A 10 años de sancionada la ley, bomberos voluntarios siguen sin asistencia estatal

A más de 10 años de que se promulgara la ley 7.037, los 21 cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia de Salta siguen dependiendo de aportes de la comunidad para sostenerse, al no recibir asistencia financiera por parte del Estado.
Pese a que la norma establecía una serie de beneficios para quienes sin percibir un sueldo se ocupan de siniestros de toda clase, la mayoría de sus disposiciones no se ha cumplido y los bomberos tienen serias dificultades para cumplir con sus tareas.

La ley, promulgada en junio de 1999, creaba un registro de asociaciones de bomberos voluntarios y les otorgaba excepciones impositivas, el único de los beneficios que fue concedido. Sin embargo, el gobierno provincial no cumple con el aporte financiero que debía ser asignado por el Estado "por un valor anual a determinar por el Poder Ejecutivo"

En diálogo con Nuevo Diario, el jefe del Escuadrón de Bomberos Voluntarios "Martín Miguel de Güemes" , Juan Walter Chávez, relató que jamás recibieron equipamiento ni subsidio alguno. El único aporte que les prometió el gobierno fue una contribución de 100.000 pesos para la refacción del cuartel, de los que sólo recibieron la mitad.

Por su parte, el jefe del escuadrón de Cafayate, Gabriel Domingo, relató que si bien recibieron una autobomba modelo ´78 por parte de la Provincia, el único subsidio que reciben proviene del municipio local, y es de apenas 500 pesos mensuales.

Equipamiento

El cuerpo de bomberos capitalino debió comprar por su cuenta y gracias a aportes privados las 5 unidades con la que cuentan: una cisterna con capacidad para 10.000 litros de agua, una autobomba capaz de almacenar 5.000, dos más de 2.000 litros cada una, y una hidroescalera capaz de alcanzar los 27 metros de altura. Sin embargo, ahora deben renovar los equipos estructurales de los 32 efectivos con los que cuentan, y no cuentan con los fondos necesarios para hacerlo.

El caso de Cafayate es similar. Salvo por la autobomba que les cedió el gobierno, que sólo sirve para incendios urbanos, sólo tienen dos vehículos más: una camioneta que les cedió el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); y otra que fue dada de baja por la Policía provincial, que se encontraba en pésimo estado y que sólo consiguieron reparar con las contribuciones de la comunidad cafayateña. Para reducir los riesgos de sus 18 agentes, también deben renovar los equipos estructurales, para lo que necesitarían 18.000 dólares.

Para Chávez, la ley tiene un serio inconveniente: establece muchas obligaciones para los bomberos, pero no les brinda demasiados beneficios, porque no obliga al Estado a asistirlos. Domingo se quejó de la falta de subsidios por parte del gobierno: "si los bomberos trabajamos en el 85% de las emergencias que ocurren en el país, no les costaría nada darnos 5.000 pesos mensuales, que es nada en comparación con lo que se gasta en otras áreas".

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