La posibilidad de regresar al sistema de corresponsabilidad gremial, un procedimiento que permitía dar cobertura social y jubilatoria a los trabajadores temporarios de cosecha, pero que fue denunciado y dado de baja en junio del año pasado, fue analizado como una salida para el problema que se vuelve a presentar esta temporada. Es que personal del Ministerio de Trabajo de la Nación está realizando inspecciones en propiedades en la provincia en las que se está llevando adelante la cosecha de uvas y cuando detectan trabajadores no registrados proceden a labrar actas, que pueden convertirse en multas, que deben afrontar los viñateros.

Preocupados por la situación, porque los productores sostienen que muchos cosechadores no quieren registrarse e incluso aportan datos falsos para no perder los planes sociales, plantearon la situación en el Ministerio de la Producción. Así fue que el lunes por la mañana hubo un encuentro en la sala de reuniones del área con la presencia del ministro Andrés Díaz Cano; el delegado del Ministerio de Trabajo, Fernando Patinella, la gerente de Empleo, Viviana López Puerta y representantes de cámaras y asociaciones que nuclean a los productores agrícolas y vitivinícolas.

En la charla surgió la posibilidad de reflotar la corresponsabilidad gremial, un método alternativo ideado para dar acceso a los trabajadores al sistema de la seguridad social con todos sus componentes, es decir jubilación, obra social, cobertura de ART, seguro de vida y de desempleo.

El sistema se desactivó en junio del año pasado, cuando tanto la Cámara Vitivinícola, la Federación de Viñateros y el propio gremio de los trabajadores de cosecha plantearon su anulación. Fue porque, en el caso de los productores, sostenían que con el bajo precio que recibían por la uva, no podían pagarlo.

Además, se había acumulado una deuda considerable por la falta de pago, que se transformó en un problema económico tanto para el productor como para la industria, debido a la inmovilización de volúmenes vínicos en las bodegas. Es que cuando el productor entregaba sus uvas a una bodega para que se elaborara vino a maquila y no pagaban el convenio, el INV le inmovilizaba el vino a la bodega y el producto no se podía vender.

Ahora, en medio de una nueva temporada de cosecha de uvas, el problema volvió a aparecer. La semana pasada personal del Ministerio de Trabajo terminó de inspeccionar 50 propiedades, ubicadas en Sarmiento, Zonda y Caucete, y de 400 personas controladas, la mitad no estaban registradas. Por esa situación, los propietarios de las fincas serán intimados y citados a una audiencia para regularizar la situación. Si lo hacen, evitarán fuertes multas, en caso contrario tendrán que pagarlas.

El principal problema que encuentran los viñateros es que el cosechador que tiene un plan no lo pierde por estar registrado para la cosecha, pero sí se los suspenden y lo vuelve a percibir cuando concluye la tarea. Por eso, muchos optan por trabajar en negro para no dejar de cobrar el beneficio. El tema es que quien paga los platos rotos es el viñatero cuando hay una inspección, como ha sucedido ahora.

Frente al problema, el ministro Díaz Cano sostuvo que “las soluciones que estamos conversando estarían dadas en distintos convenios de corresponsabilidad, tanto para el sector de empaque, para sector frutihortícola que se firmó pero no se homologó- y para el sector vitivinícola”.

“Tenemos la experiencia de que es lo que no tenemos que hacer y de qué manera lo tenemos que hacer, para que los viñateros tengan la facilidad de poder registrar y que el registro de los trabajadores sea verídico”, agregó el funcionario.

Patinella, el delegado del Ministerio de Trabajo, rescató la “voluntad de diálogo” que resultó de la reunión.

Los productores, por su lado, reclaman una pronta solución para no agravar aún más la situación del campo.