Analizan la creación de un sistema provincial

Ante la enorme demanda de viviendas que hay en San Juan, en los últimos días surgió una iniciativa que si prospera, podría transformarse en un nuevo sistema provincial de construcción que vendría a mejorar la respuesta del Estado ante las necesidades ciudadanas.
Por iniciativa de un par de diputados del oficialismo, el gobierno está analizando la idea de generar un Plan Provincial de Viviendas que tendría un aspecto innovador, que es el de la solidaridad y del ahorro familiar, con el triple objetivo de proveer rápidamente de casas a quienes lo necesitan, dinamizar la industria de la construcción con su consiguiente ocupación de mano de obra y de motorizar una actividad demandante de bienes y servicios periféricos.

Aunque el proyecto aún se mantiene en reserva, ya forma parte de la agenda del gobierno por su alto impacto en la economía local y que tiene grandes posibilidades de concretarse. Surgió de un diputado de extracción sindical del oficialismo, a lo que se agregó la iniciativa de un segundo legislador del partido gobernante.

Lo que pasa es que la cantidad de inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) alcanza, según datos oficiales, a prácticamente 65.000 personas con sus grupos familiares, lo que involucra a grandes rasgos, a cerca del 30 por ciento de la población de la provincia.

Con los sistemas actuales, que fundamentalmente necesitan del aporte del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), la posibilidad de construir casas en San Juan se limita a los cupos que otorga la Nación actualmente en el marco del Plan Federal de Viviendas II, que para la provincia tiene en carpeta unas 1.600 casas en proceso y otras 2.200 licitadas en noviembre del año pasado pero aún no adjudicadas.

Con esa cantidad, la posibilidad real del Estado de dar respuesta concreta a la necesidad de paliar el déficit habitacional es poco menos que una utopía.

Esto es así porque en un año calendario, la provincia podría dar casas a unas 5.000 familias y así el déficit seguiría en los mismos números, ya que el crecimiento poblacional no se detiene.

Según pudo saberse, como una manera de ampliar la oferta de construcción de viviendas, se acuñó en los últimos días una idea surgida en la Legislatura, que es la de constituir un fondo común de todos aquellos interesados en contar con una casa con sistemas de amortización que no sean superiores a los 500 pesos mensuales, teniendo en cuenta que la construcción privada es directamente prohibitiva para la enorme mayoría de quienes reclaman una casa del IPV.

La iniciativa propone que cada interesado, inscripto en un registro a tal fin, haga mensualmente un aporte dinerario, cuyo monto aún no está determinado a un fideicomiso administrado por el Estado y con un aporte extra del gobierno, que se encargue de financiar la construcción de casas.

Con la suma de aportes de los diputados que se fueron enterando del proyecto, se llegó a pensar en la utilización de los terrenos que están siendo retrotraídos a manos del Estado, porque en alguna oportunidad fueron donados a alguna institución y que con el paso de los años, no fueron aprovechados.

De ese modo, el costo de construir viviendas bajaría por lo menos en el orden del 40 por ciento y utilizando modelos de construcción mínimos, las viviendas a construir podrían tener un costo que permitiría poner en marcha un programa masivo de casas para quienes aporten al fondo fiduciario que accederían al derecho por sus aportes mensuales previos a tener el bien.

Se trataría de un sistema de ahorro previo para viviendas al que, según los primeros cálculos, se podría acceder con una cuota mensual del orden de los 100 pesos por inscripto, que engrosarían las arcas del fideicomiso y que una vez que cada asociado recibiera la casa, pasaría a pagar una cuota superior, relacionada con sus ingresos y las necesidades del sistema, lo que potenciaría aún más la capacidad del fideicomiso de emprender nuevas construcciones.

En pocas palabras, aunque lo difícil sería iniciar el proceso, el plan tiene un crecimiento exponencial de límites aún insospechados, toda vez que el aumento de recursos daría lugar a licitaciones continuadas, tanto en el Gran San Juan como en los departamentos del interior provincial.

Por estas horas, el análisis que ya contaría con la voluntad política del Gobierno pasa por ver la forma jurídica de su implementación.

En los pasillos del Centro Cívico, los funcionarios del área de Infraestructura reconocieron que están en el tema y dijeron que por ahora la iniciativa se mira con muy buenos ojos.

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