Ante el riesgo de un estallido

Por César González-Calero

La tercera fue la vencida. Mel Zelaya ya está en Honduras. Desde que fue derrocado por un golpe cívico-militar el pasado 28 de junio, el mandatario hondureño sólo ha tenido un propósito: regresar a su país. Los dos intentos anteriores, con gran despliegue mediático, acabaron en sendos fracasos.

El gobierno de facto de Roberto Micheletti movilizó a miles de soldados para impedir que Zelaya entrara en suelo hondureño. De ahí que el presidente haya optado ahora por una operación secreta, que sólo conocían sus más íntimos colaboradores y algunos dirigentes extranjeros, según revelaron ayer a LA NACION fuentes próximas a Zelaya.

La travesía del presidente itinerante, de 15 horas de duración en "varios transportes", según confesó él mismo en su nuevo refugio de la embajada de Brasil, acabó esta vez con éxito gracias a ese sigilo con que se llevó a cabo. La primera parte de la operación retorno de Zelaya fue un golpe magistral contra el régimen de facto, que quedó descolocado ante el audaz movimiento del presidente depuesto.

En la logística de esa operación, el mandatario debió de contar, sin duda, con el respaldo de Hugo Chávez (que ya lo había apoyado en los dos intentos anteriores) y de algunos gobiernos centroamericanos.

Pasado el júbilo inicial de sus seguidores, que arroparon enseguida el edificio de la embajada brasileña en Tegucigalpa, se abren varias interrogantes sobre lo que puede suceder a partir de ahora.

Zelaya dejó claro que su presencia en la capital hondureña no pretende generar violencia, pero eso dependerá del grado de prudencia de los dirigentes de ambos bandos. La sociedad hondureña está dividida en dos mitades que parecen irreconciliables. Hasta ahora, seguidores y detractores de Zelaya han evitado la confrontación en la calle. Pero la presencia en Tegucigalpa del mandatario derrocado alterará sin duda los ánimos de sus partidarios. Evitar esa posible reacción violenta fue una de las razones esgrimidas por los golpistas para expatriar a Zelaya a Costa Rica el mismo día del golpe.

Más incertidumbre, si cabe, plantea el hecho de que Zelaya enfrenta un pedido de captura de la justicia hondureña, que le imputa 18 cargos relacionados con el abuso de poder.

Micheletti amenazó con detenerlo si ponía un pie en Honduras, pero nunca se imaginó que Zelaya se le colaría en una embajada, una muralla protectora que los golpistas no se atreverán a traspasar. Brasil ya ha dicho que brindará refugio a Zelaya. Para intentar minarle la moral, la respuesta de Micheletti fue cortar el suministro eléctrico de la embajada a media tarde, según relataron a LA NACION fuentes presentes en la legación brasileña.

La crisis institucional hondureña entra ahora en una fase crítica, impredecible, en la que las partes tendrán que dialogar si quieren evitar un baño de sangre, ese riesgo de confrontación civil del que ya alertó el presidente costarricense, Oscar Arias, mediador en el conflicto.

Los Acuerdos de San José promovidos por Arias recibieron una herida de muerte hace unas semanas, cuando la presidencia de Costa Rica rechazó las contrapropuestas enviadas por el gobierno de facto, que no contemplaban ninguno de los puntos principales expuestos por Arias, en especial el regreso al poder de Zelaya.

El mandatario derrocado también se ha mostrado ambiguo sobre esos pactos, que lo obligan a enterrar su propuesta de referéndum para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, detonante del golpe de Estado de junio.

Pero sea bajo el paraguas de esos acuerdos o de cualquier otra iniciativa consensuada, la presencia de Zelaya en Honduras, y la presión internacional que ya comenzó a notarse ayer desde varios frentes, obliga a los golpistas a negociar, una hipótesis que siempre descartaron.

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