La ley antisiembra enterriana choca con intereses y su destino es incierto

Victoria.— Pese a tener un pedido de tratamiento urgente y preferencial, con o sin despacho de comisión, el proyecto de ley por el cual se prohíbe la siembra y fumigación en las islas entrerrianas no prosperó en la Cámara de Senadores por falta de consenso. Varios legisladores objetan que la norma perjudicaría a zonas del delta del Paraná donde históricamente se practica la agricultura, por lo que pretenden exceptuarlas de su aplicación o al menos restringir la actividad.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara baja, fue presentada en 2004 por el diputado victoriense Carlos Almada y cobró interés en la Legislatura a raíz del polémico caso de la construcción de terraplenes, siembra y fumigación de unas 10 mil hectáreas de islas del ejido de Victoria, entre el río Paraná y los arroyos Los Laureles y Estévez, frente a Villa Constitución.

   No es la primera vez que el proyecto no prospera en Senadores: en su antepenúltima sesión, hace unos 20 días, se inició el debate pero retornó a Comisión de Producción tras una serie de objeciones del legislador de Islas del Ibicuy, Eduardo Melchiori. También se acordó el tratamiento urgente y preferencial en quince días, más allá de que se emitiera o no un despacho.

Modificaciones. En aquella oportunidad, Melchiori argumentó que si se aprueba el texto original de la iniciativa, se perjudicaría seriamente a la zona que representa, ya que la mayoría de las Islas del Ibicuy son propiedad de particulares y desde tiempos inmemoriales allí se practica todo tipo de producción. La observación del legislador fue acompañada por pares de los departamentos La Paz, Diamante, Paraná y Gualeguay, en cuyas islas la situación es similar.

   El tema se debatió en comisión, pero al no haber acuerdo se mantendrá en este ámbito hasta que se definan las modificaciones que se pretende introducir al articulado, como la excepción de su aplicación en ciertos lugares o al menos la restricción de la agricultura.

   Incluso trascendió que se estaría elaborando una nueva norma sustancialmente diferente a la original.

   Todo indica que el tratamiento de este proyecto se dilatará indefinidamente, y más aún teniendo en cuenta que el texto modificado (o el nuevo) deberá retornar a la Cámara baja para su nueva aprobación o rechazo.

La situación indignó al autor de la norma, quien adelantó que no se quedará de brazos cruzados y convocará a organizaciones ambientalistas para hacer conocer la realidad del humedal.

Comisión. Mientras tanto, y para compensar de alguna manera estas dilaciones, el senador victoriense Carlos Garbelino presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo provincial conforme en forma urgente una comisión para monitorear qué trabajos se hacen en las islas de Victoria. El organismo estaría integrado por representantes de la Secretaría de la Producción, la Dirección de Hidráulica y la Secretaría de Medio Ambiente.

   El legislador explicó que la medida apunta a "analizar qué tipos de laboreos se hacen y que puedan llegar a generar inconvenientes en nuestros humedales".

   Sea cual fuera el resultado final de estas idas y venidas, quedó claro que la conexión vial entre Rosario y Victoria puso en la vidriera a un humedal donde poco se sabía antes qué ocurría.

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