25 años de la firma del decreto para investigar la represión en La Pampa

El ex gobernador afirmó que no habló del tema durante la campaña electoral porque su implementación podía haber sido "obstruida por factores de poder" y que tampoco pensó en las consecuencias.
"Fue una de las decisiones más importantes que tomé como gobernador, más que nada por el contexto político; pero estaba convencido de que los pampeanos debían saber quiénes habían cometido excesos y torturado durante la dictadura. Fue un decreto único en el país, ya que ninguna otra provincia hizo lo mismo", dijo el senador Rubén Hugo Marín al recordar el histórico acto.

Marín habló con LA ARENA el jueves, durante un alto de la sesión de la Cámara Alta en la que aprobaron el blanqueo de capitales y la "tablita" de Machinea. Por casi media hora recordó detalles de aquél diciembre de 1983, cuando él asumió su primera gobernación a los 49 años, y de porqué y cómo resolvió avanzar en la medida.

"No hablé del tema durante la campaña electoral porque podíamos habernos visto obstruidos por factores de poder. De hecho, todavía 'estaban todos' (en alusión a los jefes militares y policiales); pero después de ganar las elecciones no hubo dificultades, ni presiones", señaló.

El ex gobernador firmó el decreto 99/83 apenas nueve días después de asumir. En el medio hubo otra medida de fortísimo impacto político y social: el 15 de diciembre el entonces presidente Raúl Alfonsín anunció la conformación de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

"Yo creí que había que clarificar las conductas de quienes actuaron durante la represión. Había que investigar a quienes torturaron. Había que saber lo que había pasado -enfatizó-. Y fue una iniciativa que surgió exclusivamente del Poder Ejecutivo. Ni de algún sector vinculados a los derechos humanos, ni de nadie más. Era un momento donde los pampeanos aún teníamos en los regimientos a los mismos militares que habían estado durante la dictadura".

"La idea fue buscar que el nuevo gobierno democrático y la sociedad se relacionaran sin temores, porque veníamos de una sociedad con miedo. Por eso pensé que conocer quiénes habían sido los responsables era algo justo", agregó.

La mesa chica.

Marín recordó que llegó al Ejecutivo pensando que debía tomar dos medidas que calificó de "fundamentales": impulsar esa investigación y reincorporar a la administración pública a los empleados que habían perdido el empleo por razones políticas. "Lo de la reincorporación pasaba por la dignidad de esa personas", indicó.

- ¿Cuándo decidió conformar la comisión y a quiénes consultó?

- No fue algo improvisado ni conversado con demasiados compañeros, y tampoco me puse a pensar si traería consecuencias. Si bien lo veníamos pensando durante la campaña, 20 días antes lo hablé con Manolo (Manuel Baladrón, vicegobernador), Dalmasso (José María, ministro de Gobierno, Educación y Justicia), Mediza (Heriberto, diputado provincial), Suárez (Juan Carlos, jefe del bloque de diputados) y Giuliano (Santiago, subsecretario de Gobierno). Les dije que quería tomar esa medida y que tenía que ser en forma inmediata, y prácticamente no hubo objeciones. Estaba convencido de que los pampeanos debíamos saber quiénes eran los vecinos que vivían al lado de nuestros hijos.

El senador recordó que "(los instructores) Tierno (Juan Carlos) y Trouilh (Timoteo) fueron importantes, pero además hubo predisposición de muchas personas que habrían sufrido violaciones a los derechos humanos. Otros tuvieron miedo y tardaron dos o tres meses en aceptar declarar. Incluso hubo dos personas que nunca quisieron hacerlo".

- ¿Quiere dar los nombres de ellos?

- No.

- Usted destacó a Tierno y a Trouilh, ¿y a alguien más?

- A los policías que, a pesar de formar parte de la fuerza, declararon y confirmaron lo que habían dicho las víctimas, aunque después algunos de ellos intentaron rectificarse ante Rafecas (Daniel, el juez que instruyó la causa penal de la subzona 14).

Durante la entrevista, el ex gobernador acentuó en varias oportunidades que La Pampa fue la única provincia que creó una comisión investigadora de esas características, y acotó que el dictamen final fue entregado a la justicia, al Ministerio del Interior de la Nación y a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. "Busqué antecedentes en todos lados y no encontré ninguno. Incluso se lo preguntó al secretario de Derechos Humanos (Eduardo Luis Duhalde) y nunca me respondió".

Hoy, un cuarto de siglo después, con 74 años, Marín piensa que la sociedad pampeana "tomó bien" esa decisión. "En estos días volví a mirar el decreto, porque no había vuelto a leerlo, y la verdad es que había que dictarlo en aquel tiempo...", concluyó.

Un hito en la historia de La Pampa

El 20 de diciembre de 1983 se firmó el decreto por el que se comenzó a investigar a ex oficiales de la Policía y ex militares por secuestros y torturas. Esa documentación fue la base por la que hoy están procesados once represores.

En diciembre se cumplen 25 años de la recuperación de la democracia luego de la salida del gobierno de ipso de la dictadura militar. El sábado 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia Raúl Ricardo Alfonsín con una Plaza de Mayo repleta de ciudadanos y ciudadanas que rebosaban de esperanzas por la nueva etapa constitucional que se abría. El domingo 11 fue el turno del gobernador pampeano, Rubén Hugo Marín.

Más allá del inicio de la democracia que hoy celebramos luego de tantos vaivenes políticos y económicos, durante este mes también se cumple el aniversario de otro hito histórico para la provincia, no ajeno a controversias, pero con proyecciones que llegan hasta el presente.

El 20 de diciembre, a 9 días de asumir, Marín firmó el decreto número 99 que inició las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas en La Pampa. El texto encomendaba que se recibiera o recabara toda la información referida a secuestros y torturas cometidas en la provincia a partir del 24 de marzo de 1976 para luego proceder a dar las pertinentes vistas e intervenciones al Poder Ejecutivo o Judicial. La tarea fue encomendada al asesor letrado Juan Carlos Tierno que designó un grupo de trabajo.

Esto se complementó con otra medida: la de reincorporar a la administración pública a los empleados cesanteados durante el gobierno de facto.

El clima.

La decisión de iniciar la investigación se tomó después de que el gobierno de Alfonsín creara el 15 de diciembre del 83 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que investigaría a los militares involucrados en actos de Terrorismo de Estado.

En tanto, en La Pampa se indagaría sobre la actuación de los policías provinciales, integrantes del grupo de tareas de la Subzona 14, la jurisdicción militar en la "lucha contra la subversión".

La decisión del gobierno de Marín de avanzar en esta temática, una reivindicación muy fuerte de la época que el peronismo a nivel nacional no compartió, tuvo que ver con los consensos que tuvo que tejer el entonces candidato con distintos sectores para afrontar la nueva etapa gubernamental y para ello apoyó, desde un primer momento, reclamos de víctimas de la dictadura militar.

Para entonces, también se había creado el originario Movimiento Popular Pampeano por los DDHH en Santa Rosa y la Asamblea Permanente de DDHH en General Pico. Entre ambas organizaciones habían comenzado a recolectar datos sobre los casos de desaparecidos pampeanos fuera de la provincia.

El equipo.

Para realizar la investigación que tendría la forma de sumario administrativo fue convocado el entonces comisario general retirado Timoteo Trouilh que llevó adelante tanto la búsqueda de pruebas como también las audiencias con víctimas y testigos. Junto a él estuvieron varios ex oficiales de la fuerza provincial. Este sumario, a los fines políticos, sirvió también para intentar depurar de las filas policiales a oficiales de alto rango, implicados en secuestros y torturas.

Trouilh inició su tarea tomando decenas de declaraciones testimoniales a policías de bajo rango que habían cumplido funciones entre 1976 y 1978 y a víctimas de los tormentos perpetrados por el grupo de tareas de la Subzona 14. El comisario trabajó con los tiempos acotados por ley para ese tipo de expedientes ya que tenía plazos perentorios y habló a una veintena de uniformados y a una treintena de ex presos políticos. También el sumariante tuvo que sufrir la persecución y amenazas por parte de algunos de los investigados, ya que la mayoría de los ex integrantes del grupo de tareas de la Subzona 14 todavía pertenecían a la fuerza y eran altos oficiales.

A la justicia.

Los hechos incluidos en el sumario excedieron la mera responsabilidad administrativa por lo que, a comienzos de 1984, el gobierno realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, con la documentación relevada hasta ese momento y solicitó la investigación de los delitos cometidos por la policía pampeana.

La causa cayó en la órbita del Juzgado de Instrucción Número 1, a cargo del juez Alberto Baglietto. Luego de tomar numerosas declaraciones, el 23 de marzo de 1984 el magistrado decretó el procesamiento y la prisión preventiva de los oficiales de policía Roberto Oscar Fiorucci, Carlos Roberto Reinhardt, Héctor Cenizo y Athos Retta, por apremios ilegales. En la misma resolución, y por el escaso tiempo con que había contado para la investigación, decretó la falta de mérito de los restantes imputados, con expresa mención de que continuaban vinculados a la causa. Eran los policías Roberto Constantino, Omar Aguilera, Oscar Antonio Yorio, Hugo Roberto Marenchino, Roberto Escalada y Dionisio Gualpas, y los militares Luis Enrique Baraldini, (ex jefe de Policía), Néstor Omar Greppi y Juan José Amarante.

Los tres militares del Ejército se resistieron a declarar por lo que el juez debió ordenar su detención para tomarles indagatoria. La investigación penal no pudo continuar mucho más allá del procesamiento, por cuanto un tribunal militar se declaró habilitado para llevar adelante el expediente y se planteó un conflicto de competencia. Baglietto defendió su posición y la cuestión pasó a ser resuelta por la Corte Suprema. Los mismos hechos fueron investigados a partir de 1987 por la Cámara Federal en lo Penal de la Capital Federal, dentro del expediente que tenía por principal implicado al general Carlos Suárez Mason, jefe durante la dictadura militar del Primer Cuerpo del Ejército.

La detención.

La Cámara Federal decretó en abril de 1987 la prisión preventiva rigurosa de varios oficiales procesados por el delito de tormentos en forma reiterada en jurisdicción de La Pampa. Pero la causa contra los represores pampeanos finalmente quedó cerrada por la sanción de la ley de Obediencia Debida y la de Punto Final.

Al gobierno pampeano le quedó pendiente, con independencia de la investigación penal, la cuestión administrativa de los oficiales implicados en la represión ilegal. El gobernador dispuso en agosto de 1985 la exoneración de varios de ellos. Estos recurrieron al Superior Tribunal de Justicia mediante una demanda contencioso administrativa. El Tribunal resolvió, en abril de 1987, la nulidad del decreto de cesantía. Finalmente, los policías cesanteados no se reincorporaron efectivamente a la fuerza, aunque con la sentencia a favor, negociaron indemnizaciones.

Silencio y comienzo.

A pesar de los años de silencio y olvido que impuso la política de reconciliación de la década en que gobernó el país Carlos Menem, el sumario administrativo abierto en 1983 se actualizaría años después.

Con la asunción del gobierno del presidente Néstor Kirchner, nuevos aires comenzaron a agitarse contra la impunidad otorgada a los represores del Proceso. El 21 de agosto de 2003 el Congreso dictó la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impulsó la reapertura y profundización de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Uno de los expedientes que se reabrieron sobre delitos de lesa humanidad fue los comprendidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. Las actuaciones se retrotrajeron a 1987 cuando fueron "congeladas" y poco después la Cámara Federal resolvió la reapertura de la causa de la Subzona 14, un desprendimiento de la investigación "madre" del Primer Cuerpo, por torturas y detenciones ilegales.

Detenidos.

Entre octubre y noviembre de 2004 fueron detenidos nuevamente los ex oficiales de la Policía Omar Aguilera, Néstor Cenizo, Roberto Constantino, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhardt, Athos Reta, Antonio Yorio, Hugo Marenchino y Roberto Escalada (fallecido en 2008). Y ex militares: los tenientes coronel retirados Fabio Iriart, Néstor Omar Greppi y Oscar Cobuta, y el mayor retirado Juan José Amarante, que luego quedaría libre por falta de mérito. En tanto, el ex jefe de la Policía provincial, el ex coronel Baraldini, se fugaría y aún hoy es buscado por la justicia.

Finalmente, once ex policías y ex militares quedaron procesados por secuestros y torturas a unas 28 víctimas.

Esta semana, a 25 años de iniciada la investigación en 1983, casualmente se volvió a hablar de los hechos ocurridos en la Subzona 14 cuando el Tribunal Oral Federal 5 se constituyó en La Pampa y comenzó a tomar declaraciones a testigos y realizó inspecciones oculares a tres centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura militar. Esas primeras actuaciones que se realizaron cuando renacía la democracia hoy son la base para el juicio oral que se realizará a fines de 2009 o en 2010 contra el grupo de tareas que funcionó en la provincia.

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