El pasado martes 15 de noviembre se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró inadmisible un recurso de queja presentado por autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. De esta manera, dejó firme el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que dictaminó la validez de los títulos de 220 graduados que habían concluido sus estudios en esa unidad académica bajo una medida cautelar.

Luego del largo proceso que se extendió durante más de cuatro años, debido a distintas acciones interpuestas en tribunales federales por funcionarios de la Facultad de Medicina, sería inminente la contraofensiva judicial. Concretamente, estaría todo listo para que se presente una demanda penal colectiva contra la decana Ana Lía Errecalde, como así también contra el letrado de esa facultad, Felipe Campoamor, entre otras autoridades académicas que forman parte de la agrupación Hoja de Roble que conduce la facultad desde hace 25 años.

Según relató a este medio el abogado Marcelo David, que representa a la mayoría de los médicos a los cuales la facultad les niega la certificación del título, “esto ya venía en un escenario de ejecución de sentencia. Tras el fallo de la Corte, al día siguiente pedí copia de la queja denegada por el máximo tribunal y fotocopias de las actuaciones para iniciar una denuncia penal por desacato a las autoridades de Medicina”.

“Además, solicité que se le fije a la Decana y al abogado de Medicina, que es Felipe Campoamor, una multa diaria por el incumplimiento de la sentencia hasta que efectivamente la cumplan”, agregó.

En cuanto a la iniciación de acciones penales, el abogado indicó: “Ahora que ya no hay instancia judicial, ellos están incurriendo en desacato, ahí está bien clarito el escenario de daños y perjuicios”. “Vamos a iniciar actuaciones legales contra la facultad de Medicina y expresamente contra los funcionarios de la Facultad que se negaron a cumplir las órdenes judiciales, léase también Jorge Martínez (exdecano de Medicina)”, detalló.

Se conoce como desacato a la acción penalmente sancionada que consiste en desobedecer o resistir una orden, como puede ser un fallo judicial (ver aparte). El abogado David remarcó que por los múltiples perjuicios ocasionados a los egresados hay una voluntad mayoritaria de recorrer el camino judicial. Concretamente, como la Facultad se negaba a reconocer los títulos, muchos profesionales médicos sufrieron daño moral y hasta perdieron trabajos. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Hospital Español de La Plata. “No se descarta que vayamos por el mismo escenario porque esto se transformó en una acción colectiva, que sea el mismo colectivo el que reclame el daño moral más los daños patrimoniales”, remarcó el letrado.

Hasta las últimas consecuencias

La pena por desacato puede finalizar, incluso, con autoridades facultativas tras las rejas. Este delito está penado con un año de prisión, siendo tomado como agravante el hecho de que el responsable sea un funcionario público, como es el caso de las autoridades de una facultad. “Yo voy a ir a la Justicia penal, por el juicio penal, con la firma de los 220 profesionales y no descarto que me acompañe en la firma la propia Universidad, con el rector Raúl Perdomo”, sentenció el defensor. Y sobre la determinación de avanzar hasta las últimas consecuencias con las denuncias, afirmó: “No tengo la menor duda”.

Ensañamiento

De acuerdo al relato de Marcelo David mientras transcurrió el proceso legal, es decir a lo largo de cuatro años, desde las autoridades de la Facultad de Medicina, “se calumnió a los estudiantes, se los trató de vagos, llamaban a cada uno de los hospitales para que no los tomaran y los dieran de baja, mandaron una carta al Colegio de Médicos diciendo que eran un peligro para la Salud de la Provincia de Buenos Aires, todo con nombre y apellido”.

Otras prácticas que para David se daban de manera recurrente era que los alumnos debieran atravesar listas negras en toda mesa examinadora, las largas esperas por los trámites cajoneados en la Facultad y la persecución por parte de los encargados de los centros asistenciales en los cuales los médicos debían realizar sus Prácticas Finales Obligatorias (PFO).

 

El abogado señaló estas actitudes como hechos calumniosos y remarcó el alejamiento de los marcos institucionales en los que se incurrió desde el establecimiento universitario. “Medicina debe asumir que la institucionalidad se caracteriza en el sistema republicano de derecho por cumplir los fallos de la Justicia, fallos que en otras épocas los beneficiaron y así sometieron por años a los alumnos a un ingreso restrictivo”, afirmó.

Cuatro años de disputas

El conflicto comenzó en 2010 cuando la Facultad de Medicina dictó una resolución que indicaba que para ingresar a la Práctica Final Obligatoria (PFO), los estudiantes no podían adeudar ninguna materia.

 

En esa oportunidad los alumnos que habían ingresado con otro plan de estudios denunciaron que esas nuevas exigencias no podían aplicarse en forma retroactiva y debieron recurrir a una medida cautelar de la Justicia para poder cursar la denominada PFO. En el ámbito de la UNLP, el Consejo Superior dio su visto bueno al planteo de los estudiantes. Pese a ello la Facultad mantuvo su postura y llevó el tema a la Justicia. Fue la Cámara Federal de La Plata la que rechazó los argumentos planteados por la unidad académica y dictaminó la plena validez de los estudios cursados por los 220 graduados en cuestión. Sin embargo, lejos de intentar solucionar la problemática y acatar la decisión del poder judicial, Medicina insistió con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente el pasado martes ese recurso fue desestimado y considerado por el máximo tribunal como “inadmisible”.

“No voy a reformular mi postura”

Consultada por este diario sobre las acusaciones que pesan en su contra, la decana de la Facultad de Medicina, Ana Lía Errecalde, negó la posibilidad de desacato y apuntó contra los graduados. “Había juicios que iniciaron los estudiantes, todo juicio lleva su tiempo y ahora terminaron, pero no hubo ningún desacato a ninguna orden judicial”, sostuvo la titular de la casa de altos estudios.

 

“Lo que yo quiero dejar aclarado es que las cautelares las iniciaron los alumnos a la Facultad, nosotros nos defendimos y terminó de esta forma”, reiteró la funcionaria académica. “Yo voy a cumplir el fallo de la Corte, reformular mi postura no”, dijo en referencia a la determinación del alto tribunal en favor de los médicos. Y ante la posibilidad de que el caso puede de­sarrollar un largo camino en la Justicia penal, respondió con evasivas. “La verdad que no lo sé, tendré que consultar con mi abogado, no entiendo de abogacía…”, expresó Errecalde.