Amparo Colectivo Aumento del gas

El proyecto de Resolución es autoría del concejal Sergio Bocanera de la UCR, aunque los bloques del Concejo resolverán este jueves, si realizan un acuerdo ad referéndum de la próxima sesión o hacemos un acuerdo de bloques para aprobarlo.
El departamento Ejecutivo deberá hacer efectivos los derechos de los consumidores a través de un recurso de amparo colectivo, conforme resulta legitimado para representar la defensa de intereses de incidencia colectiva, previstos en la ley 24.240, violentados por el Decreto 2067/08 del PEN.

El Concejal Sergio Bocanera autor del Proyecto comentó "Los usuarios del servicio de gas natural hemos recibidos las facturas de los consumos residenciales correspondientes, con abultados aumentos producto de los "cargos tarifarios" emanados de la firma por parte del Poder Ejecutivo Nacional del Decreto 2067/2008 de fecha 27 de Noviembre de 2008".

Este decreto tiene la finalidad de crear un Fondo Fiduciario integrado entre otros por "cargos tarifarios" que pagarán los usuarios para atender las erogaciones producidas por las importaciones de gas natural para satisfacer la demanda nacional. Facultando al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con la asistencia del ENARGAS, a fijar el valor de los cargos y ajustarlos en la medida que resulte necesario a fin de atender el pago y/o repago de las importaciones de gas natural.

Por su parte el Ministerio de Planificación reglamentó el Fondo Fiduciario creado por Decreto 2067/08 con la Resolución 1451/2008.

Es decir el Poder Ejecutivo Nacional a través de un Decreto, ha introducido en las facturas de los usuarios un cargo adicional denominado "cargo tarifario" que no es más que una creación de un tributo por cada metro cúbico de gas consumido por los usuarios residenciales que tiene el carácter de un impuesto. Atribución que de acuerdo a la Constitución Nacional no es de su competencia. Sino que es de competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Los artículos 76 y 29 de la Carta Magna prohíben la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, según lo enunciado claramente surge la violación de los derechos del consumidor, y la inconstitucionalidad del Decreto.

Bocanera dijo "Por estos días hemos recibidos a innumerables vecinos, que además se dirigían a los medios de comunicación comentando y que exhibiendo sus facturas de gas, manifestaban su desconcierto por lo abusivo de los aumentos que algunos casos cuadruplicaba el monto a pagar. Con imposibilidad de afrontar el pago por carecer de recursos para afrontar exorbitantes facturaciones, en varios casos".

"Coincidentemente con las abultadas facturas, se dan las más bajas temperaturas del año, con la consecuente preocupación, y estado de indefensión de los usuarios. Quienes resultan extremadamente perjudicados por el tarifazo. Cabe destacar que los aumentos afectan a los usuarios que consumen más de 700 m3 anuales, los cuales son superados fácilmente por hogares que poseen una cocina, calefón, y un calefactor".

Acciones llevadas a cabo.

Varias han sido las acciones de distintos estamentos del estado para lograr anular o morigerar estos aumentos. En el Congreso de la Nación se ha presentado un Proyecto de Ley por la derogación del Decreto del PEN Nº 2067/08 que dio origen a los aumentos.

El Defensor del Pueblo de la Nación promovió acciones judiciales cuestionando las medidas, reclamando se declare la nulidad, por ilegítimas, de las resoluciones que dieron lugar a las facturaciones con adicionales en las tarifas de gas. En un documento presentado por el Area de Usuarios, Obras y Servicios Públicos de la Dirección de Derechos económicos de la Defensoría Nacional, se señaló que " la aplicación de tales normas derivaron en desmesurados aumentos en los valores de las facturas de los servicios de electricidad y gas, arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en nuestra Constitucional Nacional".

Distintos Defensores del Pueblo de varios municipios y gobiernos provinciales han presentado recursos de amparos colectivos ante la justicia federal, quien ya ha dictado 8 fallos que rechazan el cargo tarifario de manera cautelar, habilitando a los usuarios a pagar las facturas de servicios de gas natural pero excluyendo el cargo cuestionado. En los últimos días se han multiplicado las presentaciones judiciales que se están presentando en distintos Juzgados Federales del país.

En este sentido, y apelando a lo establecido por la Ley 24.240 en sus artículos 52, 64, ss y ccs. El Poder Ejecutivo Municipal está facultado para hacer efectivos los derechos de los consumidores del Partido de Pergamino, a través de un recurso de amparo colectivo, conforme resultar legitimado para representar la defensa de intereses de incidencia colectiva.

El proyecto de resolución prevee:

Artículo 1: El Departamento Ejecutivo ejercerá como lo faculta la Ley 24.240 Defensa del Consumidor, Articulo 64, la autoridad de aplicación de la mencionada ley, representando a los consumidores y defendiendo sus derechos conforme lo faculta para representar intereses de incidencia colectiva presentando un recurso de amparo.

Artículo 2: El Departamento Ejecutivo presentará un recurso de amparo colectivo, para que la distribuidora Litoral Gas S.A se abstenga de efectuar cortes en el suministro de gas natural, motivado por la falta de pago de las facturas que contengan el aumento emitidos en los comprobantes productos del Decreto 2067/2008, Resolución del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación Nº 1451/2008 y Resolución dictada por el ENARGAS 536/2008.

Artículo 3: El Departamento Ejecutivo incluirá en la presentación dispuesta en el artículo precedente, la aceptación por parte de Litoral Gas S.A, del pago de la factura del servicio excluyendo de la misma los cargos derivados del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2067/2008 en el caso de las facturas ya emitidas.

Articulo 4: El Departamento Ejecutivo incluirá en la presentación judicial una solicitud de refacturación de los consumos abonados por los usuarios, excluyendo los instrumentos referenciados en los artículos anteriores de la presente.

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