Un amparo exige al I.P.S.S. proveer de un medicamento comercial

La Corte de Justicia hizo lugar a la apelación presentada oportunamente por Elsa del Carmen Guiñez, resolviendo que el Instituto Provincial de la Salud de Salta provea de un medicamento por el nombre comercial no el genérico, revirtiendo la determinación que existía en primera instancia.
De esta manera la obra social debe proveer y reconocer el medicamento tal como lo solicita el médico del paciente, que es discapacitado con epilepsia, entendiendo, se notificó oportunamente sobre las dificultades que el genérico causaba en la enfermedad y que no se habían tenido en cuenta.

Los jueces Guillermo A. Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Gustavo Adolfo Ferraris y María Cristina Garros Martínez,( Ayala votó en contra), estuvieron de acuerdo a la hora del fallo que reconoció el derecho de la parte actora a la cobertura del monto total de los medicamentos autorizados, con recursos de apelación la Sra. Asesora de Incapaces y el apoderado del I.P.S.S.

La jueza del amparo que había dictaminado en su momento, la provisión de la monodroga no tuvo en cuenta la declaración de la médica tratante del afiliado, relativa a los efectos adversos que la ingesta de esas sustancias produce en la salud del enfermo, a quien variaba su calidad de vida.

Por su parte, el Instituto Provincial de Salud de Salta entiende que el fallo violenta el principio de no contradicción por cuanto luego de argumentar a favor del rechazo de la demanda, la recibe parcialmente. En este aspecto, niega que la Provincia de Salta se encuentre adherida a la ley nacional 24901, de discapacidad. Por tal motivo, desconoce la obligación legal de cubrir el costo total de los tratamientos psicofarmacológicos.

Los jueces plantearon además la necesidad de que la acción de amparo es un resguardo a las competencias para una efectiva protección de derechos, por lo tanto no es un impedimento de acudir en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando son amenazados o lesionados en forma arbitraria y manifiesta por actos de la autoridad pública o de un particular.

Más adelante los magistrados hacen un reconocimiento sobre lo que es ser un afiliado forzoso al I.P.S.S., teniendo en cuenta que padece de una discapacidad, retraso mental moderado y epilepsia, en relación a la decisión de la juez "a quo" de negar la provisión de la medicación requerida por la médica tratante ya que apareja la grave consecuencia de priorizar un trámite administrativo a la salud del enfermo. Con derechos sociales prestacionales que obliga a dar o hacer.

Luego se hace referencia a que por más que la Provincia no adhiere a la Ley sobre discapacidad, esta en la Constitución Nacional el derecho a la salud y a la vida.

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