Anuncios para la clase media en Olivos

Por Maximiliano Montenegro.

Todo el arco político aplaudió la eliminación de la tablita, que beneficia al 5% de los trabajadores formales. Las medidas anticrisis apuntaron a alentar el consumo de la clase media. Pero puede haber sorpresas.

La eliminación de la tablita de Machinea fue aplaudida por todo el arco de la dirigencia política. De Hugo Moyano a Luis Barrionuevo. Del PRO a la Coalición Cívica.

Sin embargo, es una medida que beneficia a un selecto grupo de trabajadores. Aquéllos con sueldos de bolsillo superiores a los $7.000 mensuales. Son apenas 330.000 trabajadores. El 5% del universo de 7 millones de asalariados en blanco. Si se considera, además, a los 4,5 millones de trabajadores en negro, el porcentaje sobre el universo asalariado total es todavía menor: sólo el 3 por ciento.

“Un instrumento absolutamente regresivo va a quedar en el olvido”, dijo Cristina Fernández al sorprender con el anuncio. En realidad, la tablita, aunque mal diseñada, se basa en un concepto de progresividad tributaria: pagan más impuestos los que más ganan.

Un paréntesis sólo para la Presidenta: la tabla establece a partir de los $7.000 mensuales una escala según niveles salariales que limita la aplicación de deducciones al impuesto a las Ganancias y por lo tanto acrecienta la carga del tributo a medida que se elevan los rangos salariales. Más aún, los más favorecidos serán aquellos con ingresos superiores a los $17.000 mensuales que hasta hoy no pueden imputar ninguna deducción al impuesto y en el futuro podrán aplicar todos los descuentos, como sucede hoy con los que perciben menos de 7.000 pesos. En cambio, un impuesto regresivo es el IVA: tributan por igual la alícuota del 21% Valeria Mazza o el indigente cada vez que compran algo.

Sí es cierto, como dijo la Presidenta, que con su eliminación “se deja de gravar a los sectores asalariados frente a los dueños del capital”, que –habría que agregar– el Gobierno beneficia con otro proyecto de ley: el blanqueo de capitales para evasores con fondos en el exterior.

También es cierto que la tablita fue “tristemente célebre” porque el ex ministro José Luis Machinea, a poco de llegar la Alianza al poder, en un contexto donde la economía se encaminaba a una recesión, se aferró al salvavidas de plomo de la receta ortodoxa: decidió elevar la carga tributaria sobre la clase media alta, motor del consumo de aquellos tiempos, presionado por el Fondo Monetario que reclamaba ajuste fiscal. A esa política le siguió la rebaja de sueldos públicos y jubilaciones, lo que aceleró el paso de la economía hacia una profunda depresión.

Como sea, hasta hace unos días no estaba en los planes oficiales suprimir la tablita sino moderarla, tal como anticipó el titular de la AFIP, Claudio Moroni.

“¿Cambiará la tablita de Machinea?”, le preguntaron al jefe de la AFIP en una entrevista concedida a Página/12 el domingo 30 de noviembre. “Es un tema que requiere un ajuste. Eso no quiere decir abandonar el criterio de progresividad. La tablita tiene un problema de diseño, no de concepto. No es que quiera defender a Machinea, pero no tomaría la tablita como una mala palabra, porque el criterio de progresividad que estableció es adecuado”, respondió Moroni.

La mera modificación que proponía el Gobierno fue rechazada, en público y en privado, por Moyano. El líder de la CGT transmitió al matrimonio presidencial que una respuesta favorable al pedido de derogación fortalecería su posición dentro de la central sindical, en tiempos en que se multiplican los conflictos por despidos y suspensiones. Camioneros, petroleros y operarios de la industria automotriz son, entre otros, gremios que cuentan con una buena porción de afiliados con ingresos alcanzados por la tablita.

El jueves Moyano estuvo en Olivos. Dialogó con Cristina, con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y con gobernadores preocupados por la suerte de un impuesto coparticipado justo cuando las arcas empiezan a flaquear.

Según cálculos oficiales, en 2009, por la eliminación de la tablita, el Estado dejará de recaudar 1.340 millones de pesos. Néstor Kirchner sólo dio el "ok" al recorte impositivo cuando se cercioró de que las cuentas fiscales no sentirán el impacto. Además de los $15.000 millones que la ANSES recaudará el año próximo en aportes previsionales que antes iban a las AFJP, el Gobierno contará este año con flujo extraordinario de recursos en el mes de diciembre, que no había sido presupuestado. Se trata de 2.700 millones de pesos, entre los aportes previsionales de las AFJP de noviembre (1.000 millones) y un remanente de recursos no distribuidos del sistema privado de jubilación (1.700 millones) que ingresó en los últimos días. ¿Con ese margen de ingresos adicionales se anunciará una suma fija de fin de año para los jubilados?

CONTRACÍCLICA. Cristina destacó que la medida es “contracíclica”, porque es una política fiscal expansiva cuando soplan vientos de recesión. Al liberar más de 1.300 millones al bosillo de los asalarios de mayores ingresos, se espera que esos fondos se vuelquen al consumo en una economía que muestra señales de enfriamiento.

Si bien esto indica la teoría, se abren algunos interrogantes. Si se considera que son trabajadores con ingresos netos promedio de entre 8.000 y 10.000 pesos, existe el riesgo de que el dinero excedente lo ahorren en lugar de gastarlo. Es la costumbre de los sectores con capacidad de ahorro en tiempos de crisis. Y en la Argentina, además, el peligro es que esos ahorros se dolaricen.

Paul Krugman explica así el fracaso de la “devolución de impuestos” realizada por la administración Bush a principios de este año. En febrero, el Congreso norteamericano aprobó un plan de estímulo fiscal. Entre otras medidas, se enviaron cheques en concepto de “reembolso de impuestos” a más de 100 millones de personas. A quienes ganaban hasta U$S75 mil al año se les giró un cheque de 600 dólares y parejas con ingresos de hasta U$S150 mil recibieron 1.200 dólares. ¿Qué ocurrió? Ahorraron la mayor parte. Sólo gastaron U$S2 de cada U$S10. Para Krugman, el error fue que el grueso de los cheques se envió a familias de clase media acomodada (el tercer quintil de la distribución de ingresos) que habían presentado su declaración de impuestos en 2007, en lugar de entregárselos a familias carenciadas sin capacidad de ahorro a través de “estampillas de comida”, clásicas de políticas keynesianas en el pasado en Estados Unidos.

Hasta ahora, todas las políticas anunciadas por Cristina apuntaron a un sector acotado del universo laboral: la cúpula del 20% de trabajadores formales del sector privado. Sucedió con el plan de venta de automóviles, con financiamiento “barato”, que apunta a un público con un ingreso familiar mínimo de $5.000 mensuales. O con los préstamos para turismo: para acceder es requisito cobrar un sueldo a través de una tarjeta de débito. Por otro lado, están el blanqueo de capitales para compañías y particulares y las generosas facilidades de pago que supone la moratoria impositiva para empresas grandes y pequeñas por igual.

El lunes se verá si se avanza también en otra dirección. En el Gobierno dicen que el plan de obras públicas, que detallará la Presidenta ese día, buscará motorizar el empleo entre los sectores más postergados.

Mientras tanto, el matrimonio presidencial solicitó al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, un informe para evaluar si hay margen para otorgar una suma fija a 5 millones de jubilados antes del aumento previsto por la Ley de Movilidad de Haberes en marzo. También dependerá de esos números que se efectúe una recomposición para los empleados públicos.

Un aumento de jubilaciones o de planes sociales para los sectores más pobres sería lógico por cuestiones de equidad, como sostiene Artemio López, quien detectó que la inflación de alimentos sigue firme en el 25% anual. Pero también como política contracíclica. Son sectores que destinarían todo ingreso adicional al consumo.

Hasta ahora, con una catarata de anuncios, el Gobierno recuperó la iniciativa política frente a una oposición desorientada. Roberto Lavagna propuso bajar 3 puntos el IVA y Alfonso Prat Gay 2 puntos y volver al FMI. Cada punto de IVA representa unos $3.500 millones. En un país con mercados oligopólicos, lo más probable es que esa rebaja sea embolsada por los empresarios antes que percibida por los consumidores: ¿quién va a controlar un 1 o 2% de rebaja en los precios en una economía inflacionaria?

Más allá de que la oposición no brille con sus propuestas, la crisis avanza en la economía real. Y, por ahora, los anuncios oficiales siembran más dudas que certezas.

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