El gobernador Sergio Uñac convocará hoy a la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria en la que, entre otros puntos, se tratará la ampliación del procedimiento de Flagrancia en Jáchal e Iglesia. Según fuentes oficiales, la sesión será el 8 o el 15 de febrero y es un hecho que la iniciativa será aprobada, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de marzo.

El mecanismo viene dando resultados positivos en el resto de la provincia, dado que los delincuentes atrapados con las manos en la masa son enjuiciados de manera exprés, por lo que se evita que acumulen causas sin resolución. De esa manera, al tener sentencias, si vuelven a cometer hechos ilícitos van a la cárcel y se elimina la llamada puerta giratoria.

El Ejecutivo además aglutinó un paquete de proyectos en los que sobresale el Pacto Fiscal firmado con la Nación, el fomento a los emprendedores mineros y convenios con departamentos para la construcción de viviendas sociales, entre otros (ver recuadro).

La administración uñaquista le viene poniendo muchas fichas a Flagrancia, sistema que viene dando sus frutos. Desde el 9 de agosto hasta ayer, 382 personas recibieron sentencias, de las cuales, 234 fueron condenatorias (ver cifras). En diciembre, en el Gobierno habían adelantado que presentarían la ampliación a Jáchal e Iglesia en la sesión extraordinaria que se llevará a cabo, cosa que finalmente sucedió. Es que ambos departamentos, que conforman la Segunda Circunscripción Judicial, habían quedado afuera del proyecto inicial. Según explicaron el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, y el fiscal General de la Corte de Justicia, Eduardo Quattropani, la investigación estará en manos del representante del Ministerio Público de Jáchal y un ayudante fiscal. Ante la realización de una medida urgente, como un allanamiento, el pedido podrán hacerlo ante los jueces de Paz de Iglesia o el departamento norteño. Los detenidos bajo el sistema de Flagrancia serán juzgados en los Tribunales de Capital. El primero había señalado en su momento que no se iban a necesitar muchos recursos "por la baja cantidad de delitos que existen y que pueden ser atendidos por el sistema".

En ese marco, el personal policial ya fue capacitado sobre el sistema.

El procedimiento contempla los delitos cuya escala penal no supere los 20 años (como los hurtos, robos, lesiones y resistencia a la autoridad) y sí deja afuera a los ataques sexuales y homicidios. El Gobierno ha dado muestras de su apuesta al mecanismo, al punto de que no ha tenido problemas en hacerle modificaciones y hacerlo flexible y adaptable a las necesidades y circunstancias. En noviembre, por ejemplo, se le introdujo cambios e incorporó más delitos.

Uno de ellos fue la usurpación de terrenos o viviendas, por lo que aquellos que sean descubiertos mientras llevan a cabo esa práctica serán detenidos y juzgados rápidamente. Eso no fue lo único, ya que también se agregaron los hechos por tenencia y portación ilegal de arma de uso civil y de guerra. Pero además y fundamentalmente, también quedó agregado el robo agravado con el uso de arma de fuego apta para el disparo, que había quedado fuera de la primera redacción de la norma.