Analizan crear un registro de violadores en Córdoba

Se consensuó con el Ministerio de Justicia un proyecto de ley que prevé que, una vez que cumplan la pena, se presenten ante el comisario de su barrio.
Si pronto se aprueba una ley provincial, los condenados por delitos sexuales que hayan cumplido su pena deberán presentarse en la comisaría y fijar domicilio y el lugar donde trabajan. Luego, deberán ratificar ante el funcionario policial esos dos datos, cada 30 días. La disposición forma parte del "Programa provincial de identificación, seguimiento y control de delincuentes sexuales" que dependería del Ministerio de Justicia de Córdoba en caso de que la Legislatura convierta en ley un proyecto que es trabajado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

El programa tiene como eje central un Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual que incorpora a todos los abusadores y violadores para su seguimiento luego de la condena. El fundamento de todo esto es el alto grado de reincidencia que tienen estas conductas.

La experiencia de referencia más inmediata es la de Estados Unidos, un país que obliga al delincuente liberado a registrarse ante la autoridad, pero que permite a ésta comunicar a toda la comunidad que allí se encuentra presente un abusador o violador.

Según adelantó a este diario el legislador Juan Brugge, uno de los autores de este proyecto de Unión por Córdoba, en la provincia se pretende ser más respetuoso de las libertades individuales garantizadas por nuestra constitución, más garantista. Señala que "si científicamente está comprobado el alto grado de reincidencia de este tipo de delitos", lo que se pretende hacer es "crear una regla de convivencia que permitirá que la autoridad policial sepa dónde está (el delincuente liberado) y qué actividades laborales realiza".

El legislador completa que "la persona (condenada por abuso) además de sus frenos inhibitorios, más la rehabilitación, sabe que la Policía conoce" su presencia en el lugar. La persona con antecedentes de abuso debe cumplir con esa obligación cada 30 días durante cinco años y, en caso de ser reincidente, durante 10.

Esto se completa con el registro de ADN y todos los antecedentes. Allí se guardarán los datos de todos los abusadores y las muestras de los delitos que no han sido resueltos.

En caso de que el individuo en rehabilitación no cumpla con la obligación de reportarse cada 30 días, o cambie de domicilio sin dar aviso o suministre información falsa, será castigado según el Código de Faltas (ley 8.431), con penas de 30 días de arresto o 200 unidades de multa.

Finalmente, más allá de estas medidas que se inscriben dentro de un programa de rehabilitación, se prohíbe que estas personas incluidas en el registro se desempeñen en los ámbitos público o semipúblico del transporte o la educación.

La adecuación de este proyecto –que además de Brugge firman los legisladores de UPC Alicia Narducci, María Alarcia y Sergio Busso– fue consensuado en su parte jurídica con técnicos del Ministerio de Justicia.

Limitaciones. El proyecto de ley tiene algunas limitaciones. La primera es que el universo de los abusos está comprendido, fundamentalmente, por delitos cometidos en el ámbito doméstico o familiar, lo cual escaparía a la esfera de acción de un comisario que tiene conocimiento de la presencia de un violador en el barrio.

Otro inconveniente es que no se modifica la legislación de fondo, en este caso el Código Penal, y no se puede avanzar en materia propia del Gobierno federal.

No obstante, puede tener una interesante utilidad en causas como las de violadores seriales. "Si hubiera existido este Registro, seguramente el caso de (Marcelo) Sajen se hubiera descubierto mucho más rápido", comenta Brugge.

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