ATE analiza endurecer las medidas de fuerza la semana próxima

Dirigentes del gremio estatales cuestionaron que el Gobierno no solo no cumplió con la sentencia del juez laboral Guillermo Penza que obligó a la devolución de los descuentos salariales, si no que el Ejecutivo realizó nuevas deducciones en los sueldos de mayo a un importante número de trabajadores que participaron del quite de colaboración. Afirmaron que la gestión Ríos "pretende quebrar la voluntad de los empleados". Informaron que volvieron a presentar un recurso de amparo ante la Justicia ante la insistencia en los descuentos
USHUAIA.- Ayer por la tarde la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado de Ushuaia y Río Grande se reunieron en la capital de provincial con representantes de esa organización sindical de la sede nacional, espacio donde se analizó el conflicto que ese sector mantiene con la actual Administración arista, y una de las posibilidades que sonó con fuerza se centró en la posibilidad de incrementar las medidas de fuerzas la próxima semana. Los representantes a nivel nacional que están en la ciudad como apoyo a los dirigentes fueguinos, son Héctor Méndez, secretario del Interior y Julio Fuentes, secretario adjunto del gremio.

El posicionamiento se sustenta por un lado en el incumplimiento del Gobierno en cuanto al fallo dictado por el juez Laboral Guillermo Penza, quien dictaminó a favor de los trabajadores obligando al Ejecutivo a pagar los días descontados por las medidas de fuerza que realizaron. Pero además el escenario se complica aún más, según indicaron desde ATE, dado que el Gobierno volvió a realizar descuentos en los haberes correspondientes a mayo. Pero además se volvió a dar la particularidad de que se realizaron "descuentos indiscriminados", ya que alcanzaron a trabajadores que no adhirieron a la protesta o que por ejemplo gozaban de licencia por enfermedad u otros motivos.

En este sentido, Julio Viñas, secretario gremial capitalino, cuestionó duramente a la política que lleva adelante la actual gestión y agregó que en los próximos días se estará convocando a una asamblea general para que todas las voces sean escuchadas.

No obstante, remarcó que en las diferentes reuniones informativas que se están concretando diariamente en las áreas del Estado "se nota el incremento del malestar que poseen los compañeros" para con esta Administración, y "se está más lejos de arribar a un acuerdo".

Inmediatamente aclaró que a esta situación se agrega que el Gobierno "nunca se sentó a dialogar para cumplir los puntos esenciales del reclamo, que tienen que ver con el acta acuerdo firmado el año pasado por las partes" que contempla un incremento salarial que el Gobierno condicionó, en su segunda etapa, a la marcha de las finanzas provinciales.

"Teléfono descompuesto"

Para Viñas el Gobierno "pretende jugar al teléfono descompuesto", dado que la reunión de partes que el Ejecutivo dijo que debió realizarse el miércoles en realidad "estaba convocada para ayer por la mañana y los que no asistieron fueron ellos". Y agregó que "esto quedó demostrado ante las autoridades de la Justicia, porque en representación del gremio se presentó el secretario general y la asesora legal".

Desmintió de esta manera la comunicación que dio a conocer la secretaría de Medios e Información Pública, que de inmediato salió a culpar al gremio por la no concreción de un encuentro el miércoles.

Por su parte, el dirigente Juan Vera cuestionó que el Gobierno no solo no cumplió con la sentencia del Juez Laboral Guillermo Penza, sino que volvieron a descontar días de los salarios de un importante número de trabajadores que participaron del quite de colaboración.

Finalmente, Vera opinó que la gestión del ARI "busca someter a los trabajadores, y quebrarles la voluntad al realizar nuevamente los descuentos, pero nosotros presentamos nuevamente un recurso de amparo por los días descontados de mayo".

El Gobierno apeló y recusó a Penza

Según consignó el portal de noticias Reporte Austral, la Fiscalía de Estado, por instrucción de la gobernadora Fabiana Ríos, apeló el fallo del juez Penza que ordena al Ejecutivo a devolver los descuentos realizados a empleados que realizaron medidas de fuerza. Además, recusó al magistrado por declaraciones que realizó a Radio Nacional de Ushuaia, en las que sostuvo que la apelación del Gobierno no tenía efecto suspensivo de la medida dictada por lo cual debía restituir los descuentos en forma inmediata, lo que a criterio del Gobierno constituyó un "prejuzgamiento" por parte del juez.

El escrito de la Fiscalía sostiene en cambio que el recurso de apelación sí tiene efecto suspensivo y por lo tanto el Ejecutivo no está obligado a devolver las deducciones hasta tanto no haya una sentencia definitiva.

Según Reporte Austral, ahora el expediente quedó en manos de la jueza de Competencia Ampliada Adriana Rapossi, hasta tanto la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones resuelva sobre el pedido de recusación y determine si Penza sigue o no actuando en la causa. Mientras tanto, el Gobierno no hará efectiva la devolución.

"Es un artilugio legal"

En tanto, el dirigente de ATE Juan Vera consideró que el pedido de recusasión de penza es un "artilugio legal" del Gobierno que "no tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia", si no que "acá hay una decisión tomada de buscar la forma de que los compañeros no tengan ningún aliciente para hacer ninguna medida y someternos a la voluntad del Gobierno".

El sindicalista dijo que "es propio del fiscal de Estado hacer esto, primero porque es su función y además tiene elementos suficientes para hacer lo que le parezca, lo que no tiene nada que ver con la justicia del reclamo o el dictamen del juez".

En diálogo con la emisora de Ushuaia FM del Sur, Vera evaluó que "la apelación no tenía efectos suspensivos sobre la sentencia y el Gobierno debería haber devuelto lo que nos quitó". Y agregó: "No solo no lo hicieron sino que se tomaron la atribución de descontar en el mes de mayo a los trabajadores que hicieron quite de colaboración, todo esto no tiene nada que ver con el cumplimiento de la pena".

"El Gobierno tiene una política, a la cual adhiere ahora el Fiscal de Estado, de quebrar la voluntad de los trabajadores. Hay compañeros que no tienen un mango de sus sueldos porque les descontaron todo el sueldo y esto no es más que quitarles la comida a los trabajadores; este es un artilugio legal que no tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia", insistió.

Finalmente, Vera enfatizó que "Penza hizo un planteo muy claro y da las normativas sobre las cuales se basó que no admiten mayor discusión" por lo cual "si el juez no es recusado esperemos que le niegue la apelación al Fiscal por improcedente y se hagan cumplir las leyes, teniendo los funcionarios pagar de su propio peculio los intereses por el no pago del dinero que nos quitaron".

Comentá la nota