La medida plantea, entre otras cuestiones, que quienes decidan realizar manifestaciones en la vía pública deberán notificar con 48 horas de antelación, indicar el lugar en que se llevará a cabo, el tiempo estimado, el objeto de la manifestación y el delegado.

Según explicó Leyría, los manifestantes deberán notificar la medida ante cualquier dependencia policial, esperar que la policía otorgue una constancia de recepción y avise a las autoridades, que designarán un mediador que intentará resolver el conflicto para evitar el corte.

Al respecto, el docente universitario y referente del Partido Obrero misionero, Mario Coutoune opinó que el proyecto no busca limitar el corte de ruta, sino anular la protesta. En ese sentido, expresó: “si me notifican dentro de un mes, yo protestaré en un mes ¿y mientras tanto? Además, queda sin sentido la medida y tiene que venir un mediador para evitar un corte de ruta. En realidad, esto no pretende regular nada, sino anular el derecho al reclamo”.

“Es un Gobierno que no se propone solucionar ningún problema a la población. Nadie va a un corte de ruta, un corte de calle o una manifestación porque no tiene nada que hacer y como se aburrió, fue a quemarse la cabeza en el asfalto o a pasar frío. Una manifestación es una expresión y una necesidad de un sector de la población, que hay que resolver. El Gobierno, con esto, confiesa que no está dispuesto a resolver ningún problema de la población”, alarmó el referente del Partido Obrero.

Coutoune destacó que este proyecto viene de la cabeza del Gobierno, “porque Leyría fue funcionaria muy cercana al Poder Ejecutivo Provincial. También se lo debe tener junto al proyecto de Leyría de liquidación del derecho a huelga de los docentes. Es decir, estamos ante una ofensiva-represiva del Gobierno por vía legal. Lo único que le falta a esto para completar la política del Gobierno es que hagan un protestódromo, así como el sambódromo y de paso muerden con la obra pública, como lo vienen haciendo”, burló el integrante del Partido Obrero.

Irónicamente, la Diputada renovadora justificó su proyecto asegurando que “las manifestaciones públicas son una instancia esencial de la democracia. Pero el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos y para ello, debe establecer una regulación que permita su efectiva aplicación del derecho a manifestarse”.

 

Críticas desde la oposición de la Cámara de Diputados

Germán Bordón, diputado provincial por la Unión Cívica Radical (UCR) anticipó que seguramente el proyecto generará debate en la Cámara de Diputados, “porque toda aquella cuestión que venga a pretender limitar un derecho constitucional -que es el que establece nuestra Constitución en el Artículo 11-, va a tener que ser estudiado con mucho detenimiento a ver qué se pretende con esto y si no es inconstitucional”.

En ese sentido, enmarcó que el Artículo 11 de la Constitución Provincial dice que no hay que solicitar un aviso previo, sólo cuando las protestas son en lugares públicos. “Por lo general estas marchas están preavisadas, y lamentablemente desde el Ejecutivo no se atiende el reclamo”, recordó el Diputado y agregó que ya existen normas que reglamentan estas acciones en el Código penal, y que inclusive imponen una pena.

Luego, dijo que “más allá de lo que uno opine de este tipo de protestas, el Código penal establece una pena a quienes entorpecen el tránsito y el funcionamiento de los transportes”.

 

“Creo que yo que establecer una reglamentación a un derecho constitucional, como es el de reunirse y peticionar ante las autoridades, tiene que tener lo que se llama en Derecho Constitucional el principio de razonabilidad: que la reglamentación no limite de tal forma el derecho”, adelantó Bordón.

 

Ante este panorama, agregó que “lo paradójico” es que el proyecto “habla de un sistema gradual de actuación de las fuerzas de seguridad para lograr el objetivo de desactivar la protesta. Pero la protesta, por lo general, es el último paso de una serie de reclamos que realizan los ciudadanos hacia el Gobierno; y que la mayoría de las veces se produce porque el Gobierno ni los atiende”.

Finalmente, opinó el Diputado que “hay que tener mucho cuidado a la hora de reglamentarlas estas cuestiones, porque se podría estar cercenando directamente el derecho a protestar; y me parece que eso no puede ser así. Si esa es la intencionalidad, yo no acompañaría el proyecto”.