Dos años que terminan con dientes apretados

La gestión del Frente Progresista pidió usar el dinero del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales para pagar de sueldos. Preparan un plan B para usar si el peronismo no aprueba la reforma tributaria. No descartan emitir bonos.
Tras haber transitado dos años de gestión, el gobernador santafesino Hermes Binner usó el bisturí para reacomodar el gabinete y cambió la conducción de Ingresos Públicos, un área que desde que llegó a la Casa Gris estaba al mando de Teresa Beren, una funcionaria que dejó una marca en la gestión del Frente Progresista al protagonizar inspecciones y clausuras por presunta evasión en grandes multinacionales, entre ellas, varias terminales portuarias de la zona del Gran Rosario, declaradas "intocables" por las gestiones anteriores del PJ. Su lugar fue ocupado por Sergio Beccari, quien estaba al frente de la Lotería de Santa Fe. "Se produjo un cambio de nombres, pero no de políticas", aclaró Carlos Fernández, quien será el nuevo secretario de Hacienda en reemplazo de Julio Schneider, que ocupará un cargo en la gestión de Mario Barletta en Santa Fe. Los cambios en el equipo económico se concretan justo cuando la reforma tributaria parece naufragar a causa de la oposición del PJ en el Senado y peligra el pago de los sueldos estatales, según dejó trascender el ministro de Economía Ángel Sciara.

Alto perfil. Más allá de la persecución contra los evasores, Beren chocó con la conducción del sindicato de UPCN, que se opuso a la creación de la oficina de Grandes Contribuyentes, donde se iba a centralizar el seguimiento de los actores económicos más importantes de Santa Fe. El gremio, conducido a nivel provincial por Alberto Maguid, argumentaba que Beren pretendía crear una estructura paralela a la Administración Provincial de Impuestos (API).

Desde el gobierno se señalaba que la resistencia a los cambios respondían a otros motivos, relacionados con supuestos bolsones de corrupción dentro del organismo.

En diálogo con Crítica de la Argentina, Carlos Fernández admitió que "existieron matices" durante el conflicto que desató UPCN en la API, donde –apuntó el funcionario– "ahora es necesario oxigenar un poco luego de los cambios hechos que generaron roces".

La salida de Beren fue precedida por el desplazamiento de Nicolás Ruescas al frente de API, luego de protagonizar un escándalo con la delegada de la regional Rosario, Diana Sandoz, a quien le retiró los muebles de su oficina, un hecho que generó un conflicto en la propia interna del Partido Socialista, por lo que tuvo que intervenir en el asunto el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti. Desde fines de octubre pasado, el futuro de Beren pendía de un hilo. La impronta que la funcionaria le imprimió a la conducción del organismo recaudador terminó abriendo varios conflictos –tanto internos como con el gremio– que complicaron la gestión del Ministerio de Economía, y sobre todo quedaron fuera del manual de conducción de Hermes Binner, poco propenso a los enfrentamientos innecesarios.

Desde el peronismo salieron a hacer leña del árbol caído. El diputado Alberto Monti consideró: "La renuncia de la ex subsecretaria de Ingresos Públicos nos lleva a replantearnos hasta qué punto el propio gobierno provincial está convencido de este ‘impuestazo’, cuando aparta a su creadora en el momento clave en que debería estar apoyándola plenamente".

Cuentas en rojo. Los cambios en Economía se producen en un momento complejo para la administración del Frente Progresista, en el que las finanzas públicas empiezan a mostrar signos de deterioro, como ya padecen otros distritos. "El modelo que delinearon desde la Nación es que las provincias deben endeudarse", advirtió una alta fuente del gobierno. El propio Binner no descartó el viernes emitir bonos, como insinuó su par cordobés, Juan Schiaretti.

Un síntoma de la complejidad del escenario es la decisión que tomó Binner esta semana de pedir autorización a la Legislatura para utilizar el 100 por ciento del saldo del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), constituido por más de 800 cuentas de diferentes organismos estatales. Una ley que data de 1982 fijaba que el Ejecutivo sólo podía utilizar el 80 por ciento de esos fondos.

La idea, señaló Fernández, es "cubrir necesidades financieras de corto plazo con recursos de costo cero" para el Estado provincial. "El gobierno tiene los compromisos salariales de fin de este año, y hasta tanto no contemos con el Presupuesto 2010 y la propuesta de armonización tributaria, es necesario un conjunto de herramientas de corto plazo para cumplir con esas obligaciones", dijo.

En ese proyecto también se pide la suspensión para los años 2009 y 2010 de la limitación fijada por la ley de responsabilidad fiscal, flexibilizada por el Congreso de la Nación. Pretenden realizar cambios presupuestarios para utilizar saldos disponibles para cubrir gastos.

Este pedido al Senado es un paliativo mientras esa cámara trata el presupuesto, que incluye un pedido de endeudamiento de 1.600 millones y una reforma tributaria. Pero como ya ocurrió durante 2008, las chances del Frente Progresista –con minoría en la Cámara alta– se complican. El PJ no respaldará la idea de gravar con Ingresos Brutos a la industria.

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