Anticorrupción: La UCR denuncio al gobierno de Das Neves por el manejo de fondos del IPV

El bloque de diputados de l a UCR de la provincia de Chubut denuncio en la oficina anticorrupción al gobierno de Mario Das Neves por el otorgamiento de "subsidios no reintegrables" a funcionarios provinciales ligados a su gestion y de numerosos empleados del IPVyDU accedieron a estos subsidios, así como personal del Ministerio de Educación, Secretarias privadas de funcionarios, (entre ellas del señor Pablo Das Neves) y personal de la Subsecretaría de Infraestructura y Planeamiento.
Aqui la denuncia completa

FORMULAN DENUNCIA

Sr. Fiscal Anticorrupción:

Raso Marta (DNI. 10.800.627), Risso Roberto Carlos (DNI.10.868.759), Carlos Díaz (DNI. 21.556.337), y Lorenzo Carlos (DNI.12.568.788), todos Diputados Provinciales por la U.C.R., constituyendo domicilio en la sede del Bloque de Diputados Provinciales de la U.C.R . sito en ex Hotel Provincial de la Ciudad de Rawson, ante el Señor Fiscal decimos:

OBJETO

Que venimos en tiempo y forma a formular denuncia a efectos que esa Fiscalía investigue y determine la violación a normas administrativas y penales que mas adelante se enuncia, conforme las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

HECHOS:

a).-Con fecha 16 de marzo de 2009 el Sr. Gobernador de la Provincia de Chubut suscribe el Dto 282/09 por el que se crea "El Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción", estableciendo la duración del referido programa, en seis meses prorrogables por igual plazo.

El fin del programa fue EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, en el marco de la crisis económica que afecta la región. Aquí corresponde aclarar, que se refiere a las consecuencias de la crisis que sufre el trabajador de la construcción, conforme se expresa en los considerandos del mismo decreto, que al referirse a la creación de un fondo anticíclico expresa, que se integra por el cinco por mil (5/ooo)del total del certificado de la obra pública, para solventar las acciones tendientes a paliar la situación de desocupación del sector de la construcción, incluidas algunas obras de mano de obra intensiva si fuera necesario, siendo responsable de su ejecución el Ministerio de Economía y Crédito Publico.

Mas adelante agregaremos más antecedentes para demostrar, que el fin de estos fondos, siempre fueron paliar la desocupación, nunca beneficiar a los propietarios o ejecutores de alguna obra privada.

Tanto es así que el mismo Decreto expresa mas adelante en sus considerandos: " que la descripta situación en que se encuentra el sector de la construcción, conforma un caso de extraordinaria y grave necesidad que torna urgente, impostergable e imprescindible la adopción de la referida medida programática exceptuando de seguir los tramites ordinarios previstos en la Constitución Provincial para la sanción de la leyes y determina al poder ejecutivo su adopción en la facultad que le otorga su art. 156.

Posteriormente la Legislatura con fecha 19 de marzo de 2009 sanciona la Ley I Nº 394, que no hace otra cosa que convertir en ley el texto del Poder Ejecutivo antes mencionado.

Aquí adquiere relevancia la fundamentación que hace el Diputado Justicialista Balochi , en que entre otras cosas sostiene:"…es en estos momentos donde el Estado Provincial considera indispensable y prioritario acudir, precisamente, en ayuda de quienes por factores totalmente ajenos, se ven afectados en su real capacidad ocupacional, teniendo presente también que el trabajo Sr. Presidente, es un factor de promoción individual, familiar y social, y que precisamente debe tenerse presente la manda constitucional que establece la obligación del Estado de generar políticas publicas destinadas, precisamente, AL SECTOR DE LOS TRABAJADORES…."

El art. 4º de la Ley I Nº394/09 claramente expresa" intégrese al programa de fortalecimiento del sector de la construcción un fondo anticiclico laboral del sector de la construcción que a tal efecto se crea constituido por el cinco por mil (5/ooo) del total de cada certificado de obra pública de cualquiera de los organismo incluidos en el programa, para solventar las acciones a llevar adelante, con el fin de paliar la desocupación del sector de la construcción…"

A los efectos de no extender en demasía esta presentación adjuntamos copia del debate parlamentario, debate en el que el bloque de la UCR ya adelantaba y planteaba las graves falencias tanto del decreto como de la ley que se sancionaba.

Planteábamos básicamente la falta de mecanismos de contralor y que ese programa iba a terminar beneficiando a cualquiera menos a los trabajadores de la construcción.

La Resolución del IPV

a) En el marco de este programa de Emergencia el presidente del Instituto Prov. De la Vivienda y D. Urbano implemento la Resolución Nº 467/09 de fecha 30 de marzo de 2009 por la que se implenta por seis meses prorrogables la operatoria de subsidios para el plan de fortalecimiento del Sector de la Construcción.

b) Aquí corresponde investigar la actuación del Presidente del Inst. Prov, de la Viv,. que en forma unipersonal dicta la Resolución mencionada apartándose de la letra y el espíritu de la Ley I Nº 394 y el Dto 282

1. Si observa detenidamente el Sr. Fiscal la referida Resolución del Presidente del IPV, la misma fue ideada para posibilitar y facilitar lo que ocurrió posteriormente, y que como veremos, nada tiene que ver con la emergencia ocupacional que dio origen a las normas ya mencionadas.

2. Resulta sorprendente y llamativo, que ni en la Resolución del IPV ni en el anexo que establece las condiciones de la operatoria del subsidio para el Sector de la Construcción, no se observa una sola norma tendiente a controlar la generación y/o contratación de trabajadores de la construcción.

3. Llama también poderosamente la atención que la operatoria se trate de "subsidios no reintegrables" en lugar de créditos blandos como es normal en el IPV. El fin del espíritu de los fondos Fonavi es el recupero atento el objetivos de los mismos. Tenga en cuenta Sr. Fiscal, que ninguna vivienda del IPV se entrega sin hipoteca, justamente para garantizar su recupero

Sistema Federal de Vivienda- Ley 24464 –

Objetivo. Fondo Nacional de la vivienda. Destino de los Fondos. Control del destino de los fondos. Consejo Nacional de la Vivienda. Entes Jurisdiccionales. Sistemas de Créditos…

La Ley 24464 en su art. 1) Normaliza "Crease el Sistema Federal de la Vivienda con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de Recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente acceso a la vivienda digna. Ello, conforme lo previsto en el art. 14 de la Constitución Nacional."

El Art. 14 de la misma ley establece que: "los recursos del FONAVI, en el porcentaje que fija esta ley, se destinarán a la financiación de créditos con garantía hipotecaria para la construcción y/o compra, refacción, ampliación o completamiento de viviendas económicas para familias de recursos insuficientes.

El artículo Nº 77 de la Constitución última parte de la Provincia del Chubut Manda.."…. el acceso de la vivienda propia se promueve en todo el ámbito de la provincia, sobre la base de la equidad y mediante regimenes adecuados a los distintos casos, con prioritaria consideración a los de menores recursos."

Aquí se presenta otra grave irregularidad en la resolución del IPV que analizamos, ya que no se explica por que una política de subsidios no reintegrables, no sea dirigida exclusivamente a los adjudicatarios FONAVI,o en caso de ser posible legalmente, a familias que cumplimentaren los requisitos de los fondos específicos.. Aún en el supuesto caso que estuviera dentro de las facultades del presidente del IPV, regalar dinero del Fondo Nacional de la Vivienda,( cosa que no puede por la norma ya mencionada de la Ley Nacional), por que razón o norma habilita el acceso a subsidios no reintegrables a personas que no son adjudicatarios FONAVI?, ( el mismo fin se hubiese cumplido con el financiamiento de veredas o paredones o ampliaciones y obra nueva en las viviendas ya adjudicadas en los distintos lugares de la Provincia del Chubut).

En nuestra opinión aquí se configura el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del Presidente del IPV.

La decisión del presidente del IPV habilitó y posibilitó que a estos subsidios no reintegrables accedieran personas muy solventes económicamente y funcionarios públicos.

Del listado que se acompaña, fácilmente se pueden determinar los casos de personas que accedieron a un subsidio no reintegrable, que cuentan con una gran solvencia económica, situación que se aparta claramente de la normativa que crea el Fondo Nacional de la Vivienda.

Tampoco existe un mecanismo equitativo de control que reglamente el acceso de estos subsidios no reintegrables.

Dicho de otra manera, por que se les otorgaron los subsidios a las personas que figuran en los listados, y no a otras, quizás en mejores condiciones para beneficiarse con los mismos.

Tampoco existe ningún sistema de contralor ni verificación de la contratación de la mano de obra. Simplemente se pide certificaciones de ejecución de la obra, pero la mano de obra pudo haber sido en negro, ya que nada apunta a controlar esa circunstancia.

Además, no se especifica contralor que asegure que la obra se ejecute a partir del otorgamiento del subsidio, por lo que se deberá requerir quienes y de que forma se controló.

La otra consecuencia grave de la Resolución del IPV, es la gran cantidad de funcionarios que han accedido a este beneficio, a partir de la liberalidad de la redacción del punto 2 y 3 del Anexo I de la Resolución Nº 0467/09 IPVDU

Del listado de beneficiarios que han accedido a esta operatoria de subsidios no reintegrables surgen, entre otros:

* La Subsecretaria de Modernización del Estado del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Ing. Mariana Valeria Vega.

* La Directora General de Gobierno Digital, Lic. María Florencia Morado.

* El Director de Construcción del IPVyDU, Carlos Simionatti.

* El Juez de Faltas de Rawson, Dr. Carlos Rial

Además, de la respuesta al Pedido de Informes se desprende que numerosos empleados del IPVyDU accedieron a estos subsidios, así como personal del Ministerio de Educación, Secretarias privadas de funcionarios, (entre ellas del señor Pablo Das Neves) y personal de la Subsecretaría de Infraestructura y Planeamiento.

Se deberá investigar la existencia de parientes cercanos y/o cónyuges de funcionarios beneficiados con los subsidios

De la simple lectura queda demostrado que éste ha sido un Programa direccionado a gente vinculada con el Poder o por lo menos beneficiados con criterios diseccionados y parciales.

El día 19 de marzo de 2009, la Legislatura del Chubut sancionó la Ley I Nº 394 que crea el Programa de Fortalecimiento del sector de la construcción. La citada Ley en su artículo 4º establece un Fondo anticíclico laboral del sector de la construcción constituido con el cinco por mil del total de cada certificado de obra pública de cualquiera de los Organismos incluidos en el Programa.

El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical acompañó con reparos, ya que se estaba creando un Fondo sin techo, y pidió más controles, solicitando la presencia de trabajadores en los mecanismos de control. Por tal motivo votó en general esta Ley, en virtud de la fundamentación del miembro informante del partido oficialista, quien se refirió al estado de necesidad de los obreros de la construcción en el marco de la crisis económica internacional, nacional y provincial.

Es así que se solicito:

1. Nómina de los beneficiarios y montos otorgados según el destino de los subsidios (veredas, paredones, ampliaciones y obras nuevas).

2. Nómina de las inscripciones para la operatoria efectuadas en la sede central y en cada una de las delegaciones.

c) Detalle de los pagos y transferencias de los certificados emitidos.

Esta Resolución fue contestada por el señor Ministro Coordinador de Gabinete, señor Pablo Sebastián Korn, quien eleva la documentación solicitada. (Adjuntamos copia). De ella se desprende una clara violación a la Ley de Ética Pública, Nº I-231 (antes 4816), que en sus artículos 16 y 17 señala incompatibilidades y prohibiciones.

Hasta la fecha de la respuesta al Pedido de Informes se han otorgado beneficios, según consta en el Anexo I, por la suma de 13.005.324,00 (trece millones cinco mil trescientos veinticuatro pesos) violentando las más elementales normas de objetividad e imparcialidad de los actos de gobierno.

LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

En el caso del Presidente y/o autoridades del IPV, nuestra opinión su conducta encuadra en la figura que tipifica el artículo 248 del CP (Abuso de Autoridad y violación de los deberes del Funcionario Público) artículo 260 siga concordantes (Malversación de caudales Públicos) y artículo 265 CP (Negociación Incompatible con el Ejercicio de funciones públicas.

Los funcionarios en general que se beneficiaron con los subsidios no reintegrables contravienen las Normas de la Ley I-23l (Antes 4816) de Ética de la Función Pública, Artículos 1, 2, 5, l0, ll, 12, 14, 15, l6 , 17 inciso 3), 4), 5), 6) y 7, y Artículo18.

En algunos casos podrían quedar encuadradas sus conductas en la Norma del artículo 256(cohecho y tráfico de influencia), 265 y 268 del código Penal.

Es por lo expuesto que solicitamos:

a) Tengan por presentada en forma denuncia por violación de la Ley de Ética Pública y figuras tipificadas penalmente por los artículos 256, 265 y 268 contra el Presidente del IPV. Y DU. Y empleados y funcionarios beneficiados con el otorgamiento de subsidios no reintegrables.

b) La denuncia alcanza también al Señor Ministro de Economía y Crédito Público y el Señor Ministro de Coordinación de Gabinete designados responsables de la Ejecución del Fondo Anticiclico Laboral del Sector de La construcción por el artículo 4 de la Ley 394.

c) Fecho aplique el máximo de las sanciones previstas por las normas administrativas vigentes, dando intervención en su caso a la Justicia ordinaria Penal.

DAR LUGAR A LO PETICIONADO SERA JUSTICIA.

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