Amenazan a Ocaña y sospechan de su propia custodia policial

"Decile a la gorda que se deje de joder, sino la vamos a matar", le dijeron.
Decile a la gorda que se deje de joder porque sino la vamos a matar", dijo una voz masculina al celular de la interventora de la dirección de Sanidad y Control de Fronteras del Ministerio de Salud, Ana Talco. La "gorda" es la ministra, Graciela Ocaña, y la "joda" son las investigaciones sobre la venta de remedios robados al Estado o adulterados que realiza "la mafia de los medicamentos".

Estas amenazas (todas del mismo tenor) comenzaron en septiempre y siguieron hasta la semana pasada, cuando Ocaña empezó a resistir una operación política muy fuerte de parte de sectores ultrakirchneristas, sindicalistas y empresarios vinculados al negocio de la salud que presionan por su renuncia.

A la tercera amenaza, Ocaña hizo dos cosas. Por un lado, radicó una denuncia ante el juez federal Julián Ercolini. Este dispuso la intervención de los teléfonos de Talco y un cruce de llamadas. Así se descubrió que dos de las llamadas fueron hechas desde teléfonos semipúblicos ubicados en un maxikiosco y un supermercado chino ubicados a la vuelta del Ministerio de Salud, sobre la calle Moreno, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La tercera llamada amenazante está casi superpuesta con la de uno de sus custodios de la Policía Federal. Por eso el juez, dispuso una pericia para determinar si la amenaza provino del celular de ese policía o de los teléfonos semipúblicos de esos negocios.

Por otro lado, Ocaña le contó el viernes de la semana pasada lo de las amenazas recibidas a la presidenta Cristina Kirchner. Inmediatamente, la presidenta le dio todo su respaldo y luego ordenó al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que reforzara la custodia de Ocaña. Minutos después la llamó Fernández para ponerse a su disposición.

Para sorpresa de Ocaña, ese viernes a la noche bajó del segundo piso del edificio de la 9 de Julio y Moreno, donde funciona su ministerio, y quien la esperaba en el auto para llevarla a su casa en el conurbano era el mismo policía sospechado de haber hecho la llamada amenazante.

Además, Ocaña pidió custodia policial para los inspectores del Registro de Fiscalización y Control que desde principios de años andan controlando farmacias y droguerías, varias de ellas que hicieron negocios con el asesinado empresario Sebastián Forza. Como gesto de apoyo, Ocaña reunió en su despacho a unos 50 inspectores para contarles que gozaban del apoyo de Cristina.

Fue porque directivos de droguerías amenazaron a los inspectores en sus recorridas, mientras uno de los abogados de planta del ministerio apareció facturándole a una droguería que debía controlar.

En medio de este clima enrarecido, Ocaña revocó una autorización que el ex superintendente del servicio de salud, Héctor Capaccioli, le había dado a la obra social bancaria para hacer un fideicomiso en el que figura como proveedor de remedios, la droguería San Javier que dirige Néstor Lorenzo, el empresario al que la Justicia le secuestró recibos de aportes a la campaña de Cristina por casi un millón de pesos, pese a que no figura como aportante.

Comentá la nota