Antecedentes de ANSeS la condenan: invirtió a una tasa negativa

Por: Juan Luis Bour

En una decisión inesperada para muchos, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley por el que se elimina el régimen de capitalización, y se constituye un régimen único de reparto (SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino).

En el viejo sistema (SIJyP) existe un beneficio universal básico uniforme, la PBU ( Prestación Básica Universal) de $ 326 (algo menos de 100 dólares) por 30 años de aportes al sistema, que crece 1% por año adicional de aporte hasta unos 110 dólares ($ 375). Este monto representa aproximadamente 15% del salario medio. El sistema otorga también una prestación por aportes a reparto antes de la reforma de 1994 (la PC, Prestación Complementaria) o después de la misma (la PAP, Prestación Adicional por Permanencia), ya que en el sistema argentino se podía optar por uno u otro régimen. Por cada año de aporte en reparto, con mínimo de 30 y máximo de 35, se obtiene 1,5% del salario promedio de los últimos 10 años trabajados. Las prestaciones de reparto combinadas (PBU más PC o PAP) suman entre 60% y 67% del salario medio, asumiendo que el salario de los últimos 10 años se mantuvo estable (como proxy, que se ajusta plenamente con inflación).

Quien aportó a capitalización entre 1994 y 2008, obtiene un haber de capitalización (HC) en la forma de la renta obtenida por la capitalización de fondos en el sistema de AFJP. Este HC reemplaza a la PAP.

En el nuevo sistema (SIPA), el haber se conformaría con la PBU actual, más la PC y la PAP por hasta 35 años de aporte. El afiliado pierde la propiedad de los recursos aportados al fondo de pensión y, en lugar del HC por los años aportados a capitalización ( independientemente de su aporte), obtiene 1,5% del promedio de su salario en los últimos 10 años. En forma general se puede decir que los fondos aportados a las AFJP son reemplazados por la PAP por esos años. Ello implica reemplazar esos fondos de pensión por un derecho a un haber de hasta 21% (14 años por 1,5%) del salario medio de los últimos 10 años.

El cambio implica una pérdida para la mayoría de los que estaban en el sistema de capitalización. En primer lugar, quienes aportaron más que el mínimo están comprando «años de aporte» pagando en exceso. En segundo lugar, quienes resulten desocupados o con menores ingresos en sus últimos años tendrán una pensión menor. En tercer lugar, quien no alcance los 30 años de aporte carece de pensión entre los 65 y los 70 años (cuando accede a una pensión reducida por vejez), frente a la alternativa de usar sus fondos de capitalización. Finalmente, la pensión en reparto es menor habitualmente que la pensión de capitalización no sólo porque la rentabilidad real a largo plazo supera el crecimiento del salario real, sino por dos razones de diseño en la Argentina.

La pensión inicial experimenta una quita de entre 10% y 30% de su valor real, porque no se actualizan correctamente los salarios de los últimos 10 años en una economía con alta inflación. Además el mecanismo de ajuste de las pensiones ha sido siempre inferior a la evolución de la inflación para las pensiones por sobre los 300 dólares. Si bien una nueva ley propone corregir esta situación desde 2009, el método de ajuste establece límites que implican una subindexación de las pensiones. En la discusión se ha mencionado que el aportante podrá escoger «sus mejores años», algo que no figura en el proyecto de ley. Esta alternativa requiere tener bien definido el mecanismo de ajuste inflacionario para que «los mejores años» no conlleven una quita mayor para el afiliado. El sistema argentino de reparto da pie a distintas formas de abuso, tanto por parte del Estado al no especificar completamente el sistema, como por parte de los aportantes.

Incentivos

En efecto, el cambio de régimen introduce claros incentivos para tratar de abusar del sistema público. Entre ellos:

Moratorias. A diferencia de la capitalización -en la cual no existe moratoria posible-, el reparto puede ser abusado en la forma de cotizar menos años de los necesarios y recuperarlos vía moratorias. Con ello se desfinancia el sistema.

Invalidez. La propiedad «social» facilita el fraude en materia de invalidez, tal como indica la evolución de las prestaciones por este concepto que llegaron a su máximo a comienzos de la década de 1990 (poco más de 20% de las altas eran por invalidez), cayendo a porcentajes menores a 2% al cabo de varios años de funcionamiento del régimen de capitalización.

Subdeclaración y sobredeclaración de ingresos. Dado que durante 20 años lo único que importa es registrar aporte, resulta óptimo ocultar ingresos para minimizar las contribuciones y aportes durante este tiempo. Sin embargo, como el haber inicial de pensión se computa en base al salario de los últimos 10 años, resulta óptimo sobredeclarar los ingresos en este período, para maximizar el haber en pasividad.

Desequilibrio del sistema público. El reparto estaba completamente desfinanciado hacia 2005: tenía 2,9 millones de beneficiarios con 1,23 millón de aportantes. La relación Activo/ Pasivo (A/P) del sistema puro de reparto era de 0,42. Sin embargo, el sistema de reparto recibe también ingresos de afiliados a la capitalización (la contribución patronal), lo que equivale a 0,47% del aporte de un una persona a reparto. Con este adicional, la relación A/P ascendía a 1,1, aún por debajo de lo que requiere el equilibrio del sistema. Con las sucesivas moratorias y reformas entre 2006 y 2007, el sistema tenía a comienzos de 2008 4,2 millones de beneficiarios y 3,2 millones de aportantes puros (buena parte de éstos por monto pequeño y un período muy corto). La relación A/P estricta del sistema de reparto había mejorado de esta forma hasta 0,76 (1,18 considerando la contribución patronal de los afiliados a la capitalización), lo que todavía requería importantes fondos de otros impuestos para financiar el sistema.

En el nuevo sistema de repartohabría 7 millones de aportantes (incluyendo los transitorios). Los beneficiarios serían 4,7 millones y el total de beneficios de 5,5 millones (hay beneficiarios que cobran por más de un concepto). La relación A/ P mejora por este mecanismo de 0,76 a 1,48 en forma inmediata. Sin embargo, caerá hacia fines de 2011 nuevamente al entorno de 1 obligando a aumentar los impuestos al sistema, o a pensar en una nueva reforma del sistema.

Como es probable que la disponibilidad de fondos (los stocks que se espera transferir) lleven a un aumento de las pensiones existentes para «comprar» la reforma, es de prever un fuerte deterioro del sistema de pensiones para los próximos años. Ello hará necesario un incremento de los impuestos asignados al sistema. Este aspecto es importante pues es posible que la negociación con las provincias para aprobar este proyecto suponga una reducción de la masa precoparticipada. Pero la mejora del sistema es ilusoria, y desaparecerá al cabo de unos pocos años. Objetivo excluyente: mejorar la caja del Estado.

El «nuevo sistema» de pensiones, según los anuncios formulados desde la ANSeS, operaría replicando el actual sistema de capitalización en materia de inversiones, solamente que sin los controles y recaudos que hoy tratan de proteger al afiliado.

Interrogante

En efecto, al señalar que los fondos de los afiliados -flujos y stocks- se destinarán a comprar títulos públicos, invertir en fideicomisos y en acciones «que representen una buena oportunidad», la pregunta relevante es por qué esa inversión realizada a partir de ahora por un grupo de funcionarios con menos restricciones que las que ya establecía la ley vigente llevará a mejores resultados en el largo plazo.

La experiencia de administración de fondos de la ANSeS marca exactamente lo contrario: estuvo emitiendo deuda que se coloca en el Tesoro a tasas fuertemente negativas. No sólo los fondos de los afiliados se encuentran sobreexpuestos a riesgo argentino, sino que se están deteriorando a una rapidez inusual. Fondos colocados a una tasa negativa del orden de 10% anual en cinco años experimentan una quita de 40% real. ¿Cuál sería el criterio de colocación de fondos de la ANSeS? Es más, si todo el problema de pensiones se tratara de una cuestión regulatoria acerca de cómo invierten las administradoras, lo único que estaría en discusión es la normativa sobre inversiones de los fondos.

El apuro y la improvisación con que se defiende la medida reflejan la necesidad de fondos por parte del Ejecutivo para sostener el gasto público en 2009, apoyar a un subconjunto de provincias que enfrentan serios problemas fiscales y evitar a la vez entrar en default soberano, dada la esperada caída de la recaudación tributaria y la ausencia de financiamiento para la Argentina. O sea, una medida desesperada, que sólo prenuncia mayor incertidumbre en el corto plazo y una nueva reforma de pensiones en el futuro, cuando el sistema haga evidente que está quebrado.

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