Ante una transición conflictiva y azarosa

Por Joaquín Morales Solá

Julio Cobos no es el vicepresidente de la Nación, sino un enemigo que debe ser excluido de los mecanismos institucionales. Las reservas del país en poder del Banco Central son tan accesibles como las cuentas que la familia Kirchner tiene en el banco de la esquina. Aníbal Fernández se atribuyó, sorpresivamente, la facultad de resolver qué decisiones de la Justicia son constitucionales y, por supuesto, cuáles no lo son. En la desesperación por seguir acumulando lo que les está escaseando (que es el poder, desde ya), los Kirchner decidieron derribar una institución tras otra. La transición hasta 2011 será, por lo que se ve, fatalmente conflictiva, exasperada y azarosa.

Cobos no firma casi nada (o muy poco) desde que refrendó la ley de medios audiovisuales en una madrugada de kirchneristas apurados. Después se desayunó de que había firmado una ley tan llena de errores que el Boletín Oficial debió hacer una fe de erratas para corregir lo que había aprobado el Congreso. Por temor a repetir esos errores de premura (o porque no descarta que le promuevan operaciones desestabilizadoras), el vicepresidente sólo firma lo que ya pasó por todos los escáneres.

Ahora, Cobos no quiere firmar la comunicación al Poder Ejecutivo sobre la integración de la comisión bicameral de seguimiento de los medios audiovisuales. Tiene un argumento de peso: la oposición no designó todavía a sus ocho representantes en esa comisión. Sólo el oficialismo designó representantes; el kirchnerismo parlamentario consiguió fácilmente la otra firma necesaria para aquella comunicación: la del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner.

Sin embargo, resulta que la ley indica que la firma de Cobos debe estar en esa resolución, que espera sin moverse en el despacho vicepresidencial. Nada le importó al kirchnerismo: comenzó a trabajar como si la comisión estuviera funcionando cabalmente y hasta dio su acuerdo para la designación de algunos miembros del nuevo Comfer. La oposición no está ahí. Más aún: el oficialismo incumplió el compromiso de que las presidencias de las comisiones de control estarían a cargo de opositores y las de gestión recaerían en manos de legisladores del Gobierno. Rápido, anunció la designación del líder de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, como titular de esa comisión bicameral, que es de control.

Cobos instruyó a los secretarios parlamentarios para que convocaran a los líderes de todos los sectores políticos; buscaba un acuerdo sobre esa comisión antes de firmar cualquier resolución. Los secretarios parlamentarios responden al oficialismo y no se mueven sin una orden del kirchnerismo. No hubo reunión.

El discurso oficial

El declamado propósito de democratización que impregnó el discurso oficial durante el tratamiento parlamentario de la ley de medios fue borrado ante el primer escollo. Emerge, solitaria, la verdadera intención de todo el proceso: el control de los medios a través de mayorías adulteradas.

Los que escucharon bien el discurso de Cristina Kirchner en el que anunció que el Gobierno se apoderaba de 6569 millones de dólares de las reservas pudieron advertir una noticia ingrata: la Argentina está como en 2001, pero el gobierno actual no actuará como los "defaulteadores" seriales de ese año. Cristina usó gran parte de su discurso para comparar lo que estaba haciendo ella con lo que hicieron los que anunciaron el alegre default en la Navidad de 2001.

Primeras preguntas: ¿en qué proyectos políticos y electorales se esfumó el superávit de los varios años de bonanza? ¿Qué gobierno serio contrae deudas sin prever que debe ahorrar dinero para pagarlas? ¿Quién le aseguró a la administración que la prosperidad internacional sería eterna?

A esas malas noticias siguió otra. Nadie sabe qué opinó el presidente del Banco Central, Martín Redrado, ni qué reflexiones provocó en el Congreso la decisión de disponer libremente de las reservas nacionales. El Banco Central es una institución autónoma, y el destino de las reservas acumuladas por los argentinos necesita, por lo menos, de un debate parlamentario previo a una ley aprobada por el Congreso.

Ante la necesidad de disciplinar el gasto, acercarse al Fondo Monetario y, sobre todo, transparentar el irreal Indec, el Gobierno optó por quedarse con la caja más accesible que tenía a mano. El problema es que no la tenía a mano, porque algo más que una decisión súbita de Olivos debe suceder para devastar las reservas nacionales de un país. Para los que saben leer las leyes y las normas, la Argentina es un país más imprevisible aún desde anteayer. El resultado es diametralmente contrario al objetivo proclamado por la Presidenta en su discurso.

Aníbal Fernández es más exótico todavía cuando explica sus decisiones. Le prohibió a la Policía Federal que ayudara a un juez en el proceso de intervención del Sindicato de Aeronavegantes (que el magistrado no pudo concretar) como parte de una causa judicial por unas elecciones internas muy cuestionadas. El jefe de Gabinete aceptó que él le dio la orden a la policía y fundamentó así su disposición: "La decisión del juez era inconstitucional".

La policía dejó de ser auxiliar de la Justicia y se convirtió en auxiliar personal del jefe de Gabinete. Tampoco en este caso se sabe qué opinó el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, jefe formal de la policía. Sea como sea, es la propia Justicia la que debe dirimir si las decisiones de los otros poderes son constitucionales o inconstitucionales. El máximo tribunal que existe en materia de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, cuyo objetivo fundamental es, precisamente, imponer la correcta interpretación de la Constitución.

Vistas así las cosas, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, no pecó de tremendismo cuando calificó la decisión de Aníbal Fernández como un "golpe de Estado" contra el Poder Judicial. Debe consignarse que esa definición ya había circulado reservadamente entre jueces y abogados antes de que Recondo la hiciera pública.

En un puñado de días, el gobierno kirchnerista se llevó por delante a la Justicia, al Banco Central y al vicepresidente de la Nación. ¿Cómo seguirá el recreo de arbitrariedades que durará hasta el 1° de marzo, cuando volverá a funcionar el Congreso, condenado a vacacionar por el Poder Ejecutivo? El problema lo tendrá el Gobierno después de marzo, pero los Kirchner nunca entendieron que hay una secuencia insalvable entre el viento y la tempestad.

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