Antes de la destitución Solá Torino abandonó los cargos que ocupaba en la Universidad Católica

El destituido camarista federal José Antonio Solá Torino fue hasta hace poco titular de la cátedra de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y director del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Salta.
Según se conoció, a poco de conocido el escándalo que lo tiene como principal protagonista, el abogado renunció a ambos cargos.

Ante el Jury que lo destituyó, Solá Torino resaltó su condición de "formador de abogados en Salta. "Al cabo de 33 años de docencia puedo decir que formé mas de tres mil abogados", dijo.

Allí habló de su dedicación a la carrera judicial, pero hizo especial mención a su función educativa. Recordó que la Universidad Católica de Salta le reconoció 25 años de servicios, certificado que presentó la defensa en el expediente sobre su caso.

Solá Torino recordó que su matrícula profesional del Colegio de Abogados tiene el número 143, por lo que teniendo en cuenta la cantidad profesionales actuales, considera que ha forma a mas de tres mil de los abogados que trabajan hoy en Salta.

Según sus alumnos universitarios, muchos todavía sorprendidos por la causa y la destitución, Solá Torino - ponía especial énfasis en "la majestad de la justicia" y "la moral privada de los jueces".

Según el sitio Iruya.com. "paradójicamente, el ex juez Solá Torino y su esposa, miembros ambos del Instituto del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, son autores de un proyecto en el que abogan por un "sistema de justicia de procedimiento simplificado y proximidad" en el que prime la "reducción de la mora y el mejoramiento de la gestión de los procesos".

El sitio web, también hace referencia la intención del magistrado removido de apelar la destitución ante la Corte Suprema.

"Siendo, por disposición constitucional, irrecurribles los fallos que pronuncia el jurado de enjuiciamiento, es difícil que el juez destituido pueda interponer contra él un recurso extraordinario de cualquier especie, sea el recurso extraordinario federal o cualquier otro recurso extraordinario regulado en las leyes procesales, ya que estos medios de impugnación sólo se pueden utilizar en las formas y condiciones que prevé la ley que los regula y contra un número limitado de resoluciones judiciales.

Se da el caso que el fallo destitutivo del jurado no es una resolución judicial en sentido estricto, por lo que la única vía que tendría el juez destituido de interesar a la Corte Suprema sería a través del estrecho y azaroso cauce del llamado recurso de queja (que no es propiamente un recurso), que sólo podría interponer para denunciar la violación de sus derechos fundamentales (por ejemplo, la violación de la garantía del debido proceso adjetivo) y que en ningún caso tendría efectos suspensivos sobre el pronunciamiento que ordena su destitución (en el mejor de los casos, seguiría siendo exjuez mientras durase la sustanciación de la queja) y, menos aún, efecto alguno sobre la marcha de la causa penal en la que se halla procesado por un delito de cohecho.

Si, como en casos anteriores, la Corte llega a la convicción de que Solá Torino fue imputado por cargos definidos, tuvo las oportunidades procesales apropiadas para ejercer su defensa y logró la conformación de un tribunal imparcial, que son los únicos extremos que el máximo tribunal podría entrar a examinar, la queja sería desestimada.

En el hipotético caso de que la Corte advirtiera que Solá Torino no ha dispuesto de "oportunidades apropiadas para ejercer su defensa", una eventual anulación por la Corte del fallo destitutorio no tendría más efectos que la repetición del juicio, con subsanación de los defectos en el ejercicio del derecho de defensa del acusado.

Salvo que la Corte tardara años en resolver una queja con virtualidad anulatoria, las posibilidades de que el mismo jurado, aun con nuevo juicio, modifique el signo del fallo, son muy remotas".

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