"Amparo ambiental" para proteger a los glaciares

"Amparo ambiental" para proteger a los glaciares
Una asociación civil realizó el pedido ante la Corte contra el veto presidencial a la Ley de Presupuestos Mínimos. Comunicado de Barrick Gold.
La asociación civil Diálogo por el Ambiente realizó este jueves una presentación ante la Corte Suprema para pedir un "amparo ambiental" que ponga freno a un proyecto de extracción minera en la frontera argentino-chilena, tras "el vacío legal" que dejó el veto a la ley para la protección de los glaciares.

"El objetivo es frenar las obras de Pascua Lama porque amenaza provocar daños irreparables a los glaciares cordilleranos y contaminar los recursos hídricos", advirtió el diputado nacional Miguel Bonasso en los tribunales.

El legislador, junto con el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, se presentaron para sumarse al reclamo interpuesto ante el máximo tribunal por la asociación civil Diálogo por el Ambiente.

Bonasso, otrora aliado del kirchnerismo, acusó a la presidenta Cristina Fernández de vetar la ley de glaciares para "no desactivar" las actividades de la mina de oro Pascua Lama, en San Juan, con el argumento de "proteger fuentes de trabajo".

El emprendimiento minero a cielo abierto, adjudicado a la empresa canadiense Barrick Gold, se pondrá en marcha en 2013 a más de 4.000 metros de altura, en plena Cordillera de los Andes, después de un acuerdo bilateral suscripto entre Argentina y Chile.

Este martes, la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable efectuó una presentación similar para que el Gobierno "se abstenga de autorizar cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares".

La agrupación ambientalista argumentó que reclama con ese recurso una medida cautelar de "no innovar", ante el "vacío legal" que dejó el veto presidencial de la norma que protegía a los hielos cordilleranos.

La asociación ecologista adujo además la "demora" de la primera mandataria en enviar al Congreso un proyecto de ley en este sentido y la "preocupación" que generó en agrupaciones ambientalistas el anuncio oficial de inicio de actividades de la mina Pascua Lama.

En esa presentación, los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, apoderados de la ONG, denunciaron al gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en no sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".

Ahora, Bonasso e Ibarra adhirieron al nuevo reclamo, dirigido "contra el veto presidencial a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los glaciares y del ambiente periglaciar", según explicó el presidente la asociación civil Diálogo por el Ambiente, Emiliano Luaces.

En noviembre, la presidenta vetó la ley 26.418 de protección de los glaciares, que el Congreso había sancionado por amplia mayoría el 22 de octubre pasado. A través del decreto 1.837/8, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, la jefa de Estado rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de glaciares, un 75 por ciento de la reserva hídrica del país.

La ley prohibía además en los hielos y en su entorno la realización de actividades que pudieran afectar su condición natural, implicaran su destrucción o traslado, o interfiriesen en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera.

El 7 de mayo último, el gobierno nacional anunció el inicio de la construcción del proyecto binacional minero Pascua Lama, con una inversión estimada en unos 3 mil millones de dólares, en la provincia de San Juan, en el límite de Argentina y Chile, a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold.

LA BARRICK RESPONDE. A última hora de este jueves, la empresa minera emitió un comunicado en el que su vicepresidente de asuntos corporativos en Sudamérica, Rodrigo Jiménez, afirmó que "las actividades de construcción y operación de Pascua Lama no removerán, destruirán, ni intervendrán glaciares cordilleranos ni en territorio argentino ni chileno".

"Esto ha sido una condición establecida por las autoridades ambientales de ambos países tras sendos procesos de evaluación y aprobación ambientales que actualmente se consideran dentro de los más rigurosos que se hayan hecho a ambos lados de la cordillera", consignó Jiménez.

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