El ancho agujero fiscal: en un año se perdieron $ 19.000 millones

Por: Alcadio Oña

Una expresión elocuente del nivel que han adquirido las urgencias fiscales fue, la semana pasada, el financiamiento del PAMI al Gobierno por 1.630 millones de pesos. Nada menos que el equivalente a 423 millones de dólares, para afrontar deuda pública. No es la primera vez que se hace en la gestión K, pero la insistencia en el método entraña un disloque: usar a la obra social de los jubilados como si fuese un banco.

Alguien podrá alegar que si el organismo tiene liquidez lo mejor es que le saque jugo y la aproveche el Estado. El argumento desaira el sentido común, pues si al PAMI le sobra plata suena más apropiado emplearla en mejorar las prestaciones. O al revés: que si tiene tanta es posible que esté descuidándolas.

Pero así están las cuentas públicas, de peor en peor.

En los primeros ocho meses del año pasado, el superávit primario había alcanzado a $ 28.034 millones: el Estado recaudó mucho más de lo que gastó para funcionar. En el mismo período de 2009, el saldo fue de 8.472 millones.

Significa, pues, que de un año al otro se perdieron más de $ 19.000 millones. O 5.000 millones de dólares, que no es una mala referencia, pues el superávit primario sirve para pagar deudas. Así, la salida consiste en meter mano en cuanta caja haya disponible, como la del mismísimo PAMI.

Según como se lo mire, el bajón fiscal puede explicarse en un gasto que aumenta cerca del 30 % o en ingresos que marchan al 11 %. El gasto crece igual que en años pasados, sólo que ahora los recursos definitivamente no alcanzan.

Pasa, además, que hoy el superávit primario es puro ANSeS. Dicho de otra manera, que sin la estatización de los fondos de las AFJP las cuentas estarían en rojo: es la pata fiscalista de una decisión que fue presentada con ropaje político.

A falta de otras fuentes de financiamiento, el Gobierno exprime lo que tiene a su alcance. Y muchísimo. Según el diputado Claudio Lozano de Proyecto Sur, el Tesoro Nacional usaría 12.556 millones de pesos de la ANSeS; 10.900 millones del Banco Central y 8.300 millones del Nación. En total, $ 31.756 millones.

Amado Boudou ha calculado que este año habrá un superávit primario del 1,36 % del PBI. Pero si los ingresos no crecen bastante más que hasta ahora o se recorta el gasto, el resultado va para casi cero o directamente cero. Justo en un punto que el kirchnerismo consideró un activo de su cosecha.

Y todo a pesar de que la Nación se queda, entre otros recursos, con las retenciones, los gravámenes a las importaciones y el 85 % del Impuesto al Cheque. Aceptó compartir con las provincias el 30 % del fondo sojero, pero en números del Presupuesto de 2010 entre comercio exterior y Cheque extraerá limpios $ 67.000 millones.

Y en la cuenta completa, el Gobierno absorbe el 70 % de la recaudación tributaria nacional.

Encima, dispone de la ANSeS. Que además de las contribuciones de empleados y empleadores recibe el 15 % de la coparticipación con las provincias; un 10,3 % del IVA; el 20 % de Ganancias y tajadas de varios impuestos más.

Se redondea así un cuadro conocido: reparto muy desigual de la recaudación a favor de la Nación y, consecuentemente, cruda dependencia económica y política del poder central.

En este escenario el diputado peronista y ex secretario de Hacienda de la Nación, Jorge Sarghini, avanza con una propuesta que ha empezado a tratar con varios ministros provinciales.

Por un lado, prevé que el 50 % de los impuestos que van a la ANSeS sea distribuido entre las provincias. Fueron recursos que ellas cedieron cuando el sistema previsional cargaba con la mochila de la privatización y en realidad les corresponden.

Luego, que los ATN, que el Gobierno retiene y se conforman con un porcentaje del Impuesto a las Ganancias, sean computados contra la deuda que en 2010 las provincias deben afrontar con la Nación. De nuevo: los ATN están para ser distribuidos entre las provincias y no, como se hace, para financiar al Tesoro Nacional. Hay acumulados unos $ 11.000 millones.

El proyecto busca aflojar el ahogo financiero que aprieta a los gobernadores. Y es bastante más concreto que las promesas de auxilio, caso por caso, discrecionales, que el Poder Ejecutivo puso en el Presupuesto.

Si en los legisladores del interior existe ánimo de dar batalla de verdad por el muy desigual reparto de los recursos, la discusión del Presupuesto y los impuestos promete ser movida. Pero si optan por conformarse con las promesas, seguirá la dependencia del poder central y serán más que probables los manotazos fiscales de apuro, como el de Buenos Aires.

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