El grupo de amparistas se constituye por Claudia Guerra, Andrés Vivanco, Eduardo Sosa, Domingo Ortiz de Zarate, Alberto Bardón, Marta Dávila, Marcela Topcic, Elena Fernández, Ricardo Camutti, Edgardo Ortega, Juan Carlos González, José Pissani, Laura Ballester, Carlos Muratore y Claudia Tejedor, quienes demandaron al Estado provincial y a la Caja de Previsión, que desde marzo de este año vienen pagando en forma “paulatina” sin haber dictado ninguna medida económica que lo respalde.

La demanda, que es la misma que meses atrás cayó en escándalo cuando las doctoras Guerra y Dávila fueron habilitadas por el Juez para notificar al entonces Presidente de la Caja de Jubilaciones, lo que terminó en denuncia penal por lesiones leves en el marco de violencia de género y amenazas.

Cuando el juez de Familia, Antonio Andrade, recibió el amparo, ordenó una medida cautelar en la que ya estableció que este grupo de jubilados cobrase sus haberes previsionales del 01 al 07 de cada mes. Sin embargo, ayer, el magistrado emitió una sentencia definitiva sobre el tema.

Lo que hizo fue declarar entonces la ilegitimidad del pago paulatino y parcializado de los haberes jubilatorios, ratificando la fecha de pago con límite hasta el 07 de cada mes vencido, pero además, “declarando como fechas ciertas para el pago del Sueldo Anual Complementario, los días 07 de junio y 07 de enero de cada año”, se lee en el fallo, que vuelve a incluir intereses moratorios.

Vale recordar que actualmente en Río Gallegos tramitan más de 70 amparos presentados por distintos jubilados y sólo 16 de ellos son ex funcionarios del Poder Judicial. El Juez de Familia le dio carácter colectivo al cúmulo inusitado de demandas que persiguen el cobro de haberes jubilatorios en “tiempo y forma”, pero cada trámite está en una instancia distinta, conforme se fueron presentando.

En abril, Andrade fue recusado por la Fiscalía de Estado que conduce Fernando Tanarro, entendiendo que con la cautelar de este amparo, generaba un “perjuicio” al Estado, acusando al magistrado de poner en duda que el Gobierno no tenía los fondos. Sin embargo, más tarde, la Cámara de Apelaciones definió que no había pruebas para sospechar de la “neutralidad” del Juez.