Un amparo podría impulsar cambios en designaciones de docentes.

La presentación de un amparo de la Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku de Orán contra el Ministerio de Educación podría impulsar cambios en las normativas por las que se hacen designaciones docentes unilateralmente.
La semana pasada el juez de Trabajo Nº 1, Carlos Herrera (que tiene a cargo la demanda), resolvió mediante una cautelar prohibir al Ministerio de Educación "hacer efectivas las resoluciones que en los últimos 30 días pueda haberse dictado en relación a la Escuela Nº 4575 `Paloma de la Libertad` ", a la vez que ordenó impedir que las personas que hayan sido designadas tomen posesión del cargo. Ahora resta resolver la cuestión de fondo, o sea la participación de la comunidad en estas designaciones.

Según lo indicado por miembros de la Comunidad, el problema comenzó hace unos años, cuando la desorganización de la escuela generó malestar en la comunidad. Los padres hicieron los reclamos y recién a fines del año pasado y de sorpresa una supervisora fue a la escuela, confirmando irregularidades, entre las que se contaban docentes con inasistencias injustificadas.

El proceso terminó con el traslado de los docentes sumariados, y el alejamiento de los no docentes que trabajaban en el establecimiento.

Tras ello, el Ministerio designó a otros educadores que tienen carácter de titulares, y que por su condición desplazaron a tres docentes interinos que viven en la comunidad y que se venían desenvolviendo en el establecimiento. Frente a los nombramientos la Comunidad hizo los reclamos por no haberse consultado sobre las designaciones, en tanto entienden que los educadores que van a trabajar no adecuan los programas y las clases a la cultura indígena. Según lo indicaron, funcionarios les dijeron que las designaciones quedaban exclusivamente a cargo de Educación, dado que eso indicaban las normativas.

Frente a este argumento en el amparo se pidió que ordene al Ministerio que en futuras designaciones se cumpla con la correspondiente "participación" en estas decisiones "conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional - Reforma año 1.994-, artículo 15 de la Constitución Provincial y Convenio OIT Nº 169 ratificado por el Estado Argentino".

Agresión a la cultura

Entre los fundamentos del amparo la Comunidad, representada por el abogado Luis Zavaleta, ejemplificó que los chicos aprenden de libros que "contienen fotos de señoras altas, rubias, de cuerpos afinados, vestidas a la última moda de la sociedad no indígena, todo lo cual nada tiene que ver con la apariencia de las madres de la zona". Entendieron que esto constituye una "agresión" a los pueblos originarios y a la vez es prueba de la falta de consideración del Estado al momento de pensar en la participación de la Comunidad.

Se entendió que al vulnerar un derecho incluido en la Constitución y en los tratados internacionales "el Estado Local ha incurrido en una morosidad absoluta...toda vez que nunca ha reconocido el derecho de los pueblos citados en el convenio a crear sus propias instituciones y medios de educación, pretendiendo mantener una paternidad que sobre el particular ha caducado".

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