El ARI analizaría una «armonización» del sistema jubilatorio de la provincia para evitar el crack

Como la «transferencia» de la Caja de Jubilaciones está prohibida por la Constitución Provincial, el senador José Martínez, ex director del Instituto de Previsión Social, pretendería la «armonización» del sistema, al gestionar recursos del ANSES. Esto implicaría que los trabajadores estatales fueguinos tendrían mayores requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, con un aumento progresivo y sustancial de la edad jubilatoria, de los porcentuales de aportes y contribuciones; y la forma de determinación del haber jubilatorio pasaría nuevamente a ser un promedio.
RIO GRANDE.- Dos palabras: «armonización» y «transferencia», cobran un significado inusual en razón de los difíciles tiempos que corren en el megaorganismo que administra el ámbito de la seguridad social de los empleados públicos provinciales de Tierra del Fuego, IPAUSS, ante las dificultades de gestión propia y financiamiento que hacen peligrar la continuidad de las prestaciones médicas y el pago normal de jubilaciones en dicho instituto.

Esta significación adquiere particular relevancia cuando una legisladora oficialista, quien ejerció su mandato por dos períodos consecutivos como directora electa del sector activo en representación del SUTEF, indicó luego del plenario de legisladores con los directores del IPAUSS, que «la Gobernadora, a través de los senadores nacionales, está gestionando con los institutos nacionales, como el ANSES, fondos que se le deben a la provincia y deben ser destinados al instituto».

Seguramente, para muchos de los trabajadores estatales afiliados al IPAUSS, estas afirmaciones llaman la atención y para otros quizás pasaron inadvertidas. Sin embargo, a poco de andar y para aquellos que conocen de previsión social, señalan preocupación sobre el destino final del régimen jubilatorio provincial.

Fundamentan las fuentes consultadas que los fondos que la legisladora haría referencia son los originados en la década del ’90 por acuerdos, compromisos y pactos fiscales en nuestro país y a los cuales Tierra del Fuego adhirió expresamente; recordemos como un primer ejemplo el acuerdo entre el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales, suscripto por el gobernador José Estabillo el 12 de agosto de 1992 y ratificado por la Ley 24.130 que, respecto al tema previsional señala:

Primera: A partir del primero de setiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15% (quince por ciento), más una suma fija de $43.800.000 mensual, de la masa de impuestos coparticipables prevista en el artículo 2do. de la Ley 23.548 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la firma del presente, en concepto de aportes de todos los niveles estatales que integran la federación para los siguientes destinos:

a) El 15% (quince por ciento) para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos que resulten necesario.

Otro importante antecedente a tener en cuenta a la hora de referirnos a estos fondos, es la Ley 24.241, sancionada el 23 de setiembre de 1993 y parcialmente promulgada el 13 de octubre de 1993 que crea, con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) y que conforman este sistema: 1) Un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto, en adelante también Régimen de Reparto, y 2) Un régimen previsional basado en la capitalización individual, en adelante también Régimen de Capitalización.

Este régimen de capitalización fue eliminado, absorbido y sustituido por el régimen de reparto a partir del 9 de diciembre de 2008 mediante Ley 26.425, donde se dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen que se denominara Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) financiado a través de un sistema solidario de reparto.

Rotunda negativa a la transferencia

Tierra del Fuego, en pleno apogeo de la Ley 24.241, mediante la Ley Provincial 128, sancionada el 28 de diciembre de 1993 y promulgada el 29 de diciembre de 1993, estableció en su artículo primero que no adhirió a la Ley 24.241 y el artículo segundo que no transfiere el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) al ámbito nacional, norma legal que adquiere singular valor junto con el Artículo 51° de la Constitución Provincial (CP) a la hora de hablar de la tan mentada transferencia, cuando algunos sectores mal intencionados la esgrimen para sembrar dudas y temores entre los pasivos al momento de discutir la innegable conveniencia de separar los institutos fusionados en el IPAUSS para la recuperación de sus patrimonios.

Posteriormente el 6 de diciembre de 1999 el Gobierno de Carlos Manfredotti suscribió por Tierra del Fuego el Compromiso Federal, ratificado por Ley 25.235, que estableció entre otras cosas lo siguiente en materia previsional:

Décimo segundo: El Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficit globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos hasta la fecha del presente convenio en función de los regímenes actualmente vigentes; como los de aquellos sistemas que arrojen déficit previsional originados en forma individual (personal civil, docente, policial, etc.).

-Las cajas continuarán administradas por las respectivas provincias, si así lo desearan o cláusulas constitucionales impidieran su transferencia, quienes armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro.

-Sin perjuicio de ello las provincias podrán constituir fondos compensadores para determinadas situaciones especiales asignándoles recursos específicos, por vía legal y con administración a cargo de la respectiva caja.

-El Estado Nacional financiará los déficit en forma escalonada y acumulativa en los siguientes porcentajes: para el año 2000 el 5%, el 2001 el 20% del déficit anual del sistema previsional de cada provincia. A tal efecto se sancionarán los convenios correspondientes entre el Estado Nacional y cada Gobierno Provincial, que contemplarán una auditoría completa de la situación preexistente.

-En caso de prorrogarse los pactos fiscales o de dictarse la nueva ley de coparticipación a partir del vencimiento del presente, se completará hasta llegar al 100% la atención por parte del Estado Nacional de los déficit fiscales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, en los tres años subsiguientes.

Es decir que, para Tierra del Fuego la opción de armonizar su sistema jubilatorio con el establecido en orden nacional, en función de la ley vigente en materia previsional, es decir la Ley 24.241 y sus modificatorias o de las disposiciones que en el futuro las sustituyan, ha estado siempre operativa; sin embargo en mérito a la preocupación histórica de los distintos directores del ex IPPS como del IPAUSS, que estuvieron oportunamente comprometidos con la defensa del sistema previsional, posición que fijaron en el COFEPRES (Consejo Federal de Previsión Social) y evitaron en todo momento someter al sistema fueguino a este proceso de armonización.

Qué se entiende por armonización

Entiéndase entonces que la armonización previsional no implica necesariamente la transferencia de los jubilados fueguinos al ANSES ya que Tierra del Fuego mantendría en su ámbito provincial la administración del régimen jubilatorio, conforme a la cláusula constitucional y leyes vigentes en la materia, pero los trabajadores estatales fueguinos tendrían mayores requisitos para acceder al beneficio jubilatorio en función de esa armonización, como ser un aumento progresivo y sustancial de la edad jubilatoria, de los porcentuales de aportes y contribuciones, la forma de la determinación del haber jubilatorio que pasaría nuevamente a ser un promedio y así sucesivamente con otras particularidades de régimen que afectaría directamente a los docentes.

Básicamente los convenios de armonización señalan casi como letra de molde la siguiente cláusula: «se realizará en función de las leyes nacionales vigentes en materia previsional o de las disposiciones que en el futuro las sustituyan, en orden al régimen de aportes y contribuciones, así como de los beneficios y los requisitos para su acceso, para los regímenes administrados por la Caja de Previsión Social de la provincia, los que se ajustarán a las pautas de la Ley Nº 24.241, sus modificatorias y complementarias».

Se debe recordar que, desde la misma manera que los representantes del ex IPPS y del IPAUSS en su momento, rechazaron el régimen de capitalización individual de la Ley 24.241, la transferencia y la prorrata tempore, también estos junto a otras provincias que no han transferido sus regímenes previsionales y cajas municipales en el seno del COFEPRES que integra el ANSES, insistieron en la necesidad que los procesos de asistencia económica de la Nación a las provincias en materia de déficit previsional, se haga desde el derecho que les asiste a las provincias por su esfuerzo materializado en la retracción de la masa de impuestos coparticipables del orden del 15% que el Estado Nacional retiene para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales, sin que se les imponga la obligación de armonizar.

Ya hubo avance sobre Santa Cruz

Hoy se desconoce qué está ocurriendo en esta importante materia en el seno del COFEPRES, ante la falta de información pública mediante los informes correspondientes por parte de los directores del IPAUSS, técnicos jurídicos, previsionales e informáticos, que concurren actualmente a las jornadas y eventos organizados por dicho consejo.

Sin embargo, a la luz de las noticias, sabemos que la imposición de armonizar se ha profundizado en extremo en todo el país y de hecho que las pocas jurisdicciones provinciales sin recurrir a este financiamiento del déficit global previsional por la vía de la armonización ya lo están haciendo, como ocurre con la provincia de Santa Cruz que habría firmado el convenio el 23 de diciembre de 2008 y recién el 23 de abril de 2009 salió a la luz pública cuando fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto Nacional 347/09 que ratifica dicho convenio.

Por esa razón es legítimo preguntar, sin abrir aún juicios de valoración acerca de los actores intervinientes, en qué consisten esas negociaciones ante el ANSES por parte del Gobierno y senadores del ARI para que esos fondos administrados por dicho organismo nacional vengan al IPAUSS, sobre todo bajo qué condiciones, ¿tal vez armonización?, ya que se descarta de plano la transferencia por la garantía constitucional existente sobre el sistema jubilatorio.

Se sabe también que esos fondos son varias veces millonarios, según la base de cálculos que se utilice para determinar el mismo, recursos estos que traerían alivio a las alicaídas arcas provinciales y del IPAUSS.

Finalmente otras expresiones que llaman la atención y que van en el mismo sentido de la armonización del sistema previsional fueguino, son las del director electo de los pasivos en representación del Centro de Jubilados de Ushuaia «Akainik», Jorge Vargas, cuando días pasados tuvo una fuerte crítica hacia las jubilaciones de los «25 inviernos» agregando que el sistema previsional va camino a hacer crack.

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