Amigos del poder hacen negocios con el ordenamiento de bosques

Con desmontes ilegales, multas irrisorias y recategorizaciones discrecionales se armó la fiesta inmobiliaria con la ley Bonnaso.

El gobernador Juan Manuel Urtubey asumió en diciembre de 2007 con carteles de Greenpeace colgados en los despachos del Ministerio de Ambiente y apuró, en diciembre de 2008, el primer ordenamiento territorial del país ajustado a la ley de bosques 26.331.

Hoy es la organización ambientalista la que cuelga carteles en dependencias públicas para sugerir que el Gobierno de Salta usó la ley nacional de bosques de inodoro.

En mayo de este año, la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió un informe en el que marcó serias irregularidades en la aplicación de la llamada ley Bonasso en la provincia. El documento, de 201 páginas, advierte sobre la deforestación de más de 126 mil hectáreas que en el ordenamiento territorial de bosques de Salta habían sido pintadas de rojo y amarillo. Ello, en teoría, prohibía desmontarlas por su mediano a alto valor de conservación.

Sin embargo, no fueron los fundados cuestionamientos de la AGN, sino la viralización de la imagen del primer mandatario salteño sobre un inodoro, lo que generó la impulsiva reacción oficialista.

En esa parodia de Greenpeace, replicada en las redes sociales y en los grandes medios de comunicación del país, Urtubey vio prácticamente sepultadas sus aspiraciones presidenciales. Para minimizar los daños de la campaña de Greenpeace, el Ministerio de Ambiente de la Provincia invitó a esa organización a negociar nuevas pautas de ordenamiento territorial y de recategorización predial.

En estos días se publicará en el Boletín Oficial la resolución que suspende las revisiones prediales, mientras arrecian cuestionamientos y sospechas de amiguismo y hasta coimas.

Con las presuntas recategorizaciones a medida y con desmontes ilegales que la cartera de Ambiente favoreció con vistas gordas, intervenciones tardías, sumarios complacientes y multas irrelevantes, funcionarios, intendentes, legisladores de distintos departamentos y empresas ungidas por el Gobierno se hicieron una fiesta inmobiliaria.

Ellos, a diferencia de muchos que se sienten "entenados" del mapa tricolor y de las prohibiciones que mantuvo la Corte Suprema desde marzo de 2009 hasta diciembre de 2011, tuvieron vía libre para convertir devaluadas tierras pintadas de rojo y amarillo en campos agrícolas y ganaderos de incalculable valor de mercado.

En este contexto, entidades rurales de la provincia ven que la respuesta oficial a la movida de Greenpeace acentuará la inseguridad jurídica, ya que expedientes de revisión predial tramitados desde hace dos, tres y hasta cuatros años seguirían cajoneados hasta 2016.

Esta nueva restricción, aseguran productores de San Martín, Orán, Rivadavia y Anta, profundizará los desmontes ilegales en todo el Chaco salteño, donde amigos del poder amasaron fortunas desde 2008 con negocios inmobiliarios.

No solo organizaciones ambientalistas, sino también organismos nacionales como la AGN, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal del sector notaron que en Salta, desde la aprobación del ordenamiento territorial hasta fines de 2013, se deforestaron más de 400.000 hectáreas.

Imágenes satelitales procesadas por la Facultad de Agronomía de la UBA revelaron que, de esa superficie desmontada, 126.000 hectáreas se correspondían con áreas pintadas de rojo y amarillo.

La AGN observó en Salta una "baja efectividad en las herramientas de gestión" de la ley de bosques. El organismo también recogió reclamos de comunidades aborígenes y campesinas por desmontes que se hicieron sin audiencia pública. "Si bien la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha recibido denuncias de los damnificados, no se verifican acciones efectivas tendientes a resolver las irregularidades", expuso la AGN en el crítico informe donde, además, hizo notar deficientes giros, usos y rendiciones de los fondos que llegaron a Salta entre 2010 y 2013 por la ley de bosques. En este informe periodístico, El Tribuno expone algunos casos testigo, que incluyen hasta apropiaciones de tierras públicas y privadas.

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