Analizan una impugnación a la jueza que trabajó para la dictadura

Según lo indicado por este organismo el currículum vitae enviado por la postulante no está completo, dado que ocultaría su ayuda a la última dictadura militar.
La impugnación no sólo corresponde al CELS sino que fue acompañada por un particular que reside en Trelew. Allí se pone énfasis en que la postulante se desempeñó –durante la última dictadura militar- en un Juzgado de Bahía Blanca.

El consejero que representa a la comunidad madrynense explicó que "se dio lugar a la impugnación" aunque aclaró que "la persona que es impugnada tiene derecho a defensa".

La metodología del trabajo implica que sean remitidas copias del expediente a cada uno de los consejeros para que lo analicen y tengan pleno conocimiento de la labor que la postulante desarrolló durante el proceso militar.

Grazzini explicó que "no hay ninguna normativa sobre que un funcionario de la dictadura asuma un cargo público", aunque advirtió que "la doctora Gloria Girotti de Fernández está denunciada por varios delitos contra el derecho a la persona y los derechos humanos".

En el caso que denuncia el CELS la situación excedería estos límites porque la postulante a cubrir el cargo de jueza de la futura Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn habría cumplido funciones muy específicas y particulares durante la última dictara militar.

"La denuncia dice que la doctora Gloria Girotti de Fernández era quien inspeccionaba los centros de detención clandestino, era quien hacia las inspecciones para el juez", explicó el consejero de extracción popular por los vecinos de la ciudad.

Dentro del análisis efectuado, el Consejero señaló que la impugnación o la imposibilidad de poder ejercer como funcionario público está estrechamente relacionado al "cargo que uno haya desempeñado" porque "no podemos justificar que cualquier empleado o administrativo que haya estado en la época del proceso sea impedido de poder desarrollar cualquier tipo de actividad pública por haber sido un empleado dentro del proceso militar".

La impugnación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales se fundó al entender que la mujer "carece de la idoneidad que requiere este cargo público, en la medida que sus antecedentes, desde su rol en la administración de justicia, han avalado algunos de los delitos perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar, lo cual hace sospechar sobre su compromiso con la vigencia de los derechos humanos".

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