Amigo de la casa K colgó la gorra y asumió como fiscal

Juan Antonio Chan pasó de ser el jefe de la Federal en Santa Cruz a titular de la Fiscalía 2. El mapa judicial K sumó un bastión clave.
La Fiscalía Penal Nº 2 de Santa Cruz conservaba hasta hace poco cierta magia: su jefe, el fiscal Andrés Vivanco, mantenía la necesaria distancia de las fuertes influencias K que recorren este territorio patagónico.

Desde la segunda reforma de la Constitución provincial impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner, el Poder Judicial santacruceño cayó a sus pies. Ahora, la salida de Vivanco (se jubiló para seguir ejerciendo como abogado en la capital provincial) le dio un nuevo triunfo.

El 8 de noviembre último, en sin bombos ni platillos, el abogado Juan Antonio Chan ocupó la oficina de Vivanco. El hombre de apellido onomatopéyico era hasta entonces el jefe de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina.

Algunas líneas sueltas en el portal Magnamedia —del grupo de empresas controladas por el constructor, empresario inmobiliario y socio de Néstor Lázaro Báez— dejaron constancia de la asunción del nuevo fiscal Chan. Una repercusión modesta si se la contrasta los bombos y platillos que tronaron cuando arribó a Santa Cruz como jefe de la Policía o con los centímetros que ocuparon en los diarios locales los detalles de sus magnánimos procedimientos antidroga.

De su desempeño como jefe de los federales se volvió a saber cuando declaró que tenía el "control operacional del área" donde los docentes festejaron con un carnaval de harina y huevos la presencia de la ministra de Desarrollo y Acción Social Alicia Kirchner en los calientes días del conflicto social del 2007.

POLIRUBRO CHAN. Para diciembre de aquel año y sin abandonar su puesto policial, el comisario Chan creó una empresa de seguridad y vigilancia. La escritura 660 lleva fecha del 4 de Diciembre de 2007 y su publicación en el Boletín Oficial corresponde al 14 de Febrero.

Su socio a cuotas partes iguales en Seguridad Patagónica S.A. es Guillermo Esteban Polke, un hombre vinculado a la policía y empresario poco exitoso. El “objeto social” de la compañía, según Chan y Polke, fue el de "realizar servicios de seguridad, vigilancia e investigaciones privadas; compraventa, locación, consignación, instalación y distribución de sistemas y aparatos de electrónicos de seguridad y/o comunicaciones; servicio de monitoreo; servicios de acuda; custodia y traslado de valores; custodia de mercadería en tránsito; servicios de seguridad personal”, un abanico de rubros.

Sin una ley que regulara esa actividad, la empresa contenía algunas contradicciones como por ejemplo no cumplir con un exiguo decreto que exigía que estuviera integrada por personal “en retiro” de fuerzas armadas o de seguridad. Chan estaba, por entonces, más activo que nunca. Seguridad Patagónica comenzó a trabajar con clientela ABC1: las empresas del grupo Báez y el supermercado Carrefour, entre ellos.

Otra de las leyes estancadas en el cajón de las promesas de campaña del gobernador Daniel Peralta es la de Ética y Transparencia en la función pública. La normativa que espera ser tratada establece en su artículo 7º que "aquellos funcionarios, cuyo acceso a la función pública no sea resultado directo del sufragio universal, incluirán en la Declaración Jurada sus antecedentes laborales durante los tres (3) años anteriores a la asunción de su cargo, al solo efecto de facilitar un mejor control de los posibles conflictos de intereses que puedan plantearse."

El artículo 6 se explaya en los contenidos que debe tener la declaración jurada: "Una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país”.

Como la ley no está aprobada sólo queda confiar en la ética del funcionario en cuestión para que su declaración, además de jurada sea verdadera. Mientras tanto, será el fiscal Chan quien tendrá a su cargo las denuncias relacionadas con el mundo empresarial. A buen entendedor, pocas palabras. El socio Polke, por lo pronto, es vicepresidente de la Cámara de Comercio y la Federación Económica.

Además, Chan heredó de Vivanco la causa en que son investigadas las circunstancias en la que murió Amanda Spagnoli, una operaria oriunda del norte del país que Austral Construcciones —la empresa Báez— puso como aprendiz de una máquina compactadora. El aparato no tenía rejilla de seguridad y la mujer cayó y fue triturada.

El procedimiento policial contrarió todas las reglamentaciones y la causa navegó a la deriva durante meses por "la falta de peritos mecánicos en la provincia". Las relaciones del nuevo fiscal con Lázaro Báez no aparecen en documentos públicos pero no es un secreto. Las fuentes consultadas por Crítica Santa Cruz bromearon: "Sólo falta que Lázaro se compre un título de Abogado y se nombre Juez".

Como muestra de las buenas relaciones, para el aniversario de la Policía Federal local, Austral Construcciones le entregó a Chan una plaqueta de reconocimiento de su paso por la institución, en tanto la tropa fue meritoria de la placa “A la eficiencia”. El Diario Prensa Libre, también de Báez, le entregó a la policía el premio a “Mejor Compañero” y la Consultora Magna (¿Adivine de quién es? Sí, de Báez) entregó la distinción por “Labor destacada”.

Al comienzo de la Feria judicial, las consultas a los legajos del Registro Público de Comercio mostraban que el nuevo fiscal seguía siendo el propietario de una agencia de seguridad y vigilancia habilitada para "realizar servicios de seguridad, vigilancia e investigaciones privadas", un jugoso poder en manos de un funcionario público con poder de investigar.

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