17 años para tener ley de agua

17 años para tener ley de agua

Por unanimidad se aprobó el proyecto de ley sobre gestión integral de los recursos hídricos. De esta manera Tierra del Fuego dejó ser la única provincia que no contaba con una normativa de preservación y regulación del uso del agua. La primera iniciativa de estas características fue presentada en 1999. Se pautó la última sesión del año para el jueves 15 de diciembre.

Diecisiete años debió esperar la Provincia para que en la Legislatura se alcanzaran los consensos políticos necesarios para que Tierra del Fuego pudiera contar con una ley que estableciera un régimen que regule el uso del agua. Desde 1999, año en que fuera presentada la primera iniciativa, fueron presentados 12 proyectos sobre el tema, pero ninguno de ello -por razones nunca muy bien precisadas- logró convertirse en ley, hasta ayer, cuando por unanimidad resultó sancionada la norma que tiene por finalidad “administrar, regular su obtención, sus permisos, concesiones de uso, explotación, exploración, mejoramiento, preservación en cantidad y calidad, incremento, administrar el uso de causes, obras hidráulicas, las limitaciones al dominio, el interés público y la defensa contra los efectos nocivos de las aguas y el aprovechamiento múltiple y uso efectivo y beneficioso del recurso hídrico”.

De esta manera, el Parlamento saldó esta vieja deuda legislativa que vino a cubrir el vacío normativo que existía respecto  del aprovechamiento regulado de este recurso natural, y que convertía a Tierra del Fuego en la única provincia que carecía de una normativa de estas características. 

Más allá de la relevancia del marco regulatorio aprobado, la sesión de ayer presentó otro hecho también relevante, ya que por primera vez en el año también fueron aprobados sin disidencia alguna la ley que implementa como obligatoria la detección temprana de la Colestasis Neonatal; la que crea el régimen para cuidados de Adultos Mayores; la que crea la Comisaría Preventora de la Violencia de Género; la que establece el sistema de alerta de localización georeferencial de protección y la que modificó la ley el inciso b del artículo 3 de la ley de tránsito y seguridad vial , que establece la antigüedad máxima de los vehículos de carga y transporte de pasajeros. Incluso contó con el apoyo unánime el proyecto del Ejecutivo que eximió del estudio de impacto ambiental a las obras de agua, cloacas y remediación de daños ambientales generados en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, aun cuando esa iniciativa no contaba con dictamen previo de comisión. 

De común acuerdo se prorrogó el plazo para que las comisiones puedan dictaminar hasta el 15 de diciembre, fecha para que también se pautó la última sesión ordinaria del año. 

Este clima de absoluta concordia se reflejó también al momento de tratar los otros cerca de 47 asuntos que integraban el orden del día, la mayoría de los cuales resultaron aprobados en bloque y a libro cerrado, y se vio roto únicamente cuando la oficialista Myriam Martínez y los radicales Pablo Blanco y Oscar Rubinos se cruzaron con dureza por el cierre de la oficina de la ANSES en Tolhuin. 

Tolhuin, la piedra de la discordia

  

El bloque del Frente para la Victoria había presentado un proyecto de declaración para que la Legislatura manifestara su repudió a la decisión adoptada por las autoridades del organismo nacional. El legislador tolhuinense del FPV, Claudio Harrington, fundamentó la iniciativa argumentando que el cierre de esa dependencia cercenaba derechos a los habitantes de ese Municipio, a la vez que perjudicaba a los trabajadores de la ANSES que prestaban servicio en la localidad. Más allá de considerar la medida como “injusta e ilógica”, en su alocución dejó en claro que evitaría hacer consideraciones políticas sobre esa decisión ya que, a su entender, lo importante era poner de relieve las complicaciones que la falta de una oficina de ANSES ocasiona a quienes habitan en Tolhuin. 

El radical Pablo Blanco tomó la palabra para señalar que el bloque UCR-Cambiemos no compartía el proyecto, por lo que lo votarían por la negativa. 

Hasta allí todo parecía indicar que ambas bancadas habían acordado manejar la cuestión con un tono moderado. Esa presunción se demostró rápidamente errada cuando tomó la palabra la oficialista Myriam Martínez, quien en tono enérgico denunció que dentro de la ANSES existía “persecución política por pensar distinto, por tener una ideología. Es vergonzoso tanto atropello”, dijo. 

Defendió a Facundo D’Elía. Señaló que fue nombrado dentro de la ANSES cuando ella se despeñaba al frente de la UDAI Río Grande. Lo calificó como un joven capacitado para la función que cumplía, al que se despidió por su vinculación con el kirchenrismo y por ser hijo del dirigente kirchenrista Luis D’Elía, cuando sostuvo que las dependencias estatales están plagadas “de hijos de los políticos, hijo de los sindicalistas, amigos de los políticos y amigos de amigos de los políticos, ya que son pocos los empleados que entran por concurso”. 

Martínez dijo sentirse particularmente movilizada por la situación vivida por D’Elia ya que dijo haber tenido que atravesar también esa penosa experiencia. Recordó que durante la presidencia del radical Fernando De La Rúa, en el año 2000 me echaron. Lo que me pasó a mí está pasando de vuelta, por lo que repudio la política del apriete, de la persecución hacia los trabajadores de la ANSES” afirmó, ante un visiblemente molesto Pablo Blanco. 

El radical lamentó que algunos “vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Como Martínez también rememoró la situación que le tocó vivir durante el 2000, cuando al vencerse su mandato como Legislador pretendió reincorporarse al cargo de Gerente del BTF en Río Grande. “O te vas o te echamos” dijo que le manifestó un allegado al por entonces gobernador justicialista Carlos Manfredotti. Haciendo un salto en el tiempo señaló que hasta el 16 de diciembre de 2015 “mucha gente tenía un trabajo y después se quedó afuera (del Estado fueguino) porque eran nombramiento políticos, habían entrado por la política”, en obvia referencia a la revisión de designaciones que llevó adelante la gestión Bertone a poco de asumir. 

“No voy a defender lo que se hizo en Tolhuin, pero me molesta que se bata el parche por lo que hace el Gobierno Nacional, cuando en la Provincia están haciendo lo mismo”. 

Su par de bancada Oscar Rubinos se sumó al debate. Recordó que el dirigente de los mercantiles de Río Grande, Daniel Rivarola, renunció al cargo de Ministro de Trabajo por no coincidir con el “tratamiento que el Gobierno le daba a los trabajadores PEL y con los 350 despidos” -baja de designación que no contaban con estabilidad-  dispuestos por el Ejecutivo. 

Sostuvo que a la gestión gubernamental del FPV se la va a “recordar como a la que más ajuste hizo por sacarle la movilidad a los jubilados, sacarle plata a los activos y los pasivos y no dar aumento de salarios”. 

Myriam Martínez reaccionó ante esos dichos y justificó la medidas adoptadas por el Gobierno por el estado de quiebre económico en que, dijo, recibió el FPV la Provincia. Señaló además que históricamente le ha tocado al PJ cuando es Gobierno “tomar la decisiones que otros no quisieron tomar” y que tanto Blanco como Rubinos “saben lo que está haciendo la Gobernadora para reordenar el Estado”, a lo que agregó que en la Provincia “no hubo despidos, hubo reordenamiento del Estado”. Esta afirmación valió una nueva intervención de Blanco. “Me preguntó;  porqué cuándo el Gobierno Provincial reordena está bien, pero  cuándo reordena el Gobierno Nacional está mal”, apuntó, pero antes de esperar respuesta alguna, y en tono de humarada,  le agradeció a Myriam Martínez que con sus dichos haya “unificado al bloque de la UCR”, por las sabidas y públicas diferencias internas que existen entre él y Rubinos. 

La votación del asunto terminó con una ajusta aprobación por 8 votos del oficialismo contra 7 de la oposición.

Sociedades para el próximo año 

En el marco de la sexta sesión tomaron estado parlamentario una serie de proyectos de ley de autoría del Poder Ejecutivo, entre ellos los que pretenden transformar a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en una Sociedad Anónima integrada en un 100% con capital estatal y crear la empresa Radio y Televisión Fueguina Sociedad del Estado. Ambas iniciativas, que  fueron giradas a tres comisiones, recién serían abordadas el año venidero. Desde el bloque del MPF se manifestó no tener apuro alguno en tratar esos proyectos. La bancada de   la UCR adelantó su  intención de someter esas propuestas a un amplio debate, en tanto que dentro del oficialismo existen opiniones encontradas respecto de esas iniciativas.A votar, vamos todos a votar 

El extenso tiempo que demandó la lectura de los 145 artículos que componen el proyecto de ley  sobre gestión integral de los recursos hídricos, permitió que algunos empleados del Parlamento Provincial aprovecharan ese momento para trasladarse hasta el gimnasio “Cochocho Vargas” y votar en la elección de Directores para la Obra Social y para la Caja de Jubilaciones. Actitud esta que fue copiada por la mayoría de los Legisladores.

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