Analiza Echegaray una nueva reforma de la Ley Penal Tributaria

El flamante director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en carpeta una reforma de Ley Penal Tributaria que los técnicos de la entidad comenzaron a trabajar durante la gestión de Claudio Moroni. El objetivo es complementar el blanqueo de capitales y la moratoria con medidas más duras para los evasores, de modo de mostrar que la no adhesión al plan del Gobierno podría generar grandes dolores de cabeza para los contribuyentes en situación irregular.
La última reforma a la Ley Penal Tributaria (24.769) se hizo en 2005. La norma establece que los evasores podrán ser reprimidos con prisión de dos a seis años en caso de que hicieran “declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión”, siempre que el monto evadido excediere los 100.000 pesos. Sin embargo, si se considera evasión agravada la pena puede ser de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Este caso responde a la evasión por más de un millón de pesos.

En la entidad reconocieron que a pesar de la creación de los fueros tributarios, el accionar de la Justicia deja mucho que desear en materia impositiva y que parte del magro desempeño en el castigo al evasor se debe a la falta de herramientas legales para llevar a cabo un sistema adecuado de premios y castigos.

En promedio, en los últimos tres años fueron condenadas cerca de 30 personas por delitos impositivos, una cifra escasa en consideración a las estimaciones de evasión de impuestos que llega a 30% de la recaudación sólo en el caso del IVA. Incluso luego de la condena es poco probable que el evasor permanezca detenido. “Es muy difícil probar que hubo intención en la evasión de impuestos”, comentaron desde la AFIP.

La entidad realiza cerca de 45.000 investigaciones por año en materia impositiva y 10.000 en cuestiones aduaneras. Las denuncias penales tributarias llegan a los $ 600.000 millones por año. La reforma de la Ley Penal Tributaria para agravar las penas a los evasores es una de las opciones que tiene Echegaray en carpeta para estimular la adhesión de las empresas al blanqueo, al elevar el riesgo y las penas de sufrir fiscalizaciones en el futuro.

Se espera que antes de fin de mes la AFIP reglamente el blanqueo laboral sancionado por el Congreso que incluye deudas por capital e intereses hasta el 31 de diciembre de 2007. Las empresas presionan para que se incluya también el año pasado, o al menos que se ponga en marcha un plan de facilidades de pago para incorporar los pasivos de 2008.

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