La anarquía de los agroquímicos

La anarquía de los agroquímicos

El avión pasa, y deja en cada hectárea de campo su dosis de pesticida. El viento acorta la distancia que lo separa de una escuela. No escapan del recorrido algunas de las casas que se encuentran diseminadas en esa zona rural

a situación, que resulta muy conveniente para los productores agropecuarios, se transforma en sombría para los vecinos.

Aunque los estudios de impacto en el ambiente y en la salud de la población humana y animal varían en sus proporciones, se sabe que la exposición a los agroquímicos resulta perjudicial para cualquier ser humano.

Y la provincia de Buenos Aires es uno de los principales consumidores y aplicadores de estos productos.

Se conoce, además, que algunos de ellos requieren de extremas medidas de seguridad para ser utilizados. Medidas que van desde su transporte y su utilización hasta el posterior reciclado de los envases.

Sin embargo, y pese a esta circunstancia, en la provincia de Buenos Aires no hay una legislación que tipifique los pesticidas, y que regule su utlización en la producción agropecuaria. Tampoco desde el Ejecutivo ha prosperado una regulación o un control sobre la actividad.

La demora parece estar atada casi exclusivamente a la puja de intereses, más que a la desidia de los gobernantes. 

En el territorio bonaerense, desde 1991 rige el decreto ley 10.699, que establece la normativa básica para la explotación productiva en el campo. 

El problema de esta norma es que fue redactada antes del boom de la soja y de las semillas modificadas genética- mente. Es decir: fue legislada antes de que surgieran como forma de producción los pesticidas de baja, media y alta potencia. Por esos años la producción se triplicó en el territorio bonaerense, y la bonanza trajo como contrapartida la aparición de denuncias concretas, por problemas de salud de vecindades rurales como consecuencia del uso irracional de los pesticidas.

Más de veinte años después la Provincia sigue sin tener una ley que regule el uso de los agroquímicos, desde todas sus variables. El principal punto de conflicto es la marcación de la distancia que debe mediar entre el lugar de fumigación y las zonas urbanas, los cursos de los ríos y las escuelas rurales. Desde las empresas distribuidoras de los productos aseguran que en todo el mundo no existen restricciones al respecto, sólo cuidados en la forma de aplicación. 

La infinidad de denuncias que comienzan a multiplicarse por todos los distritos rurales provinciales parecen indicar lo contrario. El problema es que, ante la falta de una norma que rija a todas las comunas, cada municipio establece las reglas como puede, quiere o le conviene.

Un estudio realizado en ciudades del sur de Santa Fe detectó restos de pesticidas en sangre causante de cáncer y malformaciones en fetos.

Comentá la nota