La Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, reglamentada la semana pasada por el gobierno neuquino, fue analizada ayer por el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, y los intendentes de las zonas alcanzadas por la normativa. El objetivo fue avanzar en su aplicación a través de la conformación de consejos consultivos que evalúen la problemática de cada localidad y las correcciones que se consideren necesarias en los mapas ya diseñados. Del encuentro, realizado en el Centro Pyme-Adeneu, participaron los intendentes de Villa La Angostura, Roberto Cacault; de Villa Traful, Nicolás Lagos; de Villa Pehuenia, Sandro Badilla; y de San Martín y Junín de los Andes, Juan Carlos Fernández y Juan Domingo Linares, respectivamente.

Bertoya explicó que en el caso de las zonas que fueron calificadas con la categoría I rojo (de muy alto valor de conservación), se les solicitó a los intendentes que eleven una propuesta de conformación del Consejo Consultivo Local “para que cada uno vea la problemática de su localidad y a partir de la expresión que surja en ese espacio, será evaluado por el Consejo Consultivo Provincial para ser tratado por la Dirección General de Bosques. Una vez realizadas estas instancias pasa a la firma del ministro para la aprobación o rechazo de las propuestas que se realicen”.

La conformación del Consejo Consultivo Provincial, que establece el decreto 2780, “estaría integrado por técnicos del INTA, Parques Nacionales, de la Subsecretaría de Medio Ambiente de provincia, una autoridad nacional de Bosques y un representante del ministerio a mi cargo”, informó Bertoya y aclaró que los intendentes “serían quienes conformarían los Consejos Consultivos Locales según la realidad y la conformación institucional, sectorial y política de cada ciudad”.

El ministro recordó que se perdieron “sumas de dinero de 2 o 3 millones de pesos por no poder recuperar la documentación que hasta el día de la fecha está retenida por el personal que estuvo en su momento en la Dirección de Bosques”. Indicó que, de esos fondos, “el 70 por ciento tendría que estar destinado a cada uno de los ejidos y del territorio provincial y sólo el 30 por ciento restante tiene que estar reservado para equipamiento y pago de personal”.

A su vez, precisó: “De ese 70 por ciento que Nación nos debía aportar para la aplicación de la ley, los intendentes también son beneficiados. Es por eso que es importante ordenarnos administrativamente, en las propuestas de manejo dentro de los ejidos de cada ciudad para que el año próximo comencemos a percibir estos aportes”; y fundamentó: “Hay proyectos y queremos elaborar en forma conjunta un plan de trabajo para volcar estos recursos en beneficio de las comunidades”.

El intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández, informó que ahora les toca a los jefes comunales conformar un Consejo Consultivo Local “y la ponderación de lo que el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) estableció como algunas correcciones que hay que hacer en los mapas que ya están diseñados”.

Sobre el parque nacional donde está enclavada San Martín apuntó: “Cualquier intervención debe ser muy bien medida por la fragilidad que tiene ese sistema, ponderando las claves de desarrollo que también son importantes”.

Por su parte, el intendente de Villa La Angostura, Roberto Cacault, manifestó estar dispuesto “compatibilizar” la ley con las propias ordenanzas de la localidad que son más “restrictivas” para buscar “el desarrollo de los pueblos de manera sustentable y preservando el medio ambiente”.