Dos amparos en la Justicia contra la siembra en islas de Victoria

Dos amparos en la Justicia contra la siembra en islas de Victoria
Victoria.— Dos amparos ambientales fueron presentados a la Justicia contra la firma holandesa Bema Agri BV para que cese la construcción de terraplenes, siembra y fumigación en unas 10 mil hectáreas de islas ubicadas en el ejido de esta ciudad, entre el río Paraná y los arroyos Estévez y Los Laureles, frente a Villa Constitución.
La primera presentación judicial, que en principio no llevaba un encuadre definido, fue realizada "en calidad de ciudadanos" por los ediles oficialistas Rodrigo Juárez y José Molla, ante el Tribunal Civil y Comercial de Victoria, a cargo de Marisela Faccendini. El trámite, que recorrió los juzgados de Paz, de Instrucción y luego retornó a la instancia civil, fue finalmente caratulado como amparo ambiental, y continúa en curso en Tribunales.

La jueza otorgó tres días para que Bema Agri hiciera su descargo, y en ese plazo la empresa —asistida por cuatro letrados— respondió que el recurso presentado por los ediles es improcedente y aludió a que las normas municipales que prohíben la actividad agrícola en las islas de jurisdicción de Victoria son inconstitucionales.

Mientras tanto, se aguarda la presentación del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a quien la jueza civil dio intervención en el caso. El funcionario tiene plazo hasta mañana para hacer su alegato.

El segundo amparo ambiental contra la firma fue presentado por el Ejecutivo municipal y, si bien aún no hay notificaciones oficiales, trascendió que habría sido desestimado por el juez de Instrucción local, Alejandro Calleja, por considerarlo "extemporáneo". Esto significa que la presentación superó los plazos estipulados para que se considere que existió un daño ambiental. En este sentido, también se conoce que la Asesoría Letrada comunal apelaría este fallo ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Daño continuo. Para el concejal Juárez, este presunto rechazo del Juzgado de Instrucción "sentaría todo un precedente" en el controvertido caso, y consideró que no corresponde declarar la extemporaneidad del recurso del Ejecutivo ya que "el daño ambiental es continuo". "La empresa sigue levantando terraplenes y sigue sembrando. En estos momentos el sorgo está altísimo y en el lugar hay bolsas de silo con la soja cosechada anteriormente", denunció también el edil y abogado.

Además, sobre los sembrados se aplican agroquímicos y hay actas de constatación oficiales que registran testimonios de los lugareños sobre las complicaciones respiratorias y en la piel que sufren a raíz de estas prácticas en particular.

Otro párrafo merece el tratamiento de los bidones contenedores de los herbicidas que, de no ser el adecuado, puede perjudicar seriamente el suelo y el agua. Se conoce que la empresa los deposita en una fosa común y que habría intentado incinerarlos, pero sin éxito.

Millonaria inversión. Bema Agri adquirió en marzo de 2008 poco más de 8 mil hectáreas de islas del ejido victoriense y levantó imponentes terraplenes para proteger sembradíos de oleaginosas. El emprendimiento privado, que habría demandado una inversión de unos 3,5 millones de dólares, se montó sin autorización de la Municipalidad, pese a la existencia de dos normas que prohíben la actividad agrícola en esa zona.

El emprendimiento se erigió ante los ojos del municipio, que no aplicó esas normas y delegó el caso a estamentos provinciales que no contaban con leyes de aplicación al respecto. Hubo intimaciones vanas, pedidos de informes y corrieron tiempos burocráticos que abonaron prolíficos cultivos. Estos florecen pese a que, legalmente, "lo prohibido no puede generar frutos", remató Juárez.

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