La sala de Casación bonaerense podría determinar en las próximas horas que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador bonaerense. El dictamen del fiscal Carlos Altuve sería clave. Detalles de un proceso plagado de irregularidades

El fiscal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, definirá en las próximas horas, al parecer entre hoy o mañana, si dictamina la nulidad de la causa de enriquecimiento ilícito del exgobernador Daniel Scioli, quien en octubre pasado fue sobreseído en un polémico proceso exprés.

El abogado Marcelo Peña fue el que interpuso un recurso ante Casación bonaerense para que se revea la investigación por las irregularidades que detectó y los integrantes de la Sala I de esa instancia trasladaron la causa al fiscal Altuve.  

Un vocero judicial explicó que “bajo la lectura y la comprensión del texto de la sentencia y de cómo fue llevada esta investigación, Altuve podría a llegar a razonar que esta instrucción tiene falencias, omisiones y descuidos muy importantes como por ejemplo que el fiscal Jorge Paolini no haya apelado el cierre de la pesquisa”.

En el caso de que Altuve peticione la nulidad del proceso y ratifique el pedido del letrado Peña, la Sala I de Casación podría solicitar que todo vuelva a fojas cero y la investigación de enriquecimiento ilícito de Scioli comenzará de nuevo en otra UFI, no en la de Delitos Complejos de Jorge Paolini.

Según explicó la misma fuente, después del dictamen de Altuve, si ratifica la nulidad, le darán traslado a Peña, y en una audiencia oral tendrá que exponer los motivos por los cuales el proceso tiene que ser trunco.

Con esos fundamentos, los jueces de la Sala I pasarán a resolver si retrotraen la causa a fojas cero, y si es así Scioli tendrá que presentarse de nuevo en otra fiscalía para presentar todo como corresponde y en caso de que no pueda cerrar su balance quedará firme la conducta ilegal de enriquecimiento ilícito.

Un exponencial crecimiento económico

Como se recordará, a fines de octubre pasado, a pocos días de las elecciones, el juez de Garantías platense Pablo Raele y el fiscal Paolini decidieron sobreseer de la causa por enriquecimiento ilícito al excandidato a presidente del Frente para la Victoria, a pesar de que en menos de una década, el exgobernador Scioli se enriqueció a la velocidad de la luz: de declarar un patrimonio negativo de $ 45.273 en 2005, pasó a informar $ 13,6 millones en 2014, en lo que fue la primera declaración jurada que difundió en ocho años de gestión.

Sin embargo, sin ordenar un peritaje contable, ni una valuación de los bienes, ni convocar a Karina Rabolini, ni a su hija Lorena, ni analizar a su entorno o la verdad material de sus declaraciones juradas, la Justicia ordinaria lo dejó libre de culpa y cargo. Ya en febrero pasado, Hoy había adelantado sobre la inminencia de este posible revés judicial para Scioli y el propio Peña le dijo a nuestro diario que “la denuncia no fue bien investigada, se mantuvo oculta y para colmo en el resolutorio se incluyeron períodos fiscales que no se condicen con lo que estaba contemplado en la demanda. Están dados todos los elementos para reabrir la causa”.

Números que no cierran

Los valores de los bienes del exgobernador Daniel Scioli no cerraban por ningún lado: por ejemplo, consignó una lancha de 1200 pesos, un auto del 1998 y una propiedad (Villa La Ñata, en Tigre) que debería costar no menos de 10 millones de dólares pero apareció como valuada en menos de 2,5 millones de pesos.  

El trámite de la causa generó todo tipo de sospechas: por ejemplo, el fiscal Jorge Paolini decidió no cumplir con la obligación de apelar la decisión del juez. Además, en los Tribunales era un secreto a voces que en la resolución del juez y del fiscal habrían influido las operaciones del entonces ministro de Justicia, Ricardo Casal.

Un expediente con fuerte impacto político

Enterado del sobreseimiento de Daniel Scioli por enriquecimiento ilícito, el abogado particular Marcelo Peña pidió acceder a la investigación por considerar que no se había completado una verdadera investigación.

El juez Pablo Raele rechazó la petición del letrado, tras considerar que carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, pero Peña apeló ante la Cámara. Recayó en la Sala IV, donde ya hubo un primer movimiento: uno de los camaristas, Carlos Ocampo, se excusó de intervenir por ser el suegro de Raele.

El expediente, sin embargo, salió de la esfera controlada por el magistrado de primera instancia, y ahora se encuentra en la Sala I de Casación, donde deben definir si convalidan la decisión de Raele o anulan esa decisión.