Sin ánimo de confrontar con la Casa Rosada, los jueces federales de Comodoro Py 2002 miran por ahora con escepticismo el anunciado proyecto de reforma judicial, a la espera de la letra de la iniciativa. No obstante, creen que no sería útil sumar más magistrados.

El ánimo en los pasillos de los tribunales ayer al mediodía estaba lejos de ser conspirativo. Más bien, era de cierta abulia. Los jueces que no estaban en juicio oral se preparaban para ir dejando sus despachos, y muchos se veían entre sí por primera vez en el día. No habían mantenido esas reuniones frecuentes en las que algunos se juntan para mezclar dosis exactas de catarsis y malicia.

No hay un ánimo belicoso de resistencia, de hecho nadie está dispuesto a encabezar ninguna batalla épica contra el Poder Ejecutivo. Al contrario, están a la expectativa para conocer los detalles de los proyectos de ley, de los que poco se sabe.

Por ahora, el presidente Alberto Fernández dijo que se iba a realizar una reforma judicial que consistiría en fusionar fueros penales y completar la transferencia de otros.

No dijo a cuáles se refería, pero las especulaciones son que su iniciativa se basa en que de los 64 juzgados de instrucción de la justicia ordinaria parte de ellos se sumen a los actuales 12 juzgados federales y otra parte se transfieran a la ciudad de Buenos Aires, donde todos los juzgados porteños tendrían entonces capacidad de juzgar todos los delitos penales y contravenciones.

El traspaso de la Justicia Federal a la porteña motivó la resistencia de la Asociación de Magistrados, el año pasado.

Esta alternativa es la que genera mayores dudas entre los jueces federales. Porque se preguntan quiénes serán los jueces que se federalicen y cuáles no y con qué criterio se elegirá a unos en lugar de a los otros.

Alberto Fernández prometió en el Congreso que se había acabado la época de los jueces amigos y que se había terminado la era de las designaciones de magistrados según los intereses de la política. Tras esta definición, los federales miran con suspicacia cómo será este procedimiento de selección.

Otra opción sobre la que se especuló, pero que no tiene tantas chances, es que el proyecto contemple sumar a los juzgados en lo penal económico a los federales.

Lo que si aclaró Fernández es que se fusionarán los fueros civil y comercial federal con el contencioso administrativo federal, lo que no genera mayores controversias.

Las observaciones que tienen los jueces sobre lo que se sabe de la reforma judicial son de orden práctico. Algunos de ellos dijeron a LA NACION que no veían cómo podía resultar ventajoso para la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. Es que el nuevo código plantea que la acción penal la llevarán adelante los fiscales y no los jueces, que serán en todo caso árbitros que decidirán sobre la prueba. El modelo del juez investigador desaparece y tiene más prevalencia el fiscal.

La otra cuestión es que no hay tantas causas federales como para tener medio centenar de jueces con esa competencia exclusiva. Y, por el contrario, hay muchas causas de delitos comunes que esperan ser investigadas y llevadas a juicio oral y público.

El asunto sobrevoló la reunión de presidentes de cámaras federales de todo el país que se realizó ayer en Buenos Aires, donde los jueces debatieron la nueva ley de jubilaciones, que tiene media sanción. Cuando el presidente Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, les propuso el tema, los magistrados prefirieron dejarlo de lado hasta tener en la mano los proyectos.

Los jueces federales con los que habló LA NACION destacaron, no obstante, dos cuestiones.

Por un lado, la determinación política con la que actuó este gobierno a diferencia del anterior, para de un plumazo reformar las jubilaciones de los jueces y meter mano en todo el sistema de justicia. Y, por otro, dan por descontado que al kirchnerismo no lo conforma la idea del Presidente, pues no resolvería los problemas de Cristina Kirchner y sus hijos con la Justicia.