La oposición en la Cámara de Diputados anticipó ayer un amplio apoyo al proyecto de ley del Gobierno que establece la obligatoriedad de los debates presidenciales. El oficialismo pretende emitir dictamen mañana y convertir la iniciativa en ley antes de fines de este mes.

El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, concurrió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para defender el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado. En líneas generales, dispone que el debate sea obligatorio para todos los candidatos que superen las elecciones primarias. Quien no cumpla recibirá como sanción la quita total de los espacios de publicidad audiovisual que el Estado reparte entre las fuerzas políticas durante la campaña electoral.

Ante la ausencia de un candidato al debate, "dichos espacios publicitarios se repartirán de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes. Asimismo, el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes, a fin de denotar su ausencia", establece la iniciativa.

Tanto la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), como Pablo Kosiner (Bloque Peronista) anticiparon su apoyo. La diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) propuso que los debates sean también obligatorios para los candidatos a legisladores nacionales, idea que Pérez respaldó. El kirchnerismo, por su lado, expresó algunas críticas al proyecto en la voz del diputado Marcos Cleri.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (Pro) también debatió el proyecto sobre traspaso presidencial. La iniciativa -también aprobada ya por el Senado- establece que "el período de transición se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea Legislativa y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario". Además, dispone que el jefe de Gabinete entregue al presidente electo un anteproyecto con la información más relevante sobre el estado de la administración.

Sobre este punto, Camaño y Margarita Stolbizer (GEN), como también Juan Brugge (Frente Renovador) plantearon reparos.