La polémica resolución 786 del STJ fue recurrida por tres empleadas de maestranza perjudicadas por el cambio de tareas. La cuarta trabajadora quedó amaparada por una cautelar a principio de mes.
Tres damnificadas recurrieron por vía administrativa el cambio de funciones impuesto por la resolución 786/13 -fechada el 6 de noviembre pasado- pero además tramitaron sendas medidas cautelares para suspender los efectos de la medida hasta que se resuelva el planteo de fondo.
La primera en apelar a la vía cautelar fue Gladys Nora Morete que el 4 de diciembre logró que se mantenga su puesto de trabajo y funciones en la Cámara Civil, Comercial y de Minería de Bariloche por la vía cautelar "hasta tanto se resuelva en definitiva el recurso de reconsideración contra ella interpuesto".
Esta semana la Cámara del Trabajo hizo lugar a la acción de amparo solicitada por Rosa López e Irma Lino en similares términos a la cautelar de Morete, y resolvió favorablemente el recurso de no innovar interpuesto por Ida del Valle Mansilla para evitar los eventuales perjuicios derivados de la reasignación de tareas impuesta a las trabajadoras mientras se tramitan los recursos administrativos.
La polémica resolución 786/13 del STJ que ordenó el retorno a funciones de limpieza y cafetería de las cuatro trabajadoras y les impuso cambios de horarios y dependencias laborales fue calificada de "arbitraria y compulsiva" por el gremio Sitrajur que realizó una medida de fuerza con retenciones y movilizaciones sorpresivas durante toda la semana pasada.
Los jueces del Superior rechazaron la crítica sosteniendo que el gremio incurría en falsedad porque las damnificadas tuvieron la oportunidad de rendir un concurso afianzarse en el cargo, bajo advertencia de que deberían volver a su escalafón si no aprobaban, y que eso fue lo que ocurrió.
La Cámara del Trabajo, con la integración especial del juez Héctor Leguizamón Pondal por la excusación que planteó el presidente Juan Lagomarsino, entendió que en el caso de López y Lino se verificaba el carácter verosímil del reclamo por la expectativa cierta que generó el mismo Poder Judicial al permitirles desempeñarse en las funciones administrativas durante 16 y 11 años.
Los jueces Rubén Marigo, Marina Venerandi y Leguizamón Pondal también entendieron que permitir el cambio de tareas mientras se resuelva la cuestión de fondo generaría "por los menos, un agravio moral que torna dicha medida regresiva". Similares argumentos esgrimieron al dictar la acción de no innovar en favor de Mansilla.
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