Amparo contra la jubilación compulsiva

Los amparistas piden que se frene la aplicación de decreto porque entienden que no respeta normas superiores. Invocan la estabilidad laboral de la que gozan los empleados públicos.
A través de una acción de amparo, un grupo de docentes -a los que podrían sumarse más adherentes- solicitó a la Justicia que dicte la medida de no innovar y, por tanto, frene la aplicación del decreto 255/09 por el que el Gobierno provincial obliga a jubilarse a todos los agentes públicos y docentes que, contando con los años de servicio y la edad establecida por ley, estén en condiciones de hacerlo.

La acción de amparo -instrumento legal que demanda una respuesta inmediata de parte de la Justicia- presentada por el abogado Juan Carlos Giménez Pagés en representación de un grupo de docentes de SUTECA, entre ellos Juan Godoy, pide que se frene la aplicación del decreto que obliga al retiro jubilatorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, relacionada con la legalidad y constitucionalidad de la norma dispuesta por el Gobernador.

El amparo fue presentado ayer al mediodía ante el Juzgado de Garantías a cargo de Ramón Porfirio Acuña y ataca el decreto oficial invocando el derecho de propiedad y el derecho al trabajo, reconocidos constitucionalmente y las garantías de estabilidad laboral que les caben a los empleados públicos, según la ley provincial 3.276 del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial.

El ataque legal mediante el argumento de la estabilidad laboral de la que gozan los empleados públicos se debe a que el decreto del Gobernador advierte que aquellos trabajadores que están en condiciones de acogerse al decreto y no lo hagan en 90 días serán dejados cesantes.

Según precisó el abogado patrocinador del amparo, el artículo 18 de la ley 3.276 establece que la estabilidad laboral sólo se pierde por haber alcanzado el agente una edad superior en dos años a la mínima establecida para la jubilación ordinaria. Con ese argumento, los amparistas pretenden frenar la aplicación del decreto y permitir que las personas que tengan la edad justa para el retiro (60 en mujeres y 65 en hombres) puedan gozar por dos años más de la estabilidad laboral garantizada por ley.

Preeminencias

La presentación realizada por los docentes entiende además que "el decreto viola el orden republicano que establece la supremacía entre las leyes" y que asegura la preeminencia de la Constitución Nacional, en primer término, la Constitución Provincial y las leyes antes que la de un decreto.

Giménez Pagés consideró que, en caso de que el amparo obtenga una respuesta favorable a sus representantes, podría ser aplicable para todos los agentes que se vean involucrados en el decreto oficial.

El decreto establece que todos los empleados públicos que cumplen los requisitos para jubilarse, conforme a las leyes nacionales 24.241 y 24.061, deberán iniciar los trámites para retirarse de la administración pública provincial. El plazo para iniciar las gestiones es de 90 días hábiles. Caso contrario, los agentes quedarán cesantes en los cargos que ocupan.

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