El amparo contra la suba del gas, en la Justicia.

Una ciudadana se convirtió en la primera en reclamarle al Estado por los aumentos en Junín. Los detalles del escrito.
Miriam Beatriz Benedetto es desde ayer la representante de la bronca de miles de juninenses. Es que ella fue la primera en presentar una medida cautelar por los importantísimos aumentos de gas que sufrieron muchos vecinos de nuestra ciudad.

Patrocinada por el abogado Claudio Gabrielli, Be-nedetto elevó el recurso de amparo en la Justicia para que se deje sin efecto el incremento que llegó en las boletas de Grupo Junín.

La medida apunta contra el Estado nacional, el Ente Nacional Regulador de Gas, y "subsidiariamente" contra las empresas Camuzzi Gas del Sur SA y Grupo Servicios Junín SA. En el escrito reclama que se "declare la in-constitucionalidad por ilegitimidad manifiesta".

También desarrolla el porqué de la medida. "Esta acción se promueve en tutela de los derechos particulares de la actora en su calidad de usuaria del servicio público de gas natural por redes de esta ciudad de Junín, perjudicada por el incremento de los montos que deberá pagar en sus facturas", explica el escrito.

"La realidad es que las bajas temperaturas y el consiguiente mayor consumo de gas en los hogares han derivado en que un porcentaje muy elevado de la población haya tenido que soportar el incremento desproporcionado e irracional en la facturación, justamente por aplicación de la normativa que se tacha de inconstitucional", acusa.

Argumentos

En ese sentido, pronostica un "inminente e irreparable daño que se provocaría con la automática aplicación de la cuestionada normativa", por lo que solicita "se haga lugar a la medida cautelar".

El abogado es duro en sus argumentos. "No se puede entender la legalidad de la norma que se dicta si no encuentra razonabilidad en la medida que dispone, toda vez que los incrementos en las facturaciones, por su magnitud desproporcionada, no superan un análisis elemental que se realice a la luz del sentido común, ni del principio de razonabilidad que debe presidir los actos de la administración", lanza.

"La desproporción resulta tan manifiesta que en períodos en que la cuestionada inflación anunciada por el Estado superó el 7,2% anual, el incremento en la tarifa llega a superar hasta el 100 %, 200 % o más sobre el promedio aplicado hasta el mes de enero del corriente año", evidencia.

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