Hay dos amparos judiciales contra la suba de gas.

Uno es de una vecina de Junín, mientras que el otro corresponde a Viamonte. Hoy podría haber novedades.
El Juzgado Federal de Junín evalúa dos recursos de amparo para dejar sin efecto las subas de gas de hasta un 300% que comenzaron a llegar en las boletas de los habitantes de nuestra ciudad y la zona.

Una corresponde a la vecina Miriam Beatriz Benedetto, patrocinada por el abogado Claudio Gabrielli, que presentó el lunes 20 de julio el escrito. El otro corresponde a la localidad de Viamonte.

Ambos amparos llegaron al juez Héctor Plou, que admitió a DEMOCRACIA que "es posible" que hoy haya resoluciones. Hasta ahora por lo menos 10 medidas cautelares dictadas por juzgados federales de todo el país suspendieron los incrementos.

Si las resoluciones positivas son una decena, los amparos presentados a lo largo y ancho de la Argentina llegan a la centena. Los argumentos hablan de la supuesta inconstitucio-nalidad de la medida al haber legislado sobre un impuesto vía decreto y no a través del Congreso nacional.

En el caso del recurso de Benedetto al que tuvo acceso a DEMOCRACIA, la medida apunta contra el Estado nacional, el Ente Nacional Regulador de Gas, y "subsidiariamente" contra las empresas Camuzzi Gas del Sur SA y Grupo Servicios Junín SA.

"Esta acción se promueve en tutela de los derechos particulares de la actora en su calidad de usuaria del servicio público de gas natural por redes de esta ciudad de Junín, perjudicada por el incremento de los montos que deberá pagar en sus facturas", explica el escrito.

"La realidad es que las bajas temperaturas y el consiguiente mayor consumo de gas en los hogares han derivado en que un porcentaje muy elevado de la población haya tenido que soportar el incremento desproporcionado e irracional en la facturación, justamente por aplicación de la normativa que se tacha de inconstitucional", acusa.

Argumentos

En ese sentido pronostica un "inminente e irreparable daño que se provocaría con la automática aplicación de la cuestionada normativa", por lo que solicita "se haga lugar a la medida cautelar".

El abogado es duro en sus argumentos. "No se puede entender la legalidad de la norma que se dicta si no encuentra razonabilidad en la medida que dispone, toda vez que los incrementos en las facturaciones, por su magnitud desproporcionada, no superan un análisis elemental que se realice a la luz del sentido común, ni del principio de razonabilidad que debe presidir los actos de la administración", lanza.

"La desproporción resulta tan manifiesta que en períodos en que la cuestionada inflación anunciada por el Estado superó el 7,2% anual, el incremento en la tarifa llega a superar hasta el 100 %, 200 % o más sobre el promedio aplicado hasta el mes de enero del corriente año", evidencia.

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