A 10 años de la Reforma Policial, hay materias pendientes y contramarchas

Fue la primera y única vez que en Mendoza se aplicó una política de Estado con el aval de la oposición. Los encargados de diagramarla analizan qué pasó desde entonces y creen que, pese a todo, fue positiva.
Aunque pueden haber olvidado los detalles, la mayoría de los mendocinos tiene en mente la Reforma Policial.

Diez años atrás, un 28 de diciembre, el gobernador Arturo Lafalla anunció acompañado por los candidatos a gobernador del PJ, la Alianza y el PD un profundo cambio que, hasta ese momento, habían mantenido en la mayor de las reservas para no despertar suspicacias ni de la sociedad ni de los mismos uniformados.

La reestructuración del sistema policial contó con la anuencia explícita de los partidos de la oposición que no sólo votaron las leyes sino que colaboraron en su concepción.

La principal transformación fue la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad como una forma de involucrar al poder civil y político en el funcionamiento y accionar policial que hasta entonces funcionaba de manera cerrada y poco controlada.

Así, la sanción de las leyes 6.722 y 6.721 es lo que muchos de los involucrados de entonces señalan como una de las escasas políticas de Estado concretadas en Mendoza, no sólo por los cambios estructurales que se suscitaron sino, especialmente, por el consenso partidario existente.

De hecho, la Reforma comenzó con un gobierno justicialista que, un año después, fue reemplazado por uno radical (Iglesias) que siguió con los lineamientos trazados.

Pero la ampliación de la participación política y social se extendió a los entonces flamantes organismos como la Inspección General de Seguridad, el Consejo Asesor de Políticas de Seguridad Pública -entidad técnica retomada hace dos años- la Bicameral de Seguridad y el Consejo Provincial de Seguridad.

Entre las deudas aún pendientes hoy, aparecen la implementación en toda la provincia del nuevo Código Procesal Penal (CPP) sancionado en aquella época, una mejor resolución de la implementación de los servicios extraordinarios de la policía así como la concreción de una policía más profesional y mejor paga que se fuera especializando con el tiempo.

Algunas decisiones se revieron y así se nombró a comisarios en los cargos de secretario y director de Seguridad, volviendo así de alguna manera a la vieja figura del jefe de Policía eliminada hace diez años. Mientras que varios aspectos quedaron congelados y comenzaron a retomarse después de algún tiempo. Los foros vecinales -recientemente se vieron algunos intentos por revivirlos- y el Consejo de Seguridad son dos ejemplos.

Policías afuera

La explosión de los índices de inseguridad, la rebelión policial que en octubre del '98 tuvo en jaque al poder político y el sonado caso Bordón como gota que rebalsó el vaso fueron el contexto en el que se gestó la Reforma. De su mano, también se realizó lo que se conoció como la purga policial, cuando se exoneró a más de 100 policías (incluida la cúpula) por supuestos casos de violación de derechos humanos y corrupción.

Aunque para los políticos fue una manera de luchar contra el abuso desde la raíz, ésa fue una época dura para muchos uniformados que se sintieron despojados de sus derechos.

"No cuestionamos la reforma en sí sino los métodos que se utilizaron, ya que para justificarla desacreditaron a la Policía y eso se les terminó volviendo en contra", reflexionó Omar Alcalde, presidente de la Asociación Mutual de Policías (Amupol), quien hace diez años era comisario mayor e integró la lista de expulsados.

Vale recordar que la ofensiva iniciada con Lafalla continuó con Iglesias y su ministro Leopoldo Orquín cuando se denunció a las mafias policiales y se continuó purgando la fuerza. "En aquella época todos andaban con el ánimo por el suelo. Pero el Estado perdió millones porque no pudieron probar nada", comenta Alcalde.

Alejandro Cazabán, actual secretario general de la Gobernación y hombre fuerte de la gestión de Celso Jaque, fue el primer ministro de Seguridad que tuvo Mendoza. Él fue el autor de la reforma, a pedido de Lafalla, y junto con Juan Carlos Aguinaga (PD) y Sergio Bruni (UCR) terminó de darle vida al proyecto.

Para el funcionario, la purga es una anécdota entre todos los cambios que se llevaron a cabo pero, afirma, no se arrepiente de ninguna decisión tomada ya que no se trató de un accionar personal sino de algo consensuado por la "alta política".

"La purga fue sostenida por las principales fuerzas políticas aunque después no se quisieron explayar en los motivos", coincidió Martín Appiolaza, consultor en políticas públicas de seguridad para América Latina y ex integrante del gobierno de Roberto Iglesias.

Aunque Cazabán estima que tal vez debería haber profundizado la medida, Alberto Montbrun, ex legislador y también especialista en seguridad, no estuvo de acuerdo con las exoneraciones ya que percibía cierto ensañamiento de la dirigencia política debido a la huelga realizada meses antes. "Podía entender la emergencia en un par de casos, pero no en 120", expresó.

Avances y retrocesos

En líneas generales, para los consultados el balance de la Reforma resulta positivo. No sólo porque Mendoza fue la única provincia argentina que -diferencias de gestiones aparte- logró mantenerla en el tiempo, sino porque las políticas de seguridad comenzaron a ser diseñadas por políticos y no por policías como sucedía hasta entonces.

"Lo bueno es que se logró abrir el sistema (democratizarlo) a la multiplicidad de actores involucrados", subrayó Appiolaza, quien coincidió con Cazabán al advertir que las estadísticas de delitos se han mantenido estables después de la Reforma, a pesar de que la percepción social es diferente.

La explosión del delito y la revuelta (que Alcalde califica como manifestación) obligó a los políticos a tomar cartas en el asunto.

"El consenso se hizo difícil de mantener porque las instituciones y los partidos entraron en crisis y, por ende, también lo hizo el acuerdo", sostuvo Appiolaza, quien destaca la participación ciudadana para la resolución de los problemas. En este sentido, Aguinaga también destacó la subordinación de la policía a la política así como la creación de la Inspección de Seguridad.

"Se produjo un salto cualitativo ya que nunca más hubo una rebelión y se redujo la corrupción", subrayó Bruni, actual legislador cobista, quien dice que -más allá de los problemas de inseguridad actuales- estaríamos peor si la Reforma no se hubiera hecho.

Aunque un informe reciente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional menciona que Mendoza está cuarta entre las provincias que más casos de gatillo fácil tuvo en el último año, la mayoría de los políticos coinciden en advertir que los abusos policiales disminuyeron notablemente.

"Quedó por completar el equipamiento, el sistema tetra y la radarización", enumeró Aguinaga, que fue ministro del área entre diciembre del año pasado y abril de éste, por un acuerdo entre Jaque y el PD. Mientras que Cazabán apuntó a los cambios en el sistema judicial como un desafío por cumplir.

Vale recordar que la Reforma apuntaba al sistema judicial, al penitenciario y a la policía. Para el actual funcionario, la Justicia aún no ha sabido acompañar la idea original y cree que para ello es necesario un "urgente cambio de cultura".

Curiosamente, en la actualidad Bruni es el único que menciona como retroceso el hecho de que el ex gobernador Cobos haya "cedido terreno" a la policía en los cargos de subsecretario y director de Seguridad.

Para muchos, la policía actual es mejor que la de hace diez años, pero al camino que pretendió iniciarse en pos de su profesionalización y mejor salario le falta mucho por recorrer. Tanto Alcalde como Aguinaga coinciden en que la Reforma no logró adecuar la cantidad de policías al crecimiento demográfico de la provincia. El problema central, como de costumbre, parece apuntar a la cantidad de recursos.

Comentá la nota