Amplían el plazo para los jueces que gestionan créditos en la Caja

El beneficio alcanza a los que aspiran a jubilarse con el 82% móvil.
El plazo para que los jueces, fiscales y defensores oficiales que quieran jubilarse con el 82% móvil de sus haberes obtengan un crédito blando de la Caja Popular de Ahorros para cancelar diferencias con la Anses quedó formalmente prorrogado hasta el 31 de mayo.

En el Boletín Oficial de ayer se publicó la Ley 8.152, promulgada el 29 de diciembre pasado, por la cual se amplía el período para que los magistrados gestionen el crédito ante la entidad estatal.

Mecanismo

La norma abarca a los funcionarios judiciales que hayan iniciado su trámite jubilatorio. El Poder Ejecutivo quedó habilitado a suscribir los anexos que resulten necesarios con la Caja para adecuar el mecanismo implementado a las nuevas disposiciones.

La norma modifica el texto original de la Ley 8.060, por la cual se abrió la línea crediticia de $ 3,7 millones, destinada exclusivamente a atender los pedidos de los jueces. Originalmente, el régimen venció en mayo del año pasado, con apenas 25 pedidos recibidos (se insumió la mitad del presupuesto afectado a este objetivo).

Monto de la deuda

El préstamo sólo puede tener como destino el pago de la deuda que cada magistrado haya acumulado por diferencias de aportes jubilatorios, ya que durante 10 años se les descontó el 7% en el desaparecido régimen privado de capitalización, o el 11% si se habían mantenido en el de reparto del Estado.

Los jueces federales y nacionales, a los que quedaron equiparados los tucumanos, efectúan un aporte del 12%.

El monto adeudado surgirá de las declaraciones juradas rectificativas que presentará la Provincia ante la Anses. El plazo de reintegro es de 12 meses, que podrá ser ampliado hasta 10 años a partir de que el juez se jubile efectivamente. La tasa de interés no podrá ser superior a la que pague el Banco de la Nación por depósitos en plazos fijos a 30 días.

Normas faltantes

Entre las leyes sancionadas a fines del año pasado resta todavía la publicación de la modificación de la 8.136 (actualmente suspendido por orden judicial), por la cual se disponía un régimen de designación de magistrados interinos en las vacantes por retiros, ascensos, fallecimientos y destituciones. La reforma abarca en este mecanismo la cobertura de aquellos cargos creados pero nunca puestos en funcionamiento.

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