Anatomía de un despilfarro

Por Juan J. Llach

Sobrada y triste experiencia tenemos los argentinos en despilfarrar recursos públicos. Baste recordar Yacyretá, ese "monumento a la corrupción" que atravesó varios gobiernos, o el final de los años 70, con los excesos del mundial de fútbol y una orgía armamentista para hacer la guerra con Chile, felizmente evitada. Quizá nunca, sin embargo, se había llegado a los extremos de los últimos seis años, por la magnitud, la opacidad y, sobre todo, la flagrante inequidad de un sistema centralista de captación de rentas y de reparto discrecional de subsidios y privilegiadas exenciones de impuestos.

Para peor, en su mayor parte, ello no fue votado por el pueblo por medio de sus representantes, sino decidido por un Ejecutivo con poderes especiales que distribuyó ingresos "excedentes" originados en cálculos de recursos intencionalmente subvaluados.

En breve síntesis, para que el Tesoro nacional, los consumidores pudientes y los beneficiarios de exenciones pudieran disfrutar de mayores ingresos, vieron menguados los suyos, o los beneficios que les hubieran correspondido, millones de hogares pobres, las tesorerías provinciales y municipales, las economías regionales. El grueso de los subsidios, escondidos bajo el rubro "transferencias al sector privado", abarató los precios del transporte y la energía y, aunque no fueron sólo ricos quienes se beneficiaron ni sólo pobres quienes sacrificaron ingresos o beneficios, este accionar a la Hood Robin fue el predominante y desnudó falacias tan mentadas en los últimos tiempos sobre la redistribución del ingreso.

También se perjudicó a las generaciones futuras, porque el sistema condujo a consumir activos y a comprometer reservas de gas y petróleo que costará mucho esfuerzo reponer.

Aun a riesgo de aburrir, vale la pena detenerse para mostrar los números de este magno despilfarro, incurrido crecientemente entre 2003 y 2008. El Tesoro nacional otorgó subsidios al sector privado por 41.800 millones de dólares y exenciones impositivas por otros 26.800, totalizando la friolera de 68.600 millones de dólares. Esta cifra supera los 64.800 millones que el gobierno nacional invirtió en el mismo período en la suma de sectores tan relevantes como educación, cultura, ciencia y técnica, salud, agua potable y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, y en las transferencias directas a personas realizadas bajo los programas de promoción y asistencia social (el plan jefas y jefes de hogar, entre otros), el seguro de desempleo y los salarios familiares.

Cuesta creerlo, pero es así, y lo validan otras comparaciones. Por ejemplo, los subsidios y privilegios mencionados fueron 2,7 veces mayores que toda la obra pública realizada o financiada por el gobierno nacional en el mismo período.

La relación con la inversión en educación es aun más sorprendente. Subsidios y privilegios fueron cinco veces mayores que el total de lo invertido en educación, cultura, ciencia y tecnología por la Nación, y un 8% mayores que el total invertido por este concepto por los tres niveles de gobierno.

Al lado de estos números, quedan ensombrecidos los logros de la ley de financiamiento educativo. Puede estimarse, al culminar el período de vigencia de sus metas financieras (2006-10), que la Nación habrá aumentado 8000 millones de dólares su inversión en educación, y las provincias y municipios otros 26.000 millones, cuya suma resulta inferior a los subsidios mencionados, aun sin contar las exenciones impositivas. Por otro lado, la asistencia social directa de la Nación a los más pobres fue de sólo 6200 millones de dólares, y la otorgada por todos los niveles de gobierno llegó a 18.570 millones, de nuevo muy por debajo que los subsidios recibidos por sectores más pudientes.

Como última comparación, digamos que si estos subsidios y privilegios se hubieran destinado a la inversión en educación, cultura, ciencia y técnica salud, vivienda y desarrollo social de la Nación, las provincias y los municipios, la misma podría haberse incrementado en un 40%.

La lista de necesidades más urgentes o importantes que podrían haberse satisfecho con los dineros despilfarrados es, por cierto, larga y conmovedora. Desde obras para aliviar la dura vida cotidiana de las barriadas pobres en las grandes ciudades, hasta combates más decididos a la desnutrición y a la mortalidad infantiles, pasando por mejores transportes urbanos y caminos, más ciencia y técnica, hospitales de excelencia, viviendas dignas o agua potable y saneamiento.

Para dar un ejemplo bien concreto, la reorientación de los fondos en cuestión habría permitido conseguir simultáneamente que todas las escuelas fueran hoy de doble jornada y una asignación mensual por hijo de hasta 19 años de 2000 pesos anuales, aproximadamente. Esto habría sido posible aun sin eliminar aquella porción de los subsidios y exenciones que son recibidas por sectores de menores ingresos, como el del transporte urbano o la menor alícuota del IVA de algunos alimentos. Tendríamos así a todos los chicos y jóvenes de la Argentina bien nutridos y asistiendo a escuelas en las que además de lengua, matemática y ciencias sociales básicas, podrían también acceder a una formación humana más profunda, la segunda lengua, la recreación y los deportes, la expresión artística, las tecnologías, ampliándoles las oportunidades de encontrar sus vocaciones personales y desarrollarse en ellas.

De más está decir, se habrían dado de este modo pasos gigantescos para reducir la desnutrición, la indigencia y la pobreza, para mejorar la distribución del ingreso y para lograr un desarrollo integral a futuro.

Ojalá fuera posible que el estudio atento de esta anatomía del despilfarro sirviera como lección duradera en el tiempo por venir. En parte lo será, pero a la fuerza, porque la escasez de rentas fiscales durará un par de años y no será posible ni seguir subsidiando mal, ni empezar a invertir bien en montos tan significativos como los aquí analizados. Además, se insinúa ya un nuevo uso dispendioso y poco transparente de recursos, el de la Anses.

Ambas cuestiones, y más ampliamente la de la generación y el uso de los fondos públicos, configuran el desafío más importante que enfrentan los actores del nuevo escenario de mayor equilibrio político.

El diálogo podría ser una oportunidad, aunque su nacimiento no es promisorio. La cercana discusión del presupuesto 2010, el del primer bicentenario, brindará otra ocasión. Pero para aprovecharlas será necesario superar males inveterados entre nosotros, tales como la carencia de planes estratégicos y agendas, el predominio de lo urgente, el afán de satisfacer al más ruidoso, el cortoplacismo. Un presupuesto cuatrienal sería el mejor modo de moderar estos males. Pero, dado que esto no es hoy políticamente realista, en la próxima ley de presupuesto el Congreso podría establecer, al menos, claros criterios tributarios y prioridades de la asignación de los recursos públicos, privilegiando las necesidades de los que menos tienen y una satisfacción de las mismas exenta de paternalismo y clientelismo y compatible con un desarrollo integral.

El autor es director del Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía del IAE-Universidad Austral; fue ministro de Educación de la Nación (1999/2000).

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