Amplían la investigación al resto de las obras sociales

Hoy deben informar si operaron con las droguerías sospechosas
El caso de la mafia de los medicamentos ya no es ajeno a ninguna de las obras sociales sindicales: todas ellas deben informar hoy si en los últimos tres años operaron con las droguerías sospechosas de haber suministrado remedios adulterados a pacientes de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA).

El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Ricardo Bellagio, ordenó la medida luego de que el Gobierno decidió la intervención de la obra social de los bancarios, por pedido de la Justicia. El juez Norberto Oyarbide hizo dos allanamientos en la sede de la OSBA y anticipó que citaría al líder del gremio, Juan José Zanola, a declarar como acusado.

Fue también después de conocerse que al menos otras seis obras sociales gremiales habían operado con las droguerías San Javier y Multipharma, ambas propiedad de Néstor Lorenzo, el principal imputado en la causa.

Las obras sociales bajo sospecha son las del Personal de la Actividad del Turf, del Personal Gráfico, de Empleados Municipales de Avellaneda, de Aeronavegantes, de Agentes de Lotería y Afines, y de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Voceros de las dos últimas entidades dijeron a La Nacion que habían operado con San Javier porque era uno de los proveedores autorizados por la SSS, pero afirmaron que habían dejado de hacerlo desde hacía más de un año y que no tenían ninguna denuncia sobre medicamentos falsificados. Desde ayer, 30 auditores de la SSS analizan los registros de esas seis obras sociales para verificar si hubo alguna contratación irregular. El resultado de ese trabajo estará listo la semana próxima, detallaron a La Nacion en la SSS.

Más controles

Tras corroborar que esas instituciones habían comprado medicamentos a San Javier o Multipharma, Bellagio intimó a las casi 300 obras sociales bajo su control a informar entre ayer y hoy cualquier contratación con una de estas dos empresas.

La SSS también requirió al gerente general de la Administración de Programas Especiales (APE), Hugo Sola, para que informara qué obras sociales habían pedido reintegros de fondos por operaciones con esas droguerías. La APE es un organismo que se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas y que se encarga de financiar la atención de pacientes con enfermedades como sida, cáncer y hemofilia. Para recibir reintegros por las prestaciones, las obras sociales deben informar qué medicamentos compraron y a quién.

Bellagio solicitó también que las obras sociales informaran la evolución de los últimos tres años de los pacientes que sufren sida, cáncer o hemofilia, un universo de unas 22.000 personas.

La causa que instruye Oyarbide se inició con una denuncia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que alertó sobre la existencia de medicamentos falsificados. La OSBA quedó en la mira de la Justicia cuando se incorporaron a la investigación de Oyarbide las constancias de un fideicomiso conformado por la obra social y la droguería San Javier. De ese fondo se cobraba Lorenzo los medicamentos que le proveía a OSBA.

La causa de Oyarbide entró en los últimos días en un compás de espera, por un planteo de Zanola para apartar al magistrado. Ayer, el fiscal Luis Comparatore reclamó al juez que determinara si se trataba de un caso de asociación ilícita y que dirimiera si Zanola había sido integrante o líder de esa organización criminal. Solicitó, además, allanamientos a farmacias para determinar si son de Zanola o de allegados al sindicalista.

Ocaña le apuntó a Néstor Kirchner

* La ex ministra de Salud Graciela Ocaña recordó ayer que cuando Néstor Kirchner era presidente la había convocado para "combatir a las corporaciones", pero ?opinó? "al no conseguirlo quedó muy atado a ellas". Dijo que la política se ha reducido a "un toma y daca permanente".

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