propia y a los costos de una canasta de consumos básicos que naturalmente no es la del INDEC, revelan un cuadro social muy diferente al que pintan las cifras oficiales. Y permiten trazar un recorrido que se pone cada vez más caliente a poco que uno se aleje de la Capital Federal.

En la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza es del 13,9 %. En todo el GBA, del 36,8 %. Y salta al 49 % en lo que se conoce como el GBA 4: el conurbano más profundo.

El GBA 4 es otro mundo, un mundo para muchos desconocido. No desde luego para las 3 millones de personas que viven, entre otros, en lugares como Merlo, Moreno, José C. Paz, Malvinas Argentinas y La Matanza.

En esa zona hay cerca de un millón y medio de habitantes en situación de pobreza, cuyos ingresos no les alcanzan para cubrir una canasta básica de alimentos, salud, educación, ropa y transporte. Acá cerca y en las peores condiciones.

Para que se tenga una idea más clara, equivalen a la mitad de los pobladores de la Capital. A todos los habitantes de Mendoza o de Entre Ríos. Son ocho veces más que los de Santa Cruz.

Allí la pobreza y la exclusión social, si se quiere la marginalidad, han adquirido caracter estructural. Hijos pobres de padres pobres. Hijos desocupados de padres desocupados. Indigentes sobre indigentes. Nada, al fin, que pueda remediarse con la minidosis que anunció ayer la Presidenta, por lo demás imprecisa y vaga, como sacada de apuro.

Hay un factor determinante en la exclusión social: el trabajo en negro, precario o, en lenguaje técnico, la informalidad laboral. Una radiografía de SEL Consultores señala, entre otros puntos:

Ese ejército de unas cinco millones de personas representa más de un tercio de toda la fuerza laboral del país. Está en los márgenes o al otro lado de la frontera del sistema social.

El 75 % de todos ellos no cobra vacaciones, ni aguinaldo, ni días por enfermedad.

También carece de cobertura para jubilación, salud y accidentes de trabajo.

El Gobierno ni siquiera ha considerado la posibilidad de darles seguro por desempleo, a pesar de que desde hace tiempo duerme en el Congreso un proyecto auspiciado por la CGT amiga.

Y eso que la gran mayoría no llega a cumplir un año en su trabajo. O que en esa franja la tasa de desocupación es casi cuatro veces más alta que en el sistema formal. Son los primeros en ser despedidos: siempre, y mucho más en situaciones como la actual.

El 54 % está debajo de la línea de pobreza: son pobres, sin vueltas. Y casi el 20 % no tiene ni para cubrir necesidades elementales, las más básicas, como alimentarse con las proteínas imprescindibles.

Obviamente, ni hablar de acceder a un crédito. Y si no tienen otra alternativa que acudir a una cueva, deben pagar tasas usurarias y a plazos cortísimos.

Desde luego no cuelan en ninguna paritaria. Según un documento de la Unión Industrial, los aumentos salariales de convenio sólo alcanzan al 27 % de los ocupados. Dice más: que, como es evidente, esas subas "no han resultado eficaces para mejorar sustancialmente la distribución del ingreso, agudizando la diferencia entre trabajadores calificados y no calificados" (los de empleos precarios).

Con semejante cuadro y por mucha buena voluntad que se ponga, los anuncios de ayer apenas suenan a paliativo de circunstancia. O, en un punto, a desconocimiento de una realidad que un bonaerense como Aníbal Fernández no debiera ignorar.

Nadie puede negar que en los primeros años el kirchnerismo logró reducir la pobreza y el desempleo y mejorar los salarios. Pero según la mayoría de los estudios privados, parte de eso empezó a cortarse a finales de 2006. Y fue tapado por las estadísticas del INDEC.

Se sabe, este es un Gobierno que actúa a espasmos, caracterizado por un considerable déficit de gestión. Sacó planes para autos, electrodomésticos o bicicletas, por lo general para sectores medios y con resultados conocidos.

Promovió durante siete años un sistema tarifario que benefició sobre todo a quienes más tenían. Sólo allí gastó, en promedio, unos 4.000 millones de pesos anuales. Alrededor de 2.400 millones para provecho de la clase media. La solución que le encontró a semejante berengenal está en los diarios de estos días.

Un punto de los anuncios de ayer, que la Presidenta se ocupó de resaltar, es que el plan será auditado por la Universidad Tecnológica Nacional. Por aquello, dijo, de que "el hombre es bueno, pero cuando se lo monitorea es mejor".

La traducción sería que no habrá clientelismo político ni corrupción. Como corresponde. Pero la pregunta que sigue cae sola: ¿y hasta ahora qué?

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