Analizan medidas para evitar embargos

Después de la incautación de fondos en Nueva York, asesores de la Presidenta buscan cómo garantizar el pago de deuda con reservas
En sus oficinas jurídicas, el gobierno de Cristina Kirchner analiza ahora a toda marcha posibles medidas complementarias al decreto 2010/09 para evitar futuros embargos de las reservas del Banco Central que se utilicen para pagar la deuda en 2010, como el congelamiento de fondos que dispuso anteayer el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, y que la Presidenta atribuyó a conspiraciones de la oposición y a los fondos buitres.

"Se estudian alternativas para garantizar que los fondos no sean embargados, pero nada que signifique un retroceso del decreto", aseguró ayer a LA NACION una fuente oficial en la Casa Rosada.

Un posible camino sería ampliar la capacidad del Banco Central (BCRA) para financiar al Estado con adelantos transitorios al Tesoro. Su Carta Orgánica dispone en la actualidad un tope del 12% de la base monetaria o ($ 110.000 millones) o un 10% de la recaudación de los últimos 12 meses.

Según fuentes de la Casa Rosada, ese tope significa hoy unos 16 a 20.000 millones de pesos, que el BCRA le puede prestar al Tesoro nacional en forma anual. "Si se ampliara este tope, el Banco Central queda como un ente autónomo que financia al Tesoro, pero no sería parte del Tesoro, como dice Griesa. Son alternativas que se analizan. Pero hay otras", indicó a LA NACION otra fuente gubernamental.

El presidente del BCRA, Martín Redrado, apeló ayer en Nueva York los embargos de Griesa, mediante los abogados del Central (ver aparte). Pero la Casa Rosada fue ajena a ese trámite judicial.

Sí analizó, en cambio, cómo dotar al decreto 2010 de protección jurídica contra los embargos en el futuro. En ello trabajan, principalmente, el secretario legal y técnica, Carlos Zannini, y el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, con sus asesores jurídicos. Interviene el ministro de Economía, Amado Boudou, a quien todos responsabilizan en la Casa Rosada por el cuestionado decreto, y su secretario legal, Benigno Vélez.

En menor medida, se hacen consultas a los directores del BCRA que responden al Gobierno, como Miguel Angel Pesce. Redrado no fue consultado. El clima oficial es de extremo nerviosismo por el impacto económico y político de futuros embargos.

Cualquiera sea la propuesta, aún no pasó por el tamiz de la presidenta Cristina Kirchner ni por la evaluación política del ex presidente y diputado Néstor Kirchner. Lo que tampoco se decidió es si una eventual medida complementaria se aplicará por decreto o por una ley del Congreso, con consenso opositor.

Según fuentes parlamentarias kirchneristas, ayer no había ninguna indicación de la Casa Rosada.

Cajas diferentes

Los funcionarios del Gobierno creen que si se amplía el tope de adelantos transitorios del BCRA -que ya se usan para financiar al Estado-, el Central no debería usar reservas porque son cajas diferentes. "En todo caso, se demostraría que el decreto 2010 fue un mamarracho legal", dicen fuentes allegadas a Redrado. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/09, firmado por la Presidenta hace un mes, dispuso el traspaso de 6569 millones de dólares de las reservas del BCRA a una cuenta del Tesoro para garantizar el pago de la deuda en 2010. Redrado se negó a instrumentarlo por el riesgo de posibles embargos, por lo cual la Presidenta resolvió echarlo con otro DNU, el 18/10.

En la actualidad, ambos DNU están frenados en la justicia en lo contencioso administrativo y el juez Griesa dispuso un embargo a cuentas del BCRA por hasta 3100 millones de dólares. Ese fallo se fundó, precisamente, en que el DNU 2010 demostraría que el BCRA no es autónomo. Y que, si sus reservas se destinan al pago a acreedores privados, como lo dispone ese decreto, bien pueden ser embargadas por los bonistas que demandaron al Estado.

La apelación del BCRA argumentó justamente que el DNU 2010 no se aplicó ni se hizo práctico y solicitó el descongelamiento de la cuenta trabada. Ahora, para salvar las reservas, el Gobierno está obligado a confiar en una apelación de un funcionario al que intentó despedir por decreto y cuyo principal fundamento es que no rige el DNU 2010, que la Presidenta estuvo defendiendo en todos sus discursos. Toda una paradoja.

Pese a que la Casa Rosada apeló con desesperación la suspensión judicial de los dos decretos de la Presidenta, no participó siquiera de la apelación de Redrado. "Se trabaja en modificar el decreto para proteger las reservas. Y para que no parezca que el Gobierno perdió", dicen en Balcarce 50.

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